Argentina es el país latinoamericano con mayor número de mujeres en la Cámara de Diputados debido a una ley de cupo que exige incluirlas en las listas. Pero ahora se plantean un desafío mayor: extender las cuotas al Senado, donde hay sólo dos mujeres junto a 70 hombres.
El comienzo de la campaña de las mujeres políticas -que atraviesa en forma horizontal a los todos los partidos- coincidió con el peor momento de credibilidad del Senado, cercado por un escándalo de sobornos millonarios que desde hace más de un mes acapara la primera plana de la prensa.
«Puede ser que las mujeres estemos menos calificadas para manejar el poder. Para hacerlo hay que estar dispuesto a robar, a matar a la madre y a comer excrementos», ironizó la politóloga estadounidense Mala Htun, quien llegó al país para participar en el lanzamiento de la campaña.
Htun, de la Universidad Nueva Escuela de Nueva York, consideró que el cupo sirve para llevar a la agenda pública el tema de la igualdad de género. Pero las políticas argentinas creen que, además, hay proyectos de su interés que se aprueban en la Cámara de Diputados y se traban en el Senado por «desinterés masculino».
La ley de cupo, sancionada en 1991, exige que 30 por ciento de los primeros puestos de las listas de candidatos para la Cámara de Diputados sean ocupados por mujeres, una medida de acción positiva que permitió que el porcentaje de parlamentarias en la cámara baja pasara de 13 a 27 por ciento.
De esta manera, Argentina se convirtió en el país de la región con mayor cantidad de mujeres diputadas, seguido por México y República Dominicana (16 por ciento), Bolivia, Colombia y Uruguay (12 por ciento), Chile (11 por ciento), Brasil (seis por ciento) y Paraguay (tres por ciento).
Pero paradójicamente, Argentina es el país con menor cantidad de mujeres en el Senado, con sólo tres por ciento. Paraguay ocupa el primer lugar (18 por ciento), seguido por México (16 por ciento) y Colombia (13 por ciento), en tanto el resto de los países tienen menos de 10 por ciento.
La ex diputada Maria José Lubertino, presidenta del Instituto Político y Social de la Mujer, dijo a IPS que es una prioridad estratégica de su organización que se aplique la ley de cupos en el Senado argentino, para cumplir con el compromiso internacional de una paridad de 50 por ciento en 2005.
Todos los países están lejos del lema «50 y 50 para 2005» en todos los cargos representativos, un compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing. Con ese fin, se busca llegar primero a 2003 con al menos 30 por ciento en las dos cámaras del parlamento.
El Instituto Político y Social de la Mujer está convocando a reuniones de trabajo con parlamentarias, funcionarios y presidentes de los partidos, y pidieron una entrevista con el presidente Fernando de la Rúa para solicitarle que garantice mediante decreto el cupo en las elecciones para el Senado.
«A mi no me cabe duda de que si hubiera más mujeres en el Senado no hubiera habido el escándalo por sobornos, pero no por una cuestión de diferente 'naturaleza' femenina sino porque las mujeres estuvimos alejadas de estas prácticas viciosas que hoy reinan en la política», opinó Lubertino.
Las mujeres pretenden que, ya que el Senado se renovará totalmente en 2001, y por primera vez en la historia las elecciones no serán hechas por las legislaturas provinciales sino por voto directo de la ciudadanía, se aplique el régimen de cuotas de mujeres para ese cuerpo.
La iniciativa partió de la senadora Beatriz Raijer, del Partido Justicialista (peronista), pero sus propios compañeros desestimaron el proyecto. Por eso ahora las mujeres cambiaron de estrategia y, en lugar de un nuevo proyecto, propusieron que se aplique para el Senado la misma norma existente.
La resistencia masculina se plantea porque los lugares a ocupar en las listas son escasos. La Constitución, aprobada en 1994, sostiene que para asegurar una representación equitativa del país y del arco político, cada partido, en cada provincia, debe presentar dos candidatos al Senado.
El partido más votado en cada provincia colocará dos miembros en el Senado y el segundo a uno. Esto dificulta la adaptación de la ley de «30 por ciento», porque sólo se trata de dos candidatos, pero las mujeres consideran que la ley es clara.
«El 30 por ciento debe interpretarse como una cantidad mínima», dice la ley, y en su anexo ejemplifica que si los cargos a ocupar son dos, la «cantidad mínima» es uno, comentó la ex diputada Florentina Gómez Miranda, una de las pioneras en la lucha por la representación femenina en el Congreso.
Cuando Raijer presentó el proyecto, el entonces jefe de la bancada justicialista en el Senado, Augusto Alasino, señaló que «una mujer sólo puede postularse cuando haya una lista con al menos tres candidatos y en el Senado sólo pueden ser dos».
Se refería así a lo que muchas políticas denominan la «mujer- cupo», que sería la que llega a ocupar un lugar en la lista por ser esposa, hermana, hija o amante de un dirigente varón de peso, sólo para cumplir con la ley ante la justicia electoral.
Muchos políticos -incluso mujeres- consideran que la cuota fija no respeta los criterios de idoneidad que exige la Constitución. Pero las organizaciones de mujeres rechazan este criterio y consideran que si la mitad del electorado son mujeres, esa proporción debería mantenerse en las cámaras.
«La verdadera igualdad de oportunidades para hombres y mujeres se va a ver cuando una mujer mediocre pueda llegar a ocupar un puesto de alta jerarquía», comentan con frecuencia funcionarias y parlamentarias que trabajan en el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Carmen Storani, advirtió que si bien con la ley de cupo se consiguieron avances en el Congreso nacional, siete provincias – sobre 23- cuentan con una sola parlamentaria y tres no tienen ninguna.
Silvia Sapag, la otra senadora junto con Raijer, también rechazó la idea de idoneidad y justamente en los últimos días denunció a un colega que intentó sobornarla para que aceptara una iniciativa que beneficia a empresas petroleras en perjuicio de las provincias.
«Las mujeres participamos como militantes en los partidos y ocupamos distintos puestos hasta que nos encontramos con un techo de cristal», comentó Sapag refiriéndose a trabas culturales, difíciles de identificar, por las cuáles sus proyectos no suelen ser impulsados por el resto de los parlamentarios.
En tanto, otra legisladora, la senadora provincial Elisa Carca, reclamó un cambio en los códigos que incluya el protocolo. «Estoy cansada de recibir invitaciones a nombre de 'senador y señora', y regalos tales como corbatas o facones», ironizó la senadora. (FIN/IPS/mv/ag/ip/00
