La fumigación de plantaciones de coca con el herbicida glifosato por parte de la Fuerzas Armadas de Colombia provoca efectos colaterales en el ambiente de las provincias ecuatorianas fronterizas.
Habitantes de General Farfán y Puerto El Carmen, pueblos de la provincia amazónica ecuatoriana de Sucumbíos, ubicados junto al río San Miguel, aseguraron a IPS que tras escuchar avionetas fumigando en el vecino departamento colombiano de Putumayo decenas de árboles comenzaron a secarse.
«Las consecuencias se sienten de este lado de la frontera porque muchos árboles amanecen semisecos y no se sabe qué es, lo que se explica por la aplicación de algún herbicida como los que utilizan en las fumigaciones colombianas», comentó Tito Piedra, habitante de Puerto el Carmen.
Bolívar Botina, alcalde de Puerto Guzmán, en Putumayo, confirmó la información y agregó que en la zona ya han muerto siete personas por intoxicaciones provocadas por la fumigaciones masivas que se realizan desde hace cuatro meses con el glifosato.
«La última semana pararon de fumigar, tal vez por las protestas que realizó la población de Putumayo en rechazo del Plan Colombia, pero se presume que en los próximos días retornarán», indicó Botina.
El Plan Colombia del presidente Miguel Pastrana, que comprende medidas para la lucha contra el narcotráfico con el apoyo de Estados Unidos, comenzó el 1 de septiembre.
Sin embargo, fueron las fumigaciones realizadas en una zona del departamento colombiano de Nariño, fronterizo con la provincia serrana de Carchi, en Ecuador, las que tuvieron peores efectos para la población del lado ecuatoriano.
«Desde agosto el aire que respiramos ya no es el mismo y hay vecinos que han tenido dolores en los ojos y la cabeza, que no son normales», dijo Juan Cruz, un agricultor de Tobar Donoso, un pueblo de Carchi.
El médico Arturo Yepez, de Tulcán, la capital provincial, dijo que los habitantes de la zona presentaron síntomas similares a los de campesinos "intoxicados con la ingestión de pesticidas".
Los campesinos de Tobar Donoso aseguraron que en las últimas semanas ha habido sólo pequeñas fumigaciones, pero temen otras masivas, como la realizada a fines de agosto para destruir 5.000 hectáreas de plantaciones de coca.
En esa oportunidad, las fuerzas antidrogas colombianas utilizaron tres aviones Turbo Thrush de fumigación escoltados por tres helicópteros Black Hawk y 200 soldados de un comando de selva, entrenado y equipado por Estados Unidos.
El director de la Policía Antinarcóticos, general Ismael Trujillo, dijo que con la destrucción de esas plantaciones y de laboratorios en Nariño se evitó la producción de unas 29 toneladas de cocaína destinada al mercado estadounidense.
"Mientras los aviones se lanzaban sobre las plantaciones, dejando una estela de glifosato en el aire, y los helicópteros los escoltaban para evitar ataques de la guerrilla, los soldados se internaban en el bosque para buscar a los campesinos que se escapaban", dijo a IPS un cocalero que prefirió el anonimato.
Del lado ecuatoriano, algunos agricultores aseguraron que aproximadamente seis horas después de cada fumigación se observan extensas áreas de yuca quemada.
El glifosato, uno de los herbicidas químicos más importantes de la transnacional Monsanto, fue introducido en América Latina hace 25 años y se comercializa principalmente con el nombre de Roundup, alcanzando ventas de 1.200 millones de dólares al año.
Está clasificado como un herbicida de la categoría tóxica III, que exige cautela en su utilización porque puede provocar problemas gastrointestinales, vómitos, ensanchamiento de los pulmones, neumonía, obnubilación, destrucción de los glóbulos rojos del tejido de la membrana mucosa.
Pero los ecuatorianos temen que en la erradicación de la coca se utilice el hongo transgénico Fusarium oxisporun, una alternativa propuesta por Washington al gobierno colombiano que fue combatida por científicos y ambientalistas de todo el mundo por el peligro que representa liberar en el ambiente esa especie.
Lucía Gallardo, de la organización Acción Ecológica, realizó una investigación sobre las consecuencias ambientales del Plan Colombia en Ecuador en la que asegura que «el Fusarium oxysporum, puede amenazar la biodiversidad de la región amazónica».
«Causa daño a diversas plantas cultivadas, ocasionando distintos tipos de enfermedades tales como marchitamiento en las hojas, y vasculares, pudrición de frutos, hasta muerte de las plantas, y puede ocasionar enfermedades en el hombre, en especial en pacientes inmunodeprimidos, con cáncer o sida», añade.
También dice que el hongo tiene la capacidad de mutar genéticamente y dispersarse matando otros cultivos, ya que es una especie que varía según las condiciones en que se encuentra.
«Al introducir el hongo en un ecosistemas tan complejo como el amazónico, podría atacar cultivos importantes como la yuca, alimento del cual dependen los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, y dispersarse a la Costa, afectando cultivos de café, naranjilla, banano y otros», arguyó la investigadora.
La Amazonia podría convertirse en foco de contaminación, cuyos efectos podrían durar varios años pues el hongo puede mantenerse vivo por más de 20 años y se transmite por agua, suelo y aire.
Este hongo está catalogado en el borrador del Protocolo de la Convención de Armas Biológicas y Tóxicas como «agente biológico para la guerra», que una vez liberado en el ambiente no puede ser retirado, por lo que «los efectos son impredecibles».
«El hongo puede diseminarse sin tener en cuenta límites políticos, atacando otros cultivos y la biodiversidad de Ecuador, Brasil, Perú o Venezuela», arguye Gallardo Fierro.
El ministro del ambiente de Ecuador, Jorge Rendón, emitió un decreto prohibiendo la utilización del Fusarium en el país y negó que se hayan realizado experimentos.
Según el diario New York Time, el ministro colombiano de Medio Ambiente, Juan Myer, habría aceptado «bajo presión de Estados Unidos» probar la efectividad del hongo herbicida en su territorio, pero luego lo desmintió y aseguró que no se permitirá experimentar con el hongo.
La población fronteriza también se muestra preocupada por la posible llegada masiva de desplazados colombianos, provocada por las fumigaciones y el aumento de los enfrentamientos entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares.
Según estimaciones oficiales, podría darse un desplazamiento hacia Sucumbíos de 5.000 a 50.000 campesinos de Putumayo, lo que podría hacer colapsar la capacidad de la provincia.
Algunos organismos humanitarios han denunciado que paramilitares colombianos estarían comprando fincas agrícolas en Sucumbíos, lo que hace temer que los enfrentamientos con la guerrilla puedan trasladarse a territorio ecuatoriano.
También se cree que las plantaciones de coca podrían trasladarse a Ecuador, como ocurrió a principio de esta década, cuando se trasladaron de Perú a Colombia.
«Si eso se produce, los pueblos indígenas y campesinos de esas regiones podrían ser desplazados, la biodiversidad y los distintos ecosistemas expuestos a desaparecer», dijo Gallardo Fierro.
Más de 20 comunidades y centros educativos comunitarios de la nacionalidad kichwa que se encuentran en la frontera correrían peligro.
Autoridades fronterizas, organizaciones sociales y no gubernamentales formaron el Frente de Defensa de la Amazonia para vigilar las consecuencias del Plan Colombia sobre el ambiente.
«No permitiremos que contaminen nuestro ecosistema, porque ya se ha ocasionado bastante daño con los derrames de petróleo", dijo Máximo Abad, alcalde de Nueva Loja, capital de Sucumbíos. (FIN/IPS/kl/ag/en/00
