El uso de las minas antipersonales comienza a ceder terreno 18 meses después de que entrara en vigor el tratado que las prohíbe, aseguró la coalición de organizaciones no gubernamentales que aboga por la eliminación de este tipo de armas.
El segundo informe anual de la Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestres (ICBL), la coalición ganadora en 1997 del premio Nobel de la Paz, destaca que la cantidad de víctimas de las minas terrestres descendió drásticamente en territorios minados como Afganistán, Bosnia, Camboya y Mozambique.
Más de 22 millones de minas fueron destruidas de los arsenales de al menos 50 países en los últimos dos años, equivalentes a casi 10 por ciento de la totalidad existente en el mundo.
En el mismo lapso no se detectó ningún tipo de tráfico de minas entre estados, según el informe.
"Las minas antipersonales son cada vez más una reliquia del pasado", dijo Stephen Goose, de la organización Human Rights Watch, la defensora de los derechos humanos que redactó el anual Informe Monitor de las Minas Terrestres junto con grupos de Canadá, Kenia y Noruega, en nombre de la ICBL.
No obstante, el informe de este año revela que, desde marzo de 1999, once gobiernos y numerosos grupos insurgentes usaron minas en 20 conflictos armados.
El mayor uso correspondió a las fuerzas rusas en la guerra de Chechenia y a las de Yugoslavia en Kosovo, aunque los gobiernos de Angola, Burundi y Sudán también emplearon minas, a pesar de que los tres países firmaron el tratado, añade el informe.
El informe recoge las versiones sobre el posible uso de minas por varios de los bandos en conflicto en República Democrática del Congo (RDC), incluso por Ruanda, Uganda y Zimbabwe, aunque los tres países, signatarios del tratado, lo niegan.
"A pesar de estos datos perturbadores, las minas ya no se usan en la escala de los años 70, 80 y principios de los 90, cuando se colocaban millones por año… y a mayor ritmo de lo que se retiraban", señala.
"Hoy ese ya no es el caso. Comenzamos a ganar terreno en la batalla contra las minas", agrega.
El informe de 1.100 páginas, producto de la investigación de 115 personas en 95 países, surge a pocos días de que se reanuden este lunes en Ginebra las negociaciones para aplicar el tratado.
El instrumento, que prohíbe el uso, depósito, producción y transferencia de las minas antipersonales, se comenzó a firmar en diciembre de 1997 después de una larga campaña por la ICBL, integrada por más de 1.000 organizaciones no gubernamentales, y gobiernos como Canadá y Noruega.
El bajo costo de las minas terrestres las convirtió en armas favoritas en las guerras de países pobres donde, con frecuencia, Estados Unidos y la ex Unión Soviética apoyaban a bandos contrarios.
Las minas mataban o mutilaban a más de 26.000 víctimas por año para mediados de los años 90, según el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos. Los países más perjudicados fueron, en orden de importancia, Camboya, Angola, Mozambique, Vietnam, Somalia y Afganistán.
Más de 130 países firmaron el tratado para cuando entró en vigor después de ser ratificado por 65 países en marzo de 1999.
Entre los países que lo ratificaron están todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con excepción de Estados Unidos, la mayoría de Africa austral, América Central y el Caribe.
También lo hicieron varios países africanos francófonos, Australia, Japón, México y Tailandia. Estados Unidos, junto con China, India y Rusia, están entre los 56 estados que no han firmado ni ratificado el tratado.
Hasta el 1 de agosto, 138 países habían firmado el tratado, de los cuales 101 lo ratificaron o aprobaron.
Estas acciones se tradujeron en avances concretos, según el informe. Sólo 16 países de los 54 productores de minas en los años 90 siguen fabricándolas, agrega.
Los investigadores del informe no hallaron pruebas de que los países signatarios hayan violado el tratado en lo concerniente al uso, producción o comercialización de minas. Veintiún países destruyeron sus arsenales y 24 más están en ese proceso.
La comunidad internacional, dirigida por Estados Unidos, dedicó más de 200 millones de dólares a la remoción de minas en 1999, más de 30 por ciento más que el año previo. La remoción se realiza en 40 países.
En consecuencia, hubo menos víctimas, sobre todo en Afganistán, Bosnia, Camboya y Mozambique. De todas maneras, las minas siguen cobrando vidas en Afganistán, Camboya y Birmania, y en menor grado en Angola, Chechenia y Kosovo.
Además de Chechenia, a partir de marzo de 1999 las minas se usaron en Filipinas, por parte de grupos insurgentes, y en Cachemira, donde guerrilleros apoyados por Pakistán y presuntas fuerzas paquistaníes las utilizaron contra soldados de India.
También las utilizaron el gobierno y los grupos armados rebeldes de Angola, Birmania y Sri Lanka. En Nepal las emplearon las fuerzas maoístas insurgentes, y en Afganistán las fuerzas contrarias al movimiento Talibán que controla 90 por ciento del territorio.
En RDC fueron empleadas por el gobierno y los rebeldes, por Eritrea en la guerra contra Etiopía, en Senegal y Uganda por los insurgentes, en Colombia por la guerrilla y en el sur de Líbano por fuerzas israelíes y de la resistencia Hezbollah.
En Georgia las usaron sectores separatistas, y grupos rebeldes en Turquía y el norte de Iraq.
Los mayores arsenales de minas terrestres corresponden a China (110 millones), Rusia (60-70 millones), Belarús (10-15 millones), Estados Unidos (11 millones), Ucrania (10 millones), Pakistán (6 millones) e India (4-5 millones).(FIN/IPS/tra-en/jl/da/aq/ip/00
