El gasto social en Iberoamérica sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades y demandas de la población, afirmaron los ministros de economía de los 21 países en una declaración que firmada en esta capital al cabo de dos días de reunión.
Se trata de una de las reuniones preparatorias de la Cumbre Iberoamericana convocada para el 17 y 18 de noviembre.
«Las las medidas para asegurar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia más urgentes son las que permitan la creación de oportunidades para que niños y adolescentes asuman los roles que les corresponden para su desarrollo e incorporación en la sociedad», dijo a IPS Claudio Sepúlveda, director regional adjunto de Unicef, quien participó en la reunión.
«Sociedades excluyentes que no abren sus puertas a los contingentes de nuevos ciudadanos nunca podrán cumplir las promesas que una declaración como la aprobada este viernes consagra», añadió Sepúlveda en la reunión de ministros de América Latina, España y Portugal.
Porque, concluyó parafraseando al filósofo español José Ortega y Gasset, «el niño es el niño y sus circunstancias».
Los ministros subrayaron que la postergación de políticas de inversión social que amplíen y potencien el capital humano ya no es sólo una falta a la ética, sino un error económico que priva a la sociedad de su principal recurso para adaptarse a la veloz incorporación de progreso técnico en los procesos productivos.
«La inversión social de hoy es un elemento clave en la construcción de la sociedad que seremos mañana», según la declaración.
Esa situación fue puesta de relieve por otro participante en la reunión, John Hastings, directivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien puso de manifiesto con cifras y estadísticas que los beneficios educativos no han llegado a todos los jóvenes.
El caso extremo es Paraguay, donde los sólo dos por ciento de los jóvenes pobres finalizan la escuela secundaria, mientras ese porcentaje sube a más de 60 por ciento entre los más ricos.
Bolivia constituye la otra cara de la moneda, pues allí 48 por ciento de los pobres completan el ciclo secundario, porcentaje que sube a 83 por ciento entre los ricos.
Otro caso mencionado por Hastings es Uruguay, donde el porcentaje del sector más pobre de los jóvenes que finalizan la secundaria es de 18 por ciento, mientras que en los ricos es del 72 por ciento.
En Argentina, un país en que la calidad de la enseñanza gozaba de reconocimiento internacional, completan el ciclo 93 por ciento de los ricos (el porcentaje más alto de los 21 países), mientras que ese porcentaje se reduce a 16 por ciento de los pobres.
Por eso, dijo Norberto Delgado, ministro de Economía de Panamá y presidente de la reunión, «es necesario dirigir los recursos hacia quienes más los necesitan, según estratos de ingresos, zonas geográficas, grupos de edad, sexo u otras condiciones similares».
Atendiendo a esas y otras circunstancias, los ministros se comprometen a transformar el gasto social en inversión social.
Para ello «impulsaremos las acciones y transformaciones necesarias para que el gasto social sea adecuado, equitativo y eficiente, de manera que se constituya en una verdadera inversión social dirigida a construir el capital humano necesario para la competitividad económica y la integración social, que deben caracterizar un desarrollo humano sostenible», declararon.
En ese plano se proponen «adoptar un enfoque integral de las políticas sociales para que se promueva una efectiva igualdad de oportunidades y se generen las capacidades que las personas requieren para participar y contribuir al esfuerzo productivo nacional».
Así mismo, manifiestan su voluntad de impulsar políticas que concentren la inversión social en «aquellos grupos en situación de extrema pobreza y los que muestran mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión».
Esas políticas demandan, según los ministros, «el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos regionales, provinciales y locales, así como de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones comunales de base».
Las organizaciones comunales de base son «las que pueden garantizar la participación de la sociedad y de los propios beneficiarios» en los programas de desarrollo integral.
Por último, además de comprometerse a promover la adopción de sistemas de incentivos y de rendimiento de cuentas «que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades asignadas» en los programas de desarrollo, los ministros manifestaro su voluntad de fortalecer la coordinación de las políticas sociales.
Esto llevará, concluyen, a que se aproveche la sinergia entre los diversos programas sociales, como los de educación, nutrición y salud, para romper de manera efectiva los patrones de reproducción intergeneracional de la pobreza. (FIN/IPS/td/mj/ed dv/00
