La difusión de imágenes de 528 soldados y policías en poder de las FARC y el posible canje por unos 300 guerrilleros en prisión reactivó el debate sobre el respeto del derecho humanitario y el estatuto de beligerancia que pretende ese grupo rebelde.
En un vídeo emitido por el canal privado de televisión Caracol aparecen miembros de las fuerzas de seguridad retenidos por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) detrás de un cerco de alambre de púas.
El material, entregado por dos familiares de soldados retenidos que estuvieron en el campamento guerrillero, muestra a uno de los prisioneros quejarse «por no tener cosas fundamentales para sobrevivir con dignidad» y pide al gobierno acuerdos para recuperar la libertad perdida hace dos años.
La difusión de esta filmación el día 6 volvió a agitar el debate sobre las negociaciones de paz y dio paso a voces de censura del alto mando militar y de sectores del gobierno, que calificaron el hecho de violación de las normas del derecho internacional humanitario.
El delegado en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Kompass, intervino en la polémica al recordar que «toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratada humanamente».
Kompass exhortó a la guerrilla a permitir el acceso de la Cruz Roja Internacional a los lugares en que «se encuentren personas privadas de la libertad en relación al conflicto».
Por su parte, el presidente Andrés Pastrana señaló que el canje de rehenes por insurgentes «debe tratarse en la mesa de negociaciones», pero puso como condición previa la entrega a las autoridades del insurgente Arnobio Ramos.
Este guerrillero se refugió en septiembre en la zona desmilitarizada de San Vicente del Caguán, luego de secuestrar por unas horas el avión comercial en el que era trasladado de Bogotá a Neiva, en el centro del país, para cumplir una diligencia judicial.
Las FARC, primera fuerza rebelde del país, respondieron la semana pasada a la posición presidencial con una sorpresiva propuesta de liberar a uno de los retenidos, el coronel de la policía Alvaro Acosta, a cambio de no entregar a la justicia a Ramos.
Acosta, de 40 años, se encuentra en delicado estado de salud luego de que fuera capturado por la guerrilla en el departamento del Valle, en el oeste de Colombia, tras haber sido derribado el helicóptero en que se movilizaba.
Joaquín Gómez, uno de los jefes de las FARC, dijo que la liberación de Acosta sería «un acto humanitario que permitiría reactivar las negociaciones», congeladas por el condicionamiento del gobierno de que Ramos sea entregado a la justicia.
La propuesta de cambiar a Acosta por Ramos fue interpretada por algunos analistas como un canje de prisioneros, más que un acto humanitario, y de concretarse implicaría el reconocimiento del estatuto de beligerancia para los rebeldes.
Los críticos de la propuesta de las FARC entienden que no pueden categorizar a los policías y militares como «prisioneros de guerra, pues jurídicamente no se trata de un conflicto internacional sino de una confrontación armada interna».
Como alternativa al planteo de la guerrilla, un grupo de congresistas presentó el miércoles 11 un proyecto que concede al presidente Pastrana facultades especiales para realizar un «intercambio humanitario».
El senador Juan Ospina, del opositor Partido Liberal (PL) y uno de los autores del proyecto, comentó que un eventual acuerdo con las FARC no puede implicar el canje de prisioneros, porque en el derecho de guerra ese tipo de negociaciones sólo es posible entre Estados y este grupo guerrillero no tiene ese estatuto.
En tanto, Luis Valencia, analista de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que el proyecto legislativo es positivo porque podría dar paso a un acuerdo humanitario más amplio, que implique la suspensión de los secuestros y de otras acciones que afectan a la población civil.
Datos de organizaciones de derechos humanos señalan que cada año los grupos armados irregulares secuestran unas 700 personas en Colombia, con el fin de obtener recursos financieros o presionar medidas políticas.
La guerra civil también deja como saldo anual la muerte de unas 1.200 personas ajenas al conflicto.
Otra alternativa a estudio del gobierno para resolver el tema de los rehenes es acudir a la declaratoria del «estado de conmoción interior», una de las tres categorías en que está graduado en este país el Estado de Sitio.
Esa declaratoria le otorga facultades especiales a la Presidencia para actuar en casos de grave alteración del orden público, lo cual podría viabilizar la aplicación de normas que facilitaran un acuerdo humanitario.
No obstante, Valencia opinó que la declaratoria del estado de conmoción interior está sujeta a la ratificación de la Corte Constitucional (que tutela el cumplimiento de la carta política), que podría considerar que el caso de los prisioneros no constituye un problema grave de alteración del orden público.
Una última posibilidad que tiene a consideración el gobierno es la entrega de guerrilleros presos al Comité Internacional de la Cruz Roja para que sean llevados a un país neutral junto a los rehenes en poder de las FARC mientras se alcanza un acuerdo definitivo.
Esta medida tendría un rápido andamiento, ya que fue propuesta originalmente por la guerrilla en mayo. (FIN/IPS/yf/dm/ip hd/00
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