El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, siguió sometido hoy a una fuerte presión de los partidos que integran la coalición de gobierno y también de la oposición y del sindicalismo, que realizó una manifestación de protesta.
Los críticos del gobierno no sólo cuestionan la forma en que De la Rúa maneja la crisis política surgida del escándalo de sobornos en el Senado y agravada por la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez, sino que muchos, incluso en filas oficialistas, aprovecharon para manifestar desacuerdo con impopulares medidas de ajuste fiscal.
Tres diputados socialistas abandonaron este miércoles la gobernante Alianza que, según comentó uno de ellos, «está herida de muerte».
Otros diputados consideran la posibilidad de seguir los pasos de los tres socialistas, un hecho que permite anticipar que no votarán los proyectos del Poder Ejecutivo en forma incondicional.
Ante este nuevo escenario, los gobernadores del opositor Partido Justicialista se reunieron para resolver hasta qué punto colaborarán con el presidente, mientras que un sector de la central sindicial Confederación General del Trabajo realizó una marcha este miércoles en protesta contra la ley laboral.
La crisis opera con fuerza centrífuga y numerosos analistas políticos temen por la suerte de una coalición formado hace apenas tres años y que gobierna sólo desde diciembre.
La Unión Cívica Radical (UCR), socio mayor de la Alianza, mantiene una postura crítica frente al comportamiento del mandatario, que pertenece a sus filas.
Los dirigentes radicales consideran que De la Rúa no consulta a la coalición como debería hacerlo. Como señaló el constitucionalista Héctor Masnata, si bien el mandatario tiene potestad para designar colaboradores, en una coalición esa atribución debe tener consenso para mantener la "legitimidad".
Los diputados socialistas se retiraron de la Alianza en desacuerdo con el rumbo general del gobierno, que no logra reactivar la economía ni aumentar el empleo y no combate cabalmente la corrupción.
Pero la inusitada fuerza que ha tomado la crisis se debe a la permanencia en el gobierno de un funcionario, el secretario de Inteligencia del Estado, Fernando de Santibañes, un ex banquero y amigo personal del presidente.
Las presiones se orientan a lograr el alejamiento de De Santibañes que, sin responder a ninguna estructura partidaria, se convirtió en el enemigo político de todos los partidos que integran la Alianza.
De Santibañes es sospechoso de haber pagado los sobornos en el Senado. Pero también fue cuestionado en la Alianza cuando intentó forzar un giro más neoliberal al rumbo económico mediante polémicas declaraciones.
Sus enemigos también dicen que De Santibañes y otros funcionarios lograron "cercar" al presidente, aislándolo no sólo de la sociedad civil sino de los partidos que lo apoyan. Esto es, la UCR y el Frente País Solidario (Frepaso).
De Santibañes cree que no debe renunciar si el presidente no se lo solicita explícitamente. "No me voy a ir si el presidente no me lo pide", aseguró.
Su confirmación en el cargo la semana última fue uno de los motivos de la dimisión del vicepresidente Alvarez, líder del Frepaso y principal aliado político del presidente.
El ex presidente Raúl Alfonsín, líder de la UCR, dijo que la renuncia de De Santibañes sería "muy conveniente", pues ayudaría a descomprimir la situación en la Alianza. Una solución semejante aconsejó el flamante ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, hermano del presidente.
"La evaluación acerca de cuándo renunciar la debe hacer el propio funcionario que genera problemas políticos", recomendó el ministro de Justicia.
Poco después, el bloque de diputados de la UCR solicitó al presidente la remoción de De Santibañes y que adapte el rumbo del gobierno al programa de la Alianza.
Así mismo, los tres diputados socialistas que abandonaron la coalición oficialista aseguraron que regresarán si el gobierno «vuelve al programa de la Alianza».
De la Rúa pidió que lo dejaran tomar una decisión "cuando corresponda y sin ejercer presiones". Pero la tensión en el gobierno crece cada minuto que transcurre.
Los tres legisladores socialistas se habían manifestado en desacuerdo con las medidas de ajuste que la administración dispuso desde que asumió en diciembre para reducir el déficit fiscal. Se aumentaron impuestos, se rebajaron salarios y se aprobó una reforma laboral muy controvertida.
La votación del Senado favorable a la reforma laboral se habría logrado mediante estímulos ilegales a parlamentarios opositores y el escándalo político que causó la denuncia de sobornos llevó a la renuncia de Alvarez, que exigía una investigación a fondo del caso.
En su condición de vicepresidente, Alvarez era presidente del Senado y se había colocado a la cabeza de la investigación y el relevo de los funcionarios sospechosos de haber pagado los sobornos.
Estos son De Santibañes y el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. De la Rúa desoyó la solicitud de su socio político y el jueves de la semana pasada confirmó a De santibañes en su puesto y designó a Flamarique secretario de la Presidencia.
Alvarez presentó entonces su dimisión, el viernes, un hecho que acentuó la crisis, sobre todo porque el ex vicepresidente es uno de los pilares de la coalición de gobierno.
El clima generado por la decisión de Alvarez determinó a Flamarique a renunciar el mismo viernes y lo mismo hicieron algunos senadores. Pero De Santibañes se mantuvo en pie en medio de la tormenta.
Los observadores políticos creen que el despido de De Santibañes sería en estas circunstancias una señal de debilidad de De la Rúa. Pero también advirtieron que no parece haber otro modo de aliviar la presión en la coalición oficialista. (FIN/IPS/mv/ff/ip/00
