Representantes políticos y de la sociedad civil de Colombia alertaron sobre los riesgos de una guerra biológica en ese país, en el marco del nuevo plan de lucha contra el narcotráfico que cuenta con ayuda especial de Estados Unidos.
«La guerra biológica hay que impedirla cueste lo que cueste», pidió el lunes Manuel Alzate, alcalde de Puerto Asís, comunidad rural de la Amazonia colombiana, a 800 kilómetros al sur de Bogotá.
El funcionario alzó su voz de protesta en San José de Costa Rica, en la primera sesión de una reunión de tres días que convoca por primera vez en 10 años a delegados del gobierno, de la sociedad civil y de la guerrilla de Colombia.
El denominado «Encuentro Internacional sobre Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia» es organizado por Paz Colombia, que nuclea a un centenar de organizaciones no gubernamentales que buscan soluciones para el conflicto interno armado en el país sudamericano.
Alzate dijo a IPS que la biodiversidad y la salud humana afrontarán graves peligros si el gobierno colombiano de Andrés Pastrana, con ayuda de Estados Unidos, comienza a rociar plantaciones de coca con un componente químico llamado «hongo fusarium».
Cerca de la mitad de los pobladores de Puerto Asís viven del cultivo de coca, y para ellos la erradicación forzosa de esos cultivos sería un fuerte golpe para su sobrevivencia.
«Queremos eliminar los cultivos, pero manualmente, así no habría daños a la ecología ni perjuicios para las personas», añadió Alzate, quien junto con más de 300 delegados internacionales dialogarán tres días por la paz de Colombia.
Representantes de la sociedad civil, al igual que Alzate, se manifestaron contrarios al llamado Plan Colombia, un programa de combate contra las drogas y de desarrollo e inversión que pretende poner en práctica el gobierno Pastrana con apoyo de Washington.
El Plan Colombia tiene un costo de 7.500 millones de dólares, 1.300 millones de los cuales serán aportados por Estados Unidos, con 80 por ciento de ellos destinados a gastos militares.
Ricardo Vargas, del Centro de Investigación Alianza Andina, una institución no gubernamental que indaga los efectos de las políticas antidrogas en Colombia, Bolivia y Perú, dijo a IPS que luego de 25 años de ensayos se ha probado que las fumigaciones no inciden en la disminución de los cultivos de coca.
«Lo que nosotros proponemos es una concertación con las comunidades, un diálogo con las poblaciones para poder disminuir manualmente las plantaciones, pues hablar de erradicación es bastante difícil», dijo Vargas.
Este encuentro es calificado por analistas internacionales de histórico, pues es la primera vez que organizaciones no gubernamentales asumen un papel activo en la búsqueda de soluciones a la guerra civil colombiana.
Datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señalan que Colombia es uno de los países más inseguros y violentos del mundo.
Ana Teresa Bernal, coordinadora nacional de la no gubernamental Red de Paz y miembro del Comité Temático de Negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo que preocupa la inversión militar que pretende realizarse a través del Plan Colombia.
«El Plan puede conducir a una guerra peor que la que ya tenemos», sostuvo Bernal, quien recalcó que esa estrategia no logrará la paz en el país.
Los indígenas también se pronunciaron en contra de las fumigaciones masivas de las plantaciones de coca.
«En los territorios indígenas es donde está la riqueza natural de Colombia y lo que quiere el gobierno de Pastrana y Estados Unidos es sacarnos de nuestras tierras, quieren provocar un genocidio», dijo Armando Balbuena, líder de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
Los representantes políticos y sociales propusieron buscar estrategias alternas al plan de Pastrana, pues según varios de los delegados ha imperado la «imposición» por sobre la «negociación» de un programa de pacificación y desarrollo. (FIN/IPS/nms/dm/ip en/00
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