La decisión del presidente peruano Alberto Fujimori de llamar a nuevas elecciones generales sin su participación puso en campaña a los partidos de oposición, mientras que los militares, sostén del actual gobierno, mantienen silencio.
Según el presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, Fujimori propuso a su gabinete realizar las elecciones en seis meses, pero la presidenta del parlamento, Marta Chávez, afirmó haberlo convencido de fijar un plazo de ocho meses.
Fujimori anunció el sábado, antes de cumplir 50 días de un tercer periodo presidencial de cinco años, la desactivación del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) y la convocatoria a elecciones anticipadas «en el menor plazo posible».
El mandatario actuó presionado por el escándalo que causó la difusión el día 14 de un vídeo que registra el diálogo y el momento en que Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y virtual jefe del SIN, entregaba 15.000 dólares como primer pago a un congresista opositor para que se pasara al oficialismo.
Los ocho partidos de oposición que conforman el Frente Democrático advirtieron este lunes que permanecerán al margen del Congreso y del diálogo con el gobierno promovido por la Organización de Estados Americanos hasta que Montesinos sea destituido formalmente y se ordene su detención.
Por su parte, los generales al mando de las seis regiones militares del ejército, todos ellos ex compañeros de promoción de Montesinos, no se pronunciaron hasta ahora sobre la crisis del régimen que sostenían.
Montesinos, un capitán retirado del Ejército, organizó el soporte castrense al régimen de Fujimori —que llegó a la Presidencia en 1990— y, según el novelista peruano Mario Vargas Llosa, radicado en España, tiene tanto o más poder que el presidente.
Un pedido de hábeas corpus presentado a su favor por su hermana parece indicar que el polémico asesor está detenido. Fuentes de la oposición habían dicho previamente que Montesinos se hallaba desde el viernes en un cuartel del ejército en Lima, aunque sin aclarar si estaba en condición de detenido o bajo protección.
El silencio de los militares y la falta de explicaciones oficiales determinan la difusión de hipótesis sin confirmación.
Según una de esas versiones, el mensaje presidencial del sábado dejó sin piso a dos proyectos de golpe militar de opuestas intenciones: uno para forzar la renuncia simultánea de Fujimori y Montesinos, y otro para respaldarlos.
Fujimori se propone entregar personalmente la banda presidencial a quien triunfe en las elecciones anticipadas. O sea, pretende retirarse de modo ordenado, una probabilidad que aceptan muchos de sus adversarios, pero que frustra a los opositores más radicales, quienes exigen «que se vaya ahora mismo a su casa».
Entre quienes reclaman la «renuncia ahora» figuran el socialdemócrata partido Aprista, y desde el exterior, dos candidatos a la Presidencia derrotados por Fujimori: Vargas Llosa y Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.
Vargas Llosa y Pérez de Cuéllar exigen la formación de un gobierno provisional a cargo de figuras independientes. Al respecto, se menciona al defensor del Pueblo, Jorge Santistevan.
Pero esta fórmula no tiene respaldo legal y no habría modo de imponerla, salvo una intensa agitación callejera, porque Fujimori, mientras los jefes militares no digan lo contrario, tiene el apoyo del ejército, una sólida mayoría parlamentaria y la complacencia del Poder Judicial.
Los observadores creen que la mayoría de los líderes opositores están de acuerdo en que Fujimori continúe al frente del gobierno hasta entregar el mando a su sucesor para evitar un vacío de poder que podría ser aprovechado por el sector duro del oficialismo.
La Constitución no prevé la convocatoria a elecciones anticipadas y, por consiguiente, será necesaria la intervención del Congreso, donde el gobierno tiene mayoría absoluta, para poner en práctica la decisión de Fujimori de acortar su mandato.
El dirigente opositor Antero Flores, del Partido Social Cristiano, exigió la expulsión del Congreso de los 17 parlamentarios que se pasaron al oficialismo para darle mayoría absoluta.
Pero sólo hay material para acusar de corrupción a un legislador, Alberto Kouri, el que aparece en el vídeo cuando recibe dinero de Montesinos.
Opositores y oficialistas en el Congreso concuerdan, hasta ahora, en modificar en las próximas semanas días la composición del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los organismos que dirigieron los cuestionados comicios de abril y mayo, que resultaron en la segunda reelección de Fujimori.
Sin embargo, el diario opositor La República aseguró este lunes que algunos parlamentarios oficialistas no aceptan la decisión de Fujimori de llamar a nuevas elecciones generales, pues también estarían en juego los escaños que ahora ocupan.
«Es posible que ni siquiera la totalidad de los parlamentarios opositores estén de acuerdo con renovar anticipadamente el Congreso, por lo menos no lo quieren quienes no se siente seguros de ser reelectos», dijo el periodista Darío Ontiveros.
Mientras, los dirigentes del Frente Democrático se aprestan a competir entre ellos por la candidatura única de la oposición a la Presidencia. Por su parte, el oficialismo postularía al parecer al actual vicepresidente, Francisco Tudela.
Pero el consenso de la oposición parece lejano, porque dos de sus principales líderes, Alejandro Toledo y Fernando Olivera , anunciaron que serán candidatos a suceder a Fujimori.
Toledo regresó el domingo a Perú y llamó a sus partidarios a manifestarse en apoyo de su propia candidatura. No obstante, abanonó el lenguaje agresivo que había utilizado en tribunas políticas y foros internacionales para atacar a Fujimor.
«Debe iniciarse un periodo de reconciliación nacional, sin revanchismos», declaró Toledo, en un aparente ofrecimiento de paz al presidente.
Organizaciones opositoras menores, como el Partido Popular Cristiano (PPC), proponen escoger el candidato de la oposición entre personalidades independientes, y mencional al defensor del Pueblo Santistevan.
«Toledo y Olivera deberían posponer sus expectativas presidenciales para el 2005, porque es necesario un periodo de afirmación democrática, que desmonte la estructura corrompida de la dictadura que se va», sostuvo Lourdes Flores, del PPC. (FIN/IPS/al/ff/ip/00
