El nuevo gobierno de Suriname anunció que investigará las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen militar de 1980 a 1987, como lo prometió durante la campaña electoral.
El presidente Ronald Venetiaan se comprometió durante su campaña a investigar las ejecuciones en diciembre de 1982 de 15 opositores en un cuartel de Paramaribo, la capital, así como otras denuncias de asesinatos y desapariciones forzadas.
El blanco central de la investigación será el ex comandante del ejército Desi Bouterse.
Bouterse, de 55 años, era un oficial no comisionado cuando derrocó al gobierno de Henk Aaron en medio de un conflicto por la renuencia de las autoridades a reconocer un sindicato del ejército.
Tras el golpe de febrero de 1980, ocurrido cinco años después de la independencia de Holanda, Bouterse se transformó en comandante del ejército y permaneció en ese cargo hasta 1992.
Actualmente es legislador y líder de la oposición, pero funcionarios de gobierno advirtieron que el ex dictador no encontrará protección en la Asamblea Nacional y en cambio deberá prepararse para una investigación oficial sobre la conducta de su ejército y su régimen militar.
Bouterse, un empresario y político carismático, se transformó este año en parlamentario por primera vez desde que se involucró en la política nacional, hace 20 años.
Su Combinación del Milenio obtuvo 10 escaños en las elecciones generales del pasado 25 de mayo, en un desempeño pobre para un partido que tuvo el mayor apoyo en los años 90 en esta antigua colonia holandesa de América del Sur.
Aunque Bouterse negó reiteradamente su responsabildiad directa por las matanzas, aceptó su responsabilidad general por ellas como jefe del ejército.
Entre los ejecutados había periodistas, líderes sindicales y políticos opositores que el gobierno militar calificó de "desestabilizadores".
Bouterse también era comandante cuando el ejército protagonizó un segundo golpe de Estado en 1990 y depuso a la administración de Ram Shankar, que había ganado las primeras elecciones libres desde el fin de la anterior dictadura, en 1987.
Hace casi un año, un tribunal holandés sentenció a Bouterse a 11 años de prisión por tráfico internacional de drogas. El ex dictador apeló la sentencia, pero Holanda emitió una orden internacional de captura en su contra.
Actualmente, las leyes nacionales prohíben la extradición de ciudadanos de Suriname, pero esto podría cambiar porque al actual gobierno le falta solo un escaño para lograr una mayoría de dos tercios en el parlamento.
Otro tribunal holandés resolvió a principios de este año que Bouterse debe ser juzgado por los asesinatos de diciembre.
El propio Bouterse dijo varias veces que la Asamblea Nacional debería proseguir con la investigación para ayudar a cerrar "un capítulo amargo de la historia nacional".
Moiwana 86, un grupo que tomó su nombre de una aldea de habitantes negros destruida por los militares en 1986, reclama la investigación del asesinato o la desaparición forzada de unas 200 personas durante el gobierno de Bouterse.
"Hasta donde sabemos, hay unas 200 personas, incluso soldados, que murieron misteriosamente. Queremos que se investigue eso también", dijo a IPS Stanley Rensch, presidente de Moiwana.
La decisión gubernamental de comenzar las investigaciones se produce en un momento de profunda crisis nacional.
Cuando asumió el gobierno, hace tres semanas, la administración de Venetiaan se encontró con una economía en ruinas, sueldos impagos por más de un año y los sistemas de salud y educación en profunda crisis.
Venetiaan dijo que las arcas están vacías y que su gobierno deberá atraer capitales extranjeros para recuperar la economía. (FIN/IPS/tra-en/bw/da/mlm/hd/00
