La firma maderera Botrosa, uno de cuyos socios es el ministro de Comercio Exterior, Roberto Peña Durini, fue acusada ante la justicia en Ecuador de perseguir campesinos y ambientalistas en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
Agricultores del lugar aseguraron en un juzgado penal de la ciudad de Quinindé, cercana a la zona del conflicto, que fueron retenidos y torturados por policías y guardabosques de Botrosa que los amenazaron de muerte para expulsarlos de las tierras que trabajaban.
Los 350 miembros de la Cooperativa Ecuador Libre, sus familias y activistas, realizan protestas por la ocupación de Botrosa de los predios que, según dicen, pertenecen al grupo campesino, y por la deforestación en la región.
El conflicto en Esmeraldas determinó la salida del país de Ricardo Buitrón, un activista de la no gubernamental Acción Ecológica, sobre el que pesa una orden de prisión por presuntas injurias e instigación a campesinos a ocupar tierras. Buitrón también aseguró que fue amenazado.
El punto central del problema son tierras que el Instituto Nacional Agrario (INDA) desafectó del conjunto de propiedades fiscales para adjudicarlas a Botrosa. La cooperativa afirma que ese predio, El Pambilar, forma parte de un bosque nativo declarado patrimonio forestal por el Ministerio de Ambiente.
Organizaciones ecologistas y humanitarias presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas por presuntos maltratos y la supuesta forma ilegal en que se resolvió la entrega de las tierras a la compañía maderera.
Los denunciantes señalan que el INDA sólo puede otorgar predios a campesinos y "no a grandes empresas madereras para que deforesten un área que es patrimonio forestal".
El gerente de Botrosa, Mauricio Terán, aseguró que esta compañía, una de las más grandes de la región andina en el ramo, tiene 12.000 hectáreas de bosque nativo legalmente adquiridas y otras 9.000 que ha reforestado en los últimos 22 años.
Por su parte, los cooperativistas dicen que tomaron posesión de esas tierras hace más de 30 años, cuando la región fue colonizada y mucho antes de que llegara Botrosa, por lo cual entienden que les corresponden "por herencia y derecho".
Además, aseguraron que desde que están allí la deforestación ha sido mínima, pero "cuando llegaron las grandes madereras se han ido quedando sin bosque".
También se comprometieron a no utilizar las parcelas para extraer madera sino para hacerlas "producir de una forma sustentable, como hasta el momento".
El enfrentamiento entre la cooperativa agrícola y la empresa Botrosa se remonta a 15 años atrás, pero se agudizó este año, cuando los agricultores y sus familias fueron desalojados, al parecer en forma violenta, por policías y por guardias contratados por la firma maderera.
Hace algunos meses y en forma sorpresiva "llegaron muchos policías y guardabosques de Botrosa, tumbaron y quemaron nuestras casas de madera, destruyeron lo poco que teníamos y nos prohibieron la entrada para siempre", afirmaron a IPS los campesinos Laurence Vega, de 34 años, y Porfirio Reyes, de 44.
Floresmilo Villalta, de 60 años, aseguró que algunos agricultores fueron atados a postes y obligados a comer tierra, diciéndoles que ahí estaba la tierra que reclamaban, para luego hacerlos correr disparándoles a los pies.
El joven campesino Javier Intriago espera que las autoridades actúen y se les permita regresar a las tierras que cultivaban. Agregó que en 1987, cuando él tenía tres años, hubo otra tentativa de expulsión de los agricultores, que finalmente pudieron regresar.
Por su parte, Marcelo Merino, portavoz de Botrosa y del Grupo Durini, al que está relacionado el ministro de Comercio Exterior, indicó que la empresa compró las tierras de forma legal y que la policía cumplió órdenes legales.
A todo esto, el Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, pidió al Ministerio de Ambiente que comisione a su Dirección Forestal para inspeccionar la zona del conflicto y verificar si el predio en disputa está dentro del área declarada patrimonio forestal del Estado.
En junio se suspendió en forma abrupta una inspección del lugar con la participación de representantes del Ministerio, de organizaciones humanitarias y ambientalistas y de la empresa maderera.
«La inspección no se realizó porque la empresa no autorizó el ingreso de los técnicos del Ministerio de Ambiente», dijo el director forestal, Hans Thiel.
Al respecto, Belén Vásconez, integrante de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), dijo que la compañía arguyó para evitar la inspección que había un grupo de invasores de tierras, cuya presencia "no garantizaba la seguridad de quienes participarían de la misión".
Directivos de la firma también consideraron que la presencia de la Cedhu desvirtuaba "el carácter técnico de la inspección», para convertirla «en un sainete en desmedro de Botrosa». Así mismo, afirmaron que estaban en un proceso de negociación con los cooperativistas.
"El acuerdo nunca llegó y en los últimos días se profundizaron las diferencias, sin que el Ministerio de Ambiente tomara cartas en el asunto", dijo Buitrón.
Para que el predio adjudicado a la empresa sea recuperado por el INDA y los campesinos puedan permanecer en él es necesario que el Ministerio de Ambiente declare que está ubicado en el área declarada patrimonio forestal del Estado, explicaron los activistas.
Si bien el ministro de Ambiente, Rodolfo Rendón, aseguró a la prensa local que la zona es "patrimonio forestal del Estado ecuatoriano", todavía no se ha emitido el comunicado oficial respectivo, porque antes se debe realizar la inspección frustrada en junio.
Los representantes de Acción Ecológica aseguraron que en las últimas dos semanas han "recibido amenazas telefónicas y se incrementó la persecución contra activistas".
"No vamos a salir de la provincia de Esmeraldas, seguiremos acompañando a los campesinos, hasta que el Ministerio de Ambiente tome cartas en el asunto y asuma que el predio El Pambilar no es propiedad de Botrosa, sino un patrimonio forestal", agregaron.
Los ambientalistas también pidieron una auditoria internacional para que se conozca "cuántos bosques entregó el INDA en forma ilegal a distintas empresas madereras como en el caso de Botrosa".
La tala de 3,4 millones de árboles de bosque nativo cada año causa distorsiones en el ambiente de la Amazonia y la costa de Esmeraldas. Alrededor de 88 por ciento de los árboles que se cortan en Ecuador salen de los bosques naturales de esas dos regiones.
De las 5.000 especies forestales de Ecuador, sólo 100 son utilizadas por la industria maderera, que participa con 3,5 por ciento del producto interno bruto, ocupando el séptimo puesto en la economía nacional.
Entre 1995 y 1998 se exportaron 857.000 toneladas de productos de madera como tablas, vigas, aglomerados, puertas, listones y muebles, por un equivalente a 354 millones de dólares. (FIN/IPS/kl/dm/en ip/00
