Indígenas ecuatorianos lanzaron hoy protestas contra el fallo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que rechazó las firmas presentadas por la organización que los representa para llamar a plebiscito contra las privatizaciones y contra la concesión a Estados Unidos de una base militar.
Indígenas y campesinos bloquearon carreteras en distintos puntos de las provincias de Azuay, Cañar y Loja en la Sierra sur, y Cotopaxi y Chimborazo en la sierra central.
Las protestas fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (Conaie), la Coordinadora Nacional Campesina y la Coordinadora de Movimientos Sociales, que presentaron en agosto más de un millón de firmas al TSE.
En enero, protestas masivas convocadas por organizaciones indígenas y sociales y oficiales de las Fuerzas Armadas derivaron en el derrocamiento del entonces presidente Jamil Mahuad y la asunción del actual mandatario, Gustavo Noboa.
Con el voto de seis de sus siete integrantes, el tribunal rechazó la propuesta argumentando que había irregularidades y falsificación de firmas.
La Asamblea Nacional de la Conaie, con representantes de todo el país, cuestionó el procedimiento utilizado para verificar las firmas y abrió dudas sobre la actuación del tribunal.
Los indígenas también argumentaron que no era casual el hecho de que dos semanas antes de la resolución del Tribunal, un diputado socialcristiano y un dirigente empresarial vinculado con ese partido declararon a la prensa que la firmas eran falsificadas.
«El tribunal es una institución con poca credibilidad que este año tuvo que repetir las elecciones municipales en varios municipios donde se constató fraude a favor del (derechista) Partido Social Cristiano (PSC)», señaló el dirigente indígena Ricardo Ulcuango.
El presidente del TSE, Eduardo Villaquirán, que pertenece al PSC, anunció un juicio contra los dirigentes de la Conaie por la supuesta falsificación.
Según el procedimiento de verificación utilizado por el TSE, luego de recibidas las papeletas se calculó que contenían unas 789.000 firmas.
Luego de esa estimación, se verificó la autenticidad de 15 por ciento (118.350 rúbricas), y de esa verificación se extrajo el resultado final, según el cual solo el 30 por ciento de las firmas presentadas serían válidas.
Trasladado ese porcentaje al total estimado de 789.000, solo 185.372 serían válidas, y la Constitución requiere la firma de ocho por ciento de los habilitados para votar, que en la actualidad equivale a 605.000 ciudadanos.
La dirigencia indígena pide que se verifiquen todas las firmas entregadas y que en caso de que haya firmas falsificadas se investigue hasta las últimas consecuencias.
Ulcuango, vicepresidente de la Conaie, aseguró a IPS que ellos no responden por lo que puede haber ocurrido con las firmas dentro del TSE, dando a entender que las papeletas con irregularidades podrían haberse introducido luego de entregadas las firmas.
Tanto el Partido Social Cristiano como los empresarios de la Costa, la región más rica de Ecuador, habían atacado a la Conaie por sus protestas contra las privatizaciones.
La Asamblea de la Conaie denunció «una persecución política a sus dirigentes, y una voluntad de liquidar al movimiento indígena que ha frenado la voracidad de una vieja clase política que se apropia de los bienes y recursos del Estado, valiéndose de permanentes violaciones constitucionales».
Los indígenas demandaron a la OEA, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales una permanente vigilancia a los procesos políticos, sociales y económicos que vive Ecuador.
La asamblea indígena también llamó la atención del presidente de la organización, Antonio Vargas, por anunciar el levantamiento indígena para la semana pasada sin haber procesado una discusión amplia con las comunidades.
«Por eso, las comunidades prefirieron no levantarse hasta que haya una discusión amplia sobre las privatizaciones, la presencia estadounidense y las formas en que esto afecta a las nacionalidades indígenas», señaló una de las concurrentes.
«Sabemos que la privatización del agua y el petróleo afectará directamente a los indígenas, y que con la base de Manta nos veremos involucrados en un conflicto ajeno, pero eso debe ser procesado de acuerdo a nuestros tiempos», argumentó.
La asambleísta se refería a las versiones según las cuales la base de Manta se utilizaría como apoyo del Plan Colombia, planteado por el presidente de ese país, Andrés Pastrana, para impulsar la lucha contra el narcotráfico y la pacificación del país con cooperación del mundo industrializado.
En ese sentido cuestionaron a Vargas por tomar decisiones sin consultar al movimiento indígena y «solo basarse en la opinión de un asesor que no es indígena y que está cuestionado éticamente».
Los representantes de las bases arguyeron que este tirón de orejas a su presidente es para que «no se vuelva a repetir una situación similar y dejar claro que cualquier dirigente puede ser removido si no cumple con el mandato de las organizaciones».
Sin embargo, no cuestionaron el sentido de las movilizaciones, rechazaron la decisión del TSE y aseguraron que en los próximos días aumentarán progresivamente las movilizaciones hasta llegar a un gran levantamiento «en caso de que no ser escuchados».
Las protestas se habían iniciado el miércoles con la llegada a Quito de más de un centenar de mujeres indígenas que en calidad de «chasquis de las comunidades» entregaron al presidente del Congreso, Hugo Quevedo, un mensaje pidiendo la derogación de la ley de privatizaciones y la retirada de los estadounidenses de la Manta.
Las dirigentes Josefina Lema y Vicenta Chuma, advirtieron a los diputados que habían llegado a la capital para vigilar que el Congreso cumpla sus demandas.
A las objeciones indígenas se suman las de militares que piden la revisión del acuerdo con Estados Unidos sobre Manta, porque los efectivos de ese país estarían «asumiendo atribuciones que lesionan la soberanía nacional».
Un sector de los militares también levantó la voz contra las privatizaciones luego de que las cámaras empresariales cuestionaran la posibilidad de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyera un oleoducto para crudos pesados.
Los empresarios reclaman que de la construcción del oleoducto se encarguen empresas privadas transnacionales que presentaron una oferta de 800 millones de dólares.
Sin embargo, ante la intención del Cuerpo de Ingenieros, estas empresas bajaron sus pretensiones a 600 millones de dólares, demostrando que su propuesta estaría sobreevaluada.
El encargado de construir el oleoducto usufructuaría sus instalaciones durante 25 años, plazo estimado para que se acaben las reservas petrolíferas ecuatorianas, y luego sería entregado al Estado.
Para la Conaie y algunos sectores de las Fuerzas Armadas, ser dueño de los oleoductos equivale a adueñarse del crudo ecuatoriano.
«Es un negocio pésimo para Ecuador, que deberá pagar para transportar su propio petróleo, se pueden agotar las reservas petrolíferas y lesionaría la soberanía del país», arguyó Ulcuango. (FIN/IPS/kl/mj/ip pr/00
