El juez español Baltasar Garzón procesó hoy al militar torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México, tras atender el testimonio de Cristina Muro, una de sus víctimas.
Muro, de 49 años, su esposo y su hijo recién nacido fueron apresados en Buenos Aires el 26 de febrero de 1977 por un grupo de marinos comandados por Cavallo, conocido por sus compañeros de armas y víctimas como «Serpico» cuando en Argentina regía la dictadura del general Jorge Rafael Videla (1976-1983).
Garzón puso ante la mujer medio centenar de fotografías y ella identificó en una de ellas a Cavallo «sin ninguna duda», dijo Muro a IPS.
Aquel día de 1977, el militar ingresó acompañado por un grupo de hombres armados al domicilio de Muro, horas después de haber detenido a su marido, Carlos Alberto Chiapolini. Allí, la tomó por los hombros y le dijo: «Quieta, arriba las manos.»
Como ella se puso a gritar, rompieron a patadas los muebles de su domicilio, tomaron a su bebé de cinco días por los pies y lo sostuvieron cabeza abajo apuntándole con una pistola. A ella la golpearon, al extremo de abrirle la sutura del parto.
Tiempo después se enteró, por otro detenido también liberado, que su marido fue torturado hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), cárcel clandestina y centro de torturas en Buenos Aires.
Cavallo dirigía hasta el mes pasado la empresa contratada por el gobierno de México para el registro de automóviles, y en ese carácter era entrevistado con frecuencia por los medios de comunicación. Cuando el diario mexicano Reforma reveló su pasado, él lo negó.
La extradición a España de Cavallo, detenido el 24 de agosto en México al ser reconocido por víctimas suyas entrevistadas por Reforma, tropieza con dos obstáculos.
Uno de ellos es que Cavallo niega ser el Sérpico que actuaba en la Esma. El segundo es la oposición de la Fiscalía española, según la cual los delitos de que se acusa al marino fueron amnistiados por normas promulgadas por el gobierno constitucional que encabezó en Argentina Raúl Alfonsín (1983-1989).
El primer argumento es esgrimido por los defensores del torturador, quienes afirman que el detenido en México es Miguel Angel Cavallo, como consta en un documento de identidad que usa en la actualidad, y no Ricardo Angel.
Esa defensa cayó este viernes con el testimonio de Muro, quien reconoció «sin ninguna duda» al ex represor como la persona que ingresó a su casa aquel día de 1977. «No podré olvidar nunca su mirada, sus ojos, su rostro», dijo a IPS, tal como horas antes se lo manifestó a Garzón.
El testimonio de Muro, quien recuperó a su hijo pero no volvió a ver a su marido, asesinado por sus captores, se une —con mayor contundencia y detalles— a los presentados a Garzón el jueves por el periodista Juan Gasparini y por la también argentina Susana Burgos.
Ante el pedido de extradición presentado por los abogados Manuel Ollé, español, y Carlos Slepoy, argentino, el fiscal Pedro Rubira presentó a Garzón un recurso en contra, similar a los presentados en otros procesos, entre ellos el incoado contra el ex dictador de Chile, Augusto Pinochet (1973-1990).
En el recurso, además de impugnar la competencia de la justicia española para tratar estos delitos, el fiscal invoca normas conocidas como de «punto final» y «obediencia debida», promulgadas por Alfonsín bajo la amenaza de un nuevo golpe de Estado.
Según esas normas, los militares de menor grado no fueron responsables de los delitos que cometieron por orden de sus jefes, cuya máxima jerarquía (las tres juntas militares) fue juzgada y condenada en un juicio público en que gozaron de todas las garantías de defensa negadas a sus víctimas.
Rubira argumentó, también, que los delitos prescribieron. Pero existen antecedentes según los cuales toda esa argumentación es desestimada por la justicia española y por la de otros países, en especial los europeos.
En el caso Pinochet, los argumentos de Rubira —quien cumple instrucciones del gobierno— fueron desestimados por una instancia superior, el Tribunal Supremo de Justicia, que determinó por el voto unánime de sus 11 miembros que la actuación de Garzón se ajustaba a la ley.
Medios jurídicos próximos a ese tribunal indicaron a IPS que se mantendrá el mismo criterio «y con mayor razón», pues «Serpico» fue identificado por sus víctimas como autor directo de los crímenes de los que está acusado.
Entre esos delitos figuran los de secuestro y desaparición de personas, que no prescriben mientras no aparezca el desaparecido o haya pruebas concretas de su asesinato.
Cavall, desvinculado ya de la Marina argentina, tiene ahora actuación empresarial en México.
El periodista argentino Miguel Bonasso informó que el dinero y los bienes robados por represores a sus víctimas durante la dictadura fueron invertidos en negocios dentro y fuera de sus fronteras.
Entre otros, Bonasso mencionó contratos que compañías pertenecientes a militares mantienen con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con administraciones locales en El Salvador y México.
Se prevé que el juez Garzón solicite en los próximos días la extradición de Cavallo, informaron los abogados de la acusación, que representan a las víctimas que sobrevivieron y a familiares de los asesinados y desaparecidos. (FIN/IPS/td/mj/hd/00
