Los últimos atentados y la desarticulación de la estructura de la organización ilegal ETA anuncian cambios en el País Vasco español, que afectarán al gobierno autónomo, a los etarras y a los grupos que apoyan a éstos.
Los atentados cometidos en las últimas semanas por ETA (siglas de Patria Vasca y Libertad en lengua euskera) se caracterizaron por afectar a personas desarmadas, sin escolta y con antecedentes progresistas y democráticos.
El último ataque fue perpetrado el jueves contra el socialista José Ramón Recalde, un activo militante socialista contra la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Recalde sobrevivió al balazo que recibió en la cara.
Las escuelas del País Vasco paralizaron este lunes sus actividades 15 minutos en solidaridad con Recalde, quien fue ministro de Educación y Justicia de esta región en un gobierno de coalición integrado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En los días siguientes a ese atentado y en una operación policial franco-española, fueron detenidos Ignacio Gracia Arregui (conocido como Iñaki de Rentería), considerado el principal dirigente de ETA, y otros 15 etarras que preparaban en Francia atentados que se cometían en España.
Entre los detenidos está Rosario Delgado Iriondo, quien residió en Uruguay entre 1992 y 1996, país al que se trasladó tras eludir un cerco policial en España, acusada de haber participado en atentados que ocasionaron la muerte a 18 personas.
Requerida por la justicia española, Delgado Iriondo huyó de Uruguay, pasó por Brasil y permaneció clandestinamente en Francia. El juez Baltasar Garzón pedirá su extradición ahora, según fuentes judiciales.
Fuentes policiales aseguraron que el golpe recibido por ETA es muy fuerte y que le costará recuperarse, si bien el ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, ha dicho este lunes que la organización responderá a las detenciones con más atentados.
Las primeras reacciones contra el operativo franco-español se perciben en las calles de las ciudades vascas.
Allí, jóvenes partidarios de ETA atacan automóviles, residencias y comercios de dirigentes del centroderechista Partido Popular (PP), gobernante en España, del PSOE y de Eusko Alkartasuna (EA), integrante del gobierno autónomo vasco encabezado por el PNV.
La actividad de esos jóvenes, que queman locales comerciales, cabinas telefónicas y vehículos particulares y de transporte colectivo, ha llevado al gobernante PP a establecer contactos con el PSOE para discutir la modificaciones del Código Penal que permitan el juzgamiento de menores de edad.
Varios penalistas entienden que no se debe aplicar la ley a los menores aunque cometan delitos calificados de terroristas. Si no pueden ser condenados por homicidio, sino enviados a institutos correccionales, tampoco pueden serlo por quemar locales, automóviles o residencias, según estos expertos.
La situación, además, se presenta muy complicada para el gobierno autónomo presidido por el Juan José Ibarretxe (PNV), nombrado con el apoyo de su partido, de EA y de Euskal Herritarrok (EH, coalición apoyada por ETA).
Ibarretxe quedó en minoría al retirarse del parlamento los diputados de EH. El PSOE y el PP le exigen ahora que se someta a una moción de confianza o que convoque elecciones anticipadas, a lo que se niega.
La clave puede estar en lo que resuelva el PSOE en los próximos días, ya que en su filial vasca hay tres posiciones. Una, apoyada por el ex presidente del gobierno español, Felipe González, propugna una alianza entre el PNV y el PSOE.
El grupo encabezado por el secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo, entiende que la mejor salida es un pacto de su partido con el PP.
Entre ambas posturas se maneja el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien todavía no adoptó una posición definitiva pero se manifestó partidario de que Ibarretxe convoque a elecciones cuanto antes. (FIN/IPS/td/mj/ip/00
