Colombia sufre pérdidas económicas y daños ambientales como consecuencia de los ataques guerrilleros a la infraestructura petrolera, mientras el crudo alcanza los precios internacionales más altos de la última década.
Colombia, con reservas de 4.000 millones de barriles (cien veces menores que las de Arabia Saudita y treinta veces que las de Venezuela), es considerada un productor marginal de petróleo.
Pero tiene capacidad de producción, en condiciones normales, de 788.000 barriles diarios, suficientes para cubrir la demanda interna de 286.000 barriles y exportar otros 500.000.
El barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte cerró el miércoles a 32,48 dólares y, según analistas, podría llegar a 40 dólares si el invierno boreal comienza con mucho frío.
La semana pasada, cuando los precios superaron la barrera de los 34 dólares por barril, los ingresos petroleros de Colombia alcanzaron 22 millones de dólares en un solo día. Cuando los precios están por debajo de 30 dólares por barril, se reciben unos 16 millones de dólares diarios promedio.
Pero los ingresos por exportaciones, de casi 4.400 millones de dólares anuales, sufrieron una reducción de 110 millones por la parálisis del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que desde el 23 de julio fue dinamitado 20 veces por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda fuerza guerrillera del país.
El oleoducto de 780 kilómetros de longitud transporta crudo desde los campos de Caño Limón en el este colombiano, pertenecientes a la compañía estadounidense Occidental Petroleoum (Oxy), hasta el puerto Coveñas, en el caribe colombiano.
El último ataque rebelde al oleoducto Caño Limón-Coveñas se registró este miércoles, 12 horas después de reanudado el bombeo de 105.000 barriles diarios, suspendido a causa de los ataques.
Otro oleoducto afectado por los atentados es el Transandino, que bombea casi 11.000 barriles diarios de los campos del este al puerto de Tumaco, en el océano Pacífico, atacado el 29 de agosto.
Se calcula que por el oleoducto Transandino, también utilizado por la compañía petrolera estatal de Ecuador, se dejaron de despachar unos 500.000 barriles.
Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), dijo a IPS que tanto Oxy como otras multinacionales incumplieron seis contratos de exportación a causa de la parálisis que sufrió el segundo más importante oleoducto colombiano.
Martínez consideró lamentable que ocurran estos problemas en la exportación «en momentos en que los precios internacionales están alcanzando las mayores cotizaciones de la década».
El presidente de la ACP reclamó a la guerrilla la suspensión de sus ataques a la infraestructura petrolera, que pone en peligro posibles inversiones en exploración y explotación de campos colombianos ya puestos en oferta.
Según cifras del estatal Departamento Nacional de Planeación (DNP), en los últimos 13 años los oleoductos sufrieron más de 1.000 voladuras con irreparables pérdidas económicas y ambientales.
Sólo en el caso del oleoducto de Caño Limón-Coveñas, entre 1990 y 1995 se registraron pérdidas de casi 1.000 millones de dólares, monto representan cerca de siete por ciento del total de exportaciones actuales (13.000 millones de dólares), indicó el DNP.
El ELN se ha responsabilizado de los atentados tras declarar la actividad petrolera «objetivo militar» en la década del 80, con la entrada en operación los campos de Caño Limón, a cargo de la Oxy asociada con la estatal Empresa Colombiana de Petroleos (Ecopetrol).
Los guerrilleros consideraron que estos acuerdos atentaban contra la «soberanía nacional».
Pero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal agrupación guerrillera, también ha detonado oleoductos y, además, ha secuestrado a personal de las multinacionales.
Para Astrid Martínez, investigadora de la estatal Universidad Nacional, los ataques de la guerrilla a la actividad petrolera «elevan el riesgo de la inversión y crean incertidumbre»
Pero la perspectiva de las negociaciones de paz con el gobierno que realizan las FARC y los acercamientos con el ELN abren otras perspectivas al deterioro que se registra en el clima empresarial.
Entre las iniciativas que el ELN presenta para una posible negociación de paz con el gobierno no figura la proscripción de la inversión extranjera «siempre y cuando acepte una rentabilidad razonable».
El ELN propone una revisión profunda en la política petrolera, que incluya los contratos de asociación con las multinacionales (que consideran desfavorables para los intereses nacionales), que se fortalezca la estatal Ecopetrol y se desarrolle «una política energética integral».
Así mismo, las FARC incluyeron en la agenda de negociación de 12 puntos que discuten con el gobierno la revisión de la política petrolera, sin desarrollar una posición al respecto. (FIN/IPS/yf/mj/if/00
