El Tribunal Constitucional de Sudán se ganó el elogio de organizaciones de derechos humanos al suspender un decreto del gobierno fundamentalista islámico que prohibía a las mujeres trabajar en lugares públicos, como restaurantes y estaciones de servicio.
La prohibición, decretada el día 3 por el gobernador del estado de Jartum Mazjoub al Khalifa, tenía el fin de impedir que las mujeres entraran en contacto directo con los hombres, «como lo estipula» la ley islámica, explicó.
No obstante, el tribunal suspendió esta semana el decreto en respuesta a una solicitud de la Unión de Mujeres de Sudán.
El decreto desencadenó las protestas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, considerándola una violación del derecho a la igualdad y al trabajo de la mujer
Human Rights Watch, la principal organización de derechos humanos de Estados Unidos, consideró «escandaloso» el decreto ahora suspendido.
«Es escandaloso que el gobernador quiera impedir que las mujeres hagan el trabajo que han hecho durante décadas sólo porque son mujeres», declaró Regan Ralph, representante de HRW.
Diversos observadores señalan que el decreto del gobernador fue una reacción a la contratación de mujeres en las estaciones de servicio de la compañía trasnacional Shell, lo cual provocó opiniones negativas en el país mayoritariamente musulmán de Africa del norte.
El gobernador justificó el decreto diciendo que tenía el fin de «honrar a las mujeres» y defender su situación, de conformidad con la ley islámica, al igual que «respetar los valores y tradiciones de la nación».
Pero los grupos de derechos humanos temen que este sea el comienzo de una ofensiva oficial para eliminar la presencia femenina de los lugares de trabajo, como en Afganistán, que sólo permite a los hombres trabajar fuera de la casa.
Sudán firmó el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que garantiza los derechos de las personas a trabajar.
«El decreto es contrario a las garantías dadas por el artículo 21 de la Constitución y a normas internacionales de derechos humanos», aseguró Ralph.
En los últimos 20 años, Sudán incorporó la ley islámica en su constitución, que exige que las mujeres se «vistan decorosamente», con la cabeza y el cuerpo cubiertos mientras estén en lugares públicos.
La decisión de Jartum de imponer la ley islámica desató hace 17 años la guerra civil entre el gobierno y el Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA), que combate por la autodeterminación del sur, principalmente cristiano y animista.
La ley islámica sigue siendo la manzana de la discordia de las gestiones diplomáticas para resolver el conflicto.
El SPLA insiste en que la solución política debe incluir la separación entre el Estado y la religión, un sacrificio que Jartum no estaría dispuesto a hacer.
La guerra civil provocó la muerte a más de dos millones de personas en el país de 28 millones de habitantes, directamente y por hambrunas generadas por el conflicto.
La guerra también convirtió a las mujeres, tanto del norte como del sur, en las principales generadoras de ingresos de sus familias.
Por lo tanto, el decreto no sólo era considerado una violación de los derechos de las mujeres, sino un importante retroceso en la lucha contra la pobreza. (FIN/IPS/tra-en/ja/sm/aq/hd/00
