Malí, uno de los países más pobres del mundo, obtuvo 220 millones de dólares para el alivio de su deuda externa y podría recibir otros 650 millones si cumple las condiciones fijadas por el Banco Mundial y el FMI, anunciaron ambas instituciones financieras.
La segunda parte del paquete estará disponible cuando el gobierno de ese país africano haya realizado avances en materia de salud y educación, y aplicado satisfactoriamente una Estrategia para la Reducción de la Pobreza en consulta con los donantes y la sociedad civil.
Las contribuciones del FMI (Fondo Monetario Internacional) podrían demorarse si el Congreso de Estados Unidos se niega, como hasta ahora, a aportarle a la agencia todo el dinero prometido por el gobierno de Bill Clinton para un fondo especial para el alivio de la deuda de los países pobres fuertemente endeudados.
El FMI se rehúsa a ofrecer un alivio total de la deuda a los posibles beneficiarios hasta que el fondo especial llegue a cubrir la deuda de esos países ante bancos regionales, como el Banco Africano de Desarrollo.
Malí debe a ese banco y su filial de préstamos preferenciales unos 390 millones de dólares, equivalentes a 13 por ciento del total de su deuda externa.
El anuncio del martes agrega a Malí a la lista de naciones que han calificado para el alivio de la deuda bajo la iniciativa para los países pobres fuertemente endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), lanzada hace cuatro años.
Los otros países de la lista son Benín, Bolivia, Burkina Faso, Honduras, Mauritania, Mozambique, Senegal, Tanzania y Uganda.
La iniciativa HIPC, que abarca a 36 posibles beneficiarios, está destinada a reducir el servicio de la deuda de esos estados. El Banco y el FMI esperan tener paquetes de alivio de la deuda para un total de 20 países antes de fin de año.
La "iniciativa mejorada" HIPC, adoptada por ambas instituciones financieras el pasado octubre, ofrece un alivio adicional de la deuda a aquellos países que apliquen políticas destinadas a extender los servicios de educación y salud a sus ciudadanos más pobres.
Con un ingreso bruto por habitante de 250 dólares al año y una población de 11 millones, Malí, un país mediterráneo fronterizo con Argelia al norte y con Guinea y Costa de Marfil al sur, se encuentra entre las 10 naciones menos desarrolladas del mundo, según el último Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU.
La expectativa de vida al nacer es de 47 años, y apenas 39 por ciento de los hombres y 23 por ciento de las mujeres son alfabetos.
La deuda externa total de Malí asciende a 3.200 millones de dólares, mientras la ayuda exterior que recibe se ha reducido de 430 millones de dólares en 1992 a 350 millones en 1998.
El gobierno de Alpha Oumar Konare, elegido democráticamente, asignó importantes recursos para la mejora de los servicios sociales, la atención de la salud y la educación primaria. La tasa de inscripción escolar aumentó de 32 a 56 por ciento entre 1991 y 1999.
Así mismo, el gobierno malí aplica las reformas macroeconómicas recomendadas por el Banco Mundial y el FMI, y según ambas agencias, esas políticas rindieron sus frutos en los últimos años.
Pese a las inclemencias del clima y al aumento del precio del petróleo, el producto interno bruto tuvo un crecimiento real promedio de cinco por ciento anual desde 1997.
Bajo la iniciativa HIPC, el Banco y el FMI ofrecerán una reducción de 220 millones de dólares al servicio de la deuda de Malí, o 128 millones de dólares según su valor actual neto, por su cumplimiento con los objetivos fijados por ambas instituciones.
Ahora, Malí también es elegible para la iniciativa mejorada, siempre que cumpla con las condiciones de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Las condiciones incluyen el mantenimiento de las políticas macroeconómicas prescriptas, la reestructuración de la industria del algodón, la privatización de empresas y bancos del Estado, y nuevas medidas en los sectores de la salud y la educación, en especial sobre políticas de empleo y presupuesto.
La Estrategia para la Reducción de la Pobreza, a aplicarse en un proceso que involucre a la sociedad civil, también debe ser aprobada por el Banco Mundial y el FMI.
Este hecho fue criticado por organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales consideraron que el FMI carece de conocimientos y experiencia sobre estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza y por lo tanto no debería tener la facultad de vetar ningún programa en esa área.
Además, arguyen las ONG, tanto la iniciativa HIPC como su versión "mejorada" son insuficientes y llegaron muy tarde para los países más pobres, enfrentados a catástrofes como la rápida propagación de enfermedades infecciosas, principalmente la malaria y el sida.
Las ONG, en particular Jubileo 2000 y Oxfam, reclaman la cancelación total de la deuda externa de esos países. (FIN/IPS/tra- en/jl/da/mlm/dv/00
