El Servicio Financiero Ampliado de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) cambió de nombre, pero aún es el centro de las críticas de quienes piden radicales reformas de las instituciones financieras internacionales.
Sin embargo, es poco probable que se discutan cambios en ese servicio durante la reunión conjunta del Banco Mundial y el FMI que comenzó el martes en Praga y terminará el día 28, entre anunciadas protestas callejeras de unos 20.000 activistas.
En la reunión conjunta del año pasado, la sección fue rebautizada como Servicio Financiero de Reducción de la Pobreza y Crecimiento (PRGF, por su sigla en inglés), y transformada en un programa conjunto del banco y el Fondo.
Ambas instituciones se han visto en apuros desde entonces, al tratar de explicar que el nuevo servicio es por completo distinto del anterior, ya que su propiedad corresponde a los países beneficiarios.
"Tratamos de avanzar hacia préstamos programáticos para sectores, por ejemplo educación o salud, a partir de programas acordados (por las instituciones financieras y los países receptores), que no se definen como los proyectos tradicionales de préstamo", afirmó el presidente del banco, James Wolfensohn.
"Le decimos a un gobierno que lo apoyamos en su reforma de la educación primaria o superior, o en su reforma del sistema de salud, pero no se trata de un préstamo de ajuste estructural en el viejo sentido del término", sostuvo.
Wolfensohn aseguró que el banco y el FMI se proponen trabajar en forma más interactiva con las naciones receptoras, cuyos gobiernos estarán "mucho más (instalados) en el asiento del conductor".
En el marco del PRGF, las autoridades nacionales realizan consultas con la sociedad civil, diseñan planes para reducir la pobreza y los someten a la consideración del banco y el FMI para su aprobación y financiamiento.
El énfasis de las instituciones financieras en que el servicio sería "propiedad" de los países beneficiarios determinó que muchas organizaciones promotoras del desarrollo expresaran su satisfacción el año pasado cuando se lanzó el PRGF.
El banco y el FMI prometieron que no habría imposición de condiciones a los receptores sino apoyo a "iniciativas locales" para reducir la pobreza, "con base en la circunstancia particular, experiencia y capacidad de cada país".
El Servicio Financiero Ampliado de Ajuste Estructural (ESAF, por su sigla en inglés) había sido muy criticado por quienes afirmaban que se trataba de una "vestimenta de talle único" que se imponía a cualquier nación sin considerar su situación y caracteristicas particulares.
Un año después del lanzamiento del PRGF, la mayoría de los analistas coincidieron en que no ha implicado un cambio significativo en relación con el ESAF.
Los funcionarios del FMI aconsejan a los países pobres las mismas políticas en materia macroeconómica, de reforma estructural cambiaria e impositiva, de administración fiscal y de ejecución presupuestaria.
"De acuerdo con los parámetros macroeconómicos del FMI, el PRGF es un servicio para programas de ajuste estructural", al igual que el ESAF, afirmó Doug Hellinger, del Grupo de Desarrollo para Políticas Alternativas, una organización no gubernamental con sede en Washington.
Desde que el Banco Mundial comenzó a poner énfasis en la cuestión de la pobreza, en su Informe de Desarrollo Mundial de 1990, las instituciones financieras internacionales han admitido en forma gradual que la pobreza y la desigualdad aumentan en la mayoría de los países que implementaron ajustes estructurales.
Mientras tanto, aumentó la presión para que se abandone la exigencia a los países de imponer esos ajustes como contrapartida de préstamos y otras formas de asistencia.
En respuesta a esa presión, el Banco Mundial lanzó en 1997 la Iniciativa de Revisión de los Ajustes Estructurales con Participación (SAPRI) junto con organizaciones de la sociedad civil.
La SAPRI supervisó reformas en Bangladesh, Ecuador, El Salvador, Ghana, Hungría, Malí, Uganda y Zimbabwe, y en su último informe indicó que muchos foros nacionales pedían al banco que no insistiera en la aplicación de medidas de ajuste que tuvieron impacto devastador en la producción, el empleo y los servicios sociales.
"Sin embargo, incluso en países como Ecuador y Zimbabwe, donde crisis políticas y económicas llevaron al banco a estrechar relaciones con grupos locales de la sociedad civil, la institución aún no ha mostrado voluntad de aceptar cambios sustanciales o alternativas de política económica", señaló.
El énfasis de los ajustes estructurales se centra en evitar déficit presupuestario, y al asignar el gasto público se priorizan las actividades redituables, en desmedro de los subsidios y la función administrativa.
Los programas de ajuste implican que las tasas de interés sean determinadas por los mercados, así como el abatimiento de barreras al comercio para estimular la inversión extranjera directa.
Mas de 90 países implementan algún tipo de política de ajuste estructural en la actualidad, y el FMI impuso el año pasado un promedio de 114 condiciones a naciones de Africa subsahariana que aplican esos ajustes.
La forma de actuar del Banco Mundial y el FMI ha tenido leves cambios en los últimos tiempos, según el Proyecto Breton Woods, una organización no gubernamental (ONG) que estudia las actividades de ambas instituciones.
Bretton Woods es una localidad noriental estadounidense en la cual fueron creados el banco y el Fondo en 1944.
Según la ONG, existe una tendencia a tomar distancia de los postulados acerca de política económica compartidos por ambas instituciones que se denominaban "Consenso de Washington", y a adoptar un nuevo consenso.
El viejo consenso apostaba al desarrollo irrestricto del mercado y el sector privado, pero el nuevo acepta que eso no siempre conduce al bien común, y que es necesario que los gobiernos adopten medidas para evitar la exclusión social.
El Informe de Desarrollo Mundial 2000, difundido por el banco la semana pasada, abunda en retórica acerca de políticas para beneficiar los pobres, participación y potenciación, mientras el último informe anual del FMI enfatiza la necesidad de gastos sociales eficaces.
El interrogante es hasta qué punto el banco y el Fondo están dispuestos a cambiar el fundamento de sus políticas.
Los organismos de dirección de ambas instituciones afirmaron que se sienten alentados por la aceptación mundial del PRGF, en cuyo marco fueron analizados 15 propuestas de estrategias nacionales para reducir la pobreza (PSRP) hasta mediados de este mes.
Las PSRP son descripciones de programas nacionales trienales en materia macroeconómica, estructural y social, y de su aprobación depende el otorgamiento de préstamos del banco y el FMI, así como el alivio de deuda externa en el marco de la iniciativa para Países Pobres Fuertemente Endeudados (HIPC).
La retórica acerca de participación de los receptores en el PRGF "encubre la verdad", escribieron en la revista Noticias de Justicia Económica los integrantes de ONG Nancy Alexander, de la Iniciativa de Desafío de la Globalización, y Charles Abugre, del Centro de Desarrollo Social Integrado, con sede en Ghana.
"La experiencia de muchos países que presentaron PSRP muestra que los programas de ajuste estructural no cambian", y que la participación en el PRGF significa la aceptación de esos ajustes, aseguraron.
Por otra parte, el carácter secreto de documentos del PRGF hace imposible que se establezcan responsabiidades, añadieron. (FIN/IPS/tra-eng/gm/da/ego/mp/dv if ip/00
