El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, anunció hoy nuevas medidas económicas y una reforma de la actividad política partidaria, en un intento de recuperar la iniciativa para sacar su gestión del estancamiento.
En vísperas del primer aniversario de la elección que dio la victoria a la gobernante Alianza, el mandatario admitió que la población está «preocupada y con rabia» por los problemas económicos y sociales que se siguen arrastrando, y aseguró que su gobierno «quisiera haber superado ya esas dificultades».
Entre las primeras preocupaciones de la población figura el desempleo de 15,4 por ciento, agravado por una desaceleración de la actividad económica que se mantiene hace casi dos años a pesar de las medidas de ajuste que adoptó este gobierno para atraer inversiones.
Se prevé que la economía crezca este año alrededor de uno por ciento, aunque algunos expertos pronostican un porcentaje aun menor. A su vez, el proyecto oficial de presupuesto para 2001 prevé un nuevo recorte de gastos y un crecimiento de 3,7 por ciento, pero los consultores privados son más escépticos.
Este escenario de demora en la reactivación, que profundiza la crisis y el malestar social, se agravó en las últimas semanas con las denuncias de corrupción en el Senado que derivaron en el alejamiento del gobierno del principal aliado político del presidente, el ahora ex vicepresidente Carlos Alvarez.
Ante este panorama, De la Rúa prometió que en su gobierno habrá «más acción que palabras» y «gestión antes que opiniones», y anticipó una serie de medidas que dio a conocer más tarde su ministro de Economía, José Luis Machinea, a quien le brindó un renovado respaldo tras rumores de alejamiento del gabinete.
«El ministro tiene todo mi respaldo», dijo el presidente para aventar esas versiones, sobre todo tras la renuncia el viernes del secretario de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes.
Para aumentar la credibilidad de la población, el presidente ratificó, además, medidas ya anunciadas, como la puesta en marcha de un plan de infraestructura y otro de vivienda, así como la desregulación del negocio telefónico y de la salud que deberían atraer fuertes inversiones a esos sectores.
En un acto realizado más tarde, Machinea remarcó que «la única manera de solucionar los problemas más graves de la economía argentina es con medidas que sirvan para incentivar las inversiones, el crecimiento y el empleo». Entre esos «problemas más graves» mencionó el desempleo y la cuestión social.
El ministro anunció que el gobierno se comprometerá a no subir impuestos en 2001 y a ir bajándolos a medida que se cumpla con las expectativas de recaudación fiscal. Dijo, además, que se rebajarán impuestos a los intereses de créditos productivos, a la renta presunta y a las nuevas inversiones.
En vísperas de una visita oficial a España, De la Rúa aseguró este lunes que tratará de «convencer» a los empresarios de las bondades de invertir en Argentina, en tanto su ministro anunció la renovación de un millonario contrato que el Estado mantiene con la petrolera española YPF Repsol.
El contrato preveía que la empresa podía explotar el yacimiento Loma de la Lata —de donde YPF-Repsol obtiene 70 por ciento de los hidrocarburos que procesa y vende en este país— hasta 2017, pero el compromiso se prorrogó ahora por otros 10 años a cambio de un canon anual de 200 millones de dólares.
Además, De la Rúa y el ministro del Interior, Federico Storani, presentaron un proyecto de reforma política que apunta principalmente al financiamiento de la actividad de los partidos en vísperas de elecciones, con el fin de dar más transparencia al sector, otra de las demandas de la sociedad civil.
El proyecto de ley ya cuenta con el consenso de todos los sectores, por lo que se espera una rápida sanción.
La iniciativa prevé que los comicios internos para elegir candidatos sean abiertos y obligatorios y que las campañas no duren más de 90 días previos al acto electoral, con 30 días de publicidad en los medios de comunicación.
También se establecen topes para los gastos de campaña y reglas para el financiamiento de la actividad política, que se canalizará a través de un fondo estatal permanente y de un aporte adicional que podrá hacer el sector privado con límites de 40.000 dólares para las personas y 200.000 para las empresas.
De esta manera, el gobierno pretende dar una primera respuesta a la extendida corrupción que, de acuerdo con reiteradas denuncias del ex vicepresidente Alvarez, se fundamenta en la exigencia de obtener recursos para financiar una actividad política cada vez más onerosa.
Storani informó que la reforma permitirá a cualquier ciudadano el acceso a la información sobre los gastos de un partido político y que dispondrá un control de la Auditoría General de la Nación sobre las autoridades partidarias. (FIN/IPS/mv/mj/ip/00
