Hugo Chávez procura convertirse en uno de los presidentes más poderosos de la historia venezolana, y con ese motivo solicitará al parlamento atribuciones especiales para enfrentarse con la crisis económica.
Chávez, quien goza de alta popularidad y ya dispuso de poderes especiales entre abril y octubre de 1999, parece tener allanado el camino para recuperar estas atribuciones por un año más gracias al respaldo de la Asamblea Nacional, cuya dirección tuvo un primer pronunciamiento favorable.
El presidente del parlamento, William Lara, y el vicepresidente, Leopoldo Puchi, manifestaron este jueves su apoyo a la «ley habilitante» solicitada por Chávez la noche de este miércoles en una extensa cadena de televisión.
Esta disposición permitiría al mandatario legislar sin pasar por el parlamento. Chávez la calificó de «imprescindible» y «necesaria en este momento de transformación económica y social».
El gabinete trabajará hasta el lunes en los detalles del proyecto que se elevará ese día a la Asamblea Nacional con carácter urgente.
El parlamento, dominado por una amplia mayoría «chavista», otorgará con seguridad estos poderes especiales, según los observadores. Aunque otros presidentes venezolanos contaron con similares atribuciones, ésta sería la primera vez que uno logre la aprobación de una segunda ley habilitante.
Chávez ha ganado todas las elecciones en las que ha participado y promovido en los últimos dos años, como parte de la «revolución pacífica» que encabeza.
La debilitada oposición está dividida respecto del pedido presidencial. Los partidos tradicionales, el socialcristiano Copei y el socialdemócrata Acción Democrática, expresaron su rechazo, mientras que el Proyecto Venezuela anunció que no obstaculizará su aprobación.
Los poderes especiales tendrían la intención de dejar las manos libres a Chávez para reactivar la economía, combatir el desempleo e impulsar planes sociales.
En cadena de televisión, Chávez informó su pretensión de poderes especiales para decretar normas sobre tierras, economía, pesca, pequeña y mediana industria, cooperativas, ferrocarriles, financiamiento agropecuario, bancos, seguros, aduanas e impuestos.
El presidente también pretende reformar las leyes sobre libre competencia, hidrocarburos y turismo, y mencionó también la organización del Banco Central entre las áreas a modificar. Pero luego retiró esa iniciativa pues la constitución establece la independencia del ente emisor respecto del Poder Ejecutivo.
El legislador Puchi, quien integró el gabinete de Chávez en 1999, dijo que el pedido del jefe de Estado «es razonable para apuntalar el plan económico» del gobierno.
«Serán un conjunto de leyes muy específicas de carácter económico y social», dijo Puchi, quien recordó que el parlamento también tiene pendientes 60 leyes cuyo debate se prevé para los próximos meses.
Este paquete legal responderá a los lineamientos de la nueva constitución, que responde a iniciativas de Chávez y entró en vigencia este año, aprobada en consulta popular en diciembre de 1999.
«En la Asamblea Nacional tenemos un inmenso trabajo y no parece ilógico otorgar poderes al (Poder) Ejecutivo en materia económica» pues «es necesario tomar medidas con rapidez», aseguró Puchi.
Los sectores más críticos con el gobierno de Chávez no trazan un balance positivo de los poderes especiales otorgados a Chávez en 1999 no fue positivo, a pesar de que entonces también fueron planteados como necesarios para reactivar la economía venezolana.
«No se usó la ley habilitante para reactivar la economía», comentó en su momento Vicente Brito, presidente de la principal organización empresarial del país, Fedecámaras.
Mientras, entre analistas políticos y parlamentarios prevaleció entonces la opinión de que «se sacrificó calidad por cantidad».
En los dos primeros meses apenas se habían aprobado cuatro de las 29 leyes previstas, y aunque finalmente se concluyó con la mayoría de las materias, esto ocurrió en los días finales del periodo autorizado por el parlamento. (FIN/IPS/ac/mj/ip/00
