Transparencia Internacional (TI), la organización que mide la corrupción en el mundo, premiará este fin de semana a funcionarios, periodistas y organizaciones de Argentina, Filipinas, Marruecos y Sri Lanka que denunciaron actos ilícitos de sus gobiernos.
La ceremonia será la primera de lo que TI prevé será un evento anual para honrar «el valor y la dedicación de personas y organizaciones que combaten la corrupción en el mundo», según Peter Eigen, presidente de la organización.
Dos de los homenajeados serán representados por sus familiares. El argentino Alfredo Pochat fue asesinado en 1997, el mismo día en que iba a dar una conferencia de prensa para revelar un fraude millonario en dólares en la Administración Nacional de Seguridad Social.
El receptor de Marruecos, el capitán del ejército Mustafá Adib, está en la cárcel, a la espera de que un tribunal militar falle sobre su caso.
Lasantha Wickremetunge, de Sri Lanka, es redactor responsable del periódico dominical Sunday Leader y expuso la corrupción en privatizaciones de empresas del Estado y en negocios de armas.
La cuarta galardonada será una organización no gubernamental de Filipinas, Ciudadanos de Abra Preocupados por un Buen Gobierno (CCAGG), que denunció la corrupción en proyectos de infraestructura del gobierno y se convirtió en un modelo para grupos similares en el país.
TI, con sede en Berlín, creó un Comité de Premios el año pasado, presidido por Virginia Tsouderos, representante de la organización en Grecia. «Ya era hora que reconociéramos el valor de hombres y mujeres comunes y corrientes que dedicaron sus esfuerzos para responsabilizar a sus gobiernos», dijo.
La lista anual de TI que clasifica a los países según el grado de corrupción que se percibe en ellos tuvo un papel importante a la hora de que instituciones financieras multilaterales, como el Banco Mundial, dieran prioridad al problema.
Los organismos multilaterales prestan cada vez más atención a los factores de «gobierno» para explicar el mal rendimiento económico de las reformas de ajuste estructural que recomendaron a los países en desarrollo en los años 80 y 90.
En consecuencia, desarrollaron nuevos programas para mejorar los sistemas judiciales y los regímenes regulatorios, para promover el imperio de la ley y asegurar la transparencia en los organismos públicos. Todas estas medidas pueden ayudar a impedir o denunciar la corrupción de los gobiernos.
«La comunidad internacional no ha reconocido los riesgos que toma la gente al denunciar estos actos», según Frank Morales, analista del no gubernamental Proyecto de Responsabilidad Gubernamental (GAP).
«Pero ahora esto se está reconociendo, no sólo aquí (en Estados Unidos) y en otros países industrializados, sino también en los países en desarrollo», aseguró.
El GAP, por ejemplo participa en la redacción de proyectos de ley que protejan a aquellos que denuncien actos ilícitos de los gobiernos de América Central, según un programa patrocinado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sudáfrica aplicó este tipo de legislación, y protecciones similares se debaten en los parlamentos de Argentina y Corea del Sur, dijo Morales.
El GAP también reveló casos de personas que fueron sancionadas por exponer la corrupción en sus gobiernos.
El primer caso de su campaña internacional refiere a Lupe Andrade, una periodista boliviana elegida como alcalde de La Paz que expuso, entre otras irregularidades, el desvío de fondos de jubilación y la emisión de 100 millones de dólares en pagarés ilegítimos por un alcalde anterior.
El gobierno respondió acusándola de mala conducta y, sin el debido proceso, la envió a prisión, donde sigue hasta la fecha, según el GAP.
El premio de TI también tiene el propósito de llamar la atención a estos casos. «Hemos presentado los Premios a la Integridad para ayudar a elevar la conciencia mundial sobre la corrupción y reconocer el tremendo valor y logros sobresalientes de personas y organizaciones», dijo Eigen.
Pochat dedicó su carrera y su vida a combatir la corrupción en Argentina. Fue asesinado en Mar del Plata, el 4 de junio de 1997. En homenaje a su sacrificio, el Estado argentino nombró el 4 de junio Día contra la Corrupción.
Como abogado del Banco Central en los años 80, Pochat investigó la desaparición de capitales de más de 70 instituciones financieras. Dedicado a la práctica privada desde 1995, asumió los principales casos de corrupción del país, incluso los de fondos de atención médica, compañías privatizadas y sistemas judiciales provinciales y federales.
Adib denunció en 1998 el plan de oficiales superiores de vender en forma ilegal combustible destinado a la base aérea en que cumplía sus funciones. Después de una investigación, los oficiales en cuestión fueron dados de baja del ejército, pero el propio Adib fue objeto de acoso en el arma.
Cuando se quejó ante el diario francés Le Monde, en diciembre de 1999, fue detenido y sentenciado a cinco años de cárcel por un tribunal militar. Durante una huelga de hambre iniciada en mayo, la Corte Suprema de Marruecos anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio.
Wickremetunga, abogado y periodista, fue uno de los críticos más firmes contra el intento del gobierno de Sri Lanka de censurar a los medios de comunicación. En consecuencia, su periódico fue prohibido durante seis meses, cosa que la Corte Suprema anuló el 30 de junio.
Como redactor responsable de su periódico, denunció la corrupción y recibió amenazas de muerte, fue objeto de violencia física, incluso un ataque armado, y de demandas por difamación.
La CCAGG tiene 1.000 miembros dedicados a vigilar los proyectos de infraestructura en la nordestina provincia de Abra, en Filipinas. Su investigación de proyectos sin concluir del Departamento de Obras Públicas y Autopistas resultó en la suspensión de 11 ingenieros estatales. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/hd-ip/00
