Un tribunal federal de Estados Unidos postergó hasta el 21 de noviembre su decisión sobre el reclamo de compensación de 19 ex reclusos del estado de Oregon que fueron sometidos a experimentos con rayos X en los años 60 y 70.
La postergación tiende a permitir que las partes alcancen un acuerdo, pero los abogados consideran improbable que el gobierno federal compense voluntariamente a las víctimas de los experimentos humanos, que han sido comparados a los realizados por los nazis durante la segunda guerra mundial.
Entre 1961 y 1973, 131 reclusos de las penitenciarías estaduales de Oregon y Washington fueron sometidos a vasectomías y altas dosis de radiación en sus testículos como parte de una prueba para determinar el impacto de los rayos sobre el sistema reproductivo masculino.
A cambio, se les prometió libertad anticipada y la oportunidad de "redimirse sirviendo a la patria". También se les pagó 25 dólares por cada biopsia y 100 por la vasectomía.
Pero los presos no sabían que, además de volverse estériles, padecerían dolores permanentes, graves lesiones cutáneas y una mayor probabilidad de desarrollar cáncer.
La Comisión de Energía Atómica (antecesora del Departamento de Energía) patrocinó y supervisó durante la guerra fría numerosas pruebas con radiación sobre pacientes terminales, fetos abortados, niños con retardo mental, personas pobres y reclusos.
El "noble propósito" consistía en proteger a los ciudadanos estadounidenses que participaban del desarrollo de programas nucleares y espaciales, de alta prioridad para Washington durante la guerra fría.
Los experimentos se conocieron públicamente en noviembre de 1993, y una comisión asesora designada por el presidente Bill Clinton recomendó el pago de una compensación a las víctimas o a sus familiares sobrevivientes.
Pero en el caso de los ex reclusos, el gobierno se negó a compensarlos, arguyendo que no es directamente responsable por los experimentos.
O quizá la razón sea que el gobierno considera a los ex presos de Oregon y Washington indignos de compensación, sugirió uno de los abogados de las víctimas, que ahora pretenden convertir sus demandas en una acción judicial grupal.
"Puede ser que Washington no haga lo que debe hacer porque se trata de ex presidiarios, o puede ser que simplemente no le importe", acusó Eric Cramer, abogado de los demandantes.
El principal demandante, Harold Bibeau, sostiene que en los últimos 30 años ha sufrido severos dolores testiculares, además de erupciones en el escroto, bultos en sus brazos y espalda y una verruga en la parte superior interna de una de sus piernas.
Bibeau nunca consultó a un médico, por asumir que se trataba del proceso normal de envejecimiento, hasta que leyó en un periódico las revelaciones del Departamento de Energía.
El demandante todavía recuerda lo sucedido el 29 de septiembre de 1965, cuando fue conducido desde su celda hasta un laboratorio. Allí le ordenaron acostarse boca abajo, con su escroto suspendido dentro de una caja de plástico con agua tibia para que los testículos descendieran.
Luego le aplicaron una radiación 20 veces superior a la emitida en una radiografía de tórax.
Bibeau y otros "voluntarios" debieron proveer regularmente muestras de semen, sangre y orina. Al final del experimento, se los sometió a vasectomías por temor a que produjeran hijos anormales.
En 1995, Bibeau entabló una demanda ante un tribunal federal por 250 millones de dólares, como compensación por los efectos a largo plazo de los experimentos y por la supresión de información esencial que lo hubiera decidido a él y a las otras 67 víctimas de la prisión de Oregon a procurar atención médica.
Los demandados fueron la Fundación de Investigación del Noroeste del Pacífico y dos de sus funcionarios, el ahora extinto Carl Heller y su asistente Mavis Rowley, además de funcionarios del estado de Oregon y dos médicos de la prisión que realizaron las biopsias y las vasectomías.
Pero Bibeau también reclamó una compensación del gobierno federal, al que acusó de "promover, aprobar y supervisar los experimentos".
El 15 de agosto, los demandantes llegaron a un acuerdo tentativo por 2,2 millones de dólares con el estado de Oregon, los dos médicos y la Fundación, pero no con Washington.
En su última petición al tribunal, el gobierno alegó inmunidad sobre la base de la "función discrecional", es decir, que la división de la Comisión de Energía Atómica encargada de los experimentos tenía amplia autonomía para realizarlos.
Pero los demandantes arguyen que la autoridad de la división en realidad era muy limitada y que la Comisión, ya en la década de 1950, tenía prohibido financiar o respaldar en modo alguno pruebas no terapéuticas con seres humanos.
Aunque esa política se volvió más laxa en los años 60, todavía era aplicable a los experimentos en las prisiones, sostienen las víctimas.
Podrían pasar años hasta la conclusión del juicio, pero Bibeau asegura que cumplirá la promesa que hizo ante la comisión asesora en 1994.
"La mitad de las víctimas ya están muertas. El gobierno espera que, si nos ignora el tiempo suficiente, nosotros también muramos y el problema simplemente desaparezca, pero no desaparecerá", dijo Bibeau. (FIN/IPS/tra-en/mp/da/mlm/hd/00
