Empleados, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional, el principal centro estatal de educación superior de Colombia, exigieron hoy respeto para la autonomía universitaria, afectada por distintas formas de violencia.
Un debate iniciado dentro de la Universidad el 30 de agosto en el marco de las protestas por la visita del presidente estadounidense Bill Clinton a Colombia concluyó este miércoles con un foro en que el punto central fue la defensa de la universidad pública.
La muerte del policía antimotines Mauricio Soto en los disturbios del 30 de agosto «fue un hecho desafortunado», pero el debate posterior «permitió mostrar la realidad que vive la universidad pública, donde se reproducen todos los conflictos que vive el país», dijo el representante estudiantil Gabriel Becerra.
Becerra dijo a IPS que la Universidad Nacional ha sido blanco en las últimas dos semanas de críticas por la muerte del Soto, pero los sectores que destacan ese hecho han sido indiferentes ante el asesinato de 37 estudiantes de la enseñanza superior estatal.
Galo Burbano, presidente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, dijo que la muerte del policía y el secuestro el 4 de este mes de Víctor Bastos, vicerrector de la Universidad de Pamplona (nordeste), son «sólo un eslabón» en la cadena de violencia que rodea la enseñanza superior.
Burbano responsabilizó de la violencia a paramilitares de derecha, guerrillas de izquierda y narcotraficantes, que «quieren meternos en la guerra».
«Rechazamos» esa intención «porque la universidad pública debe ser un territorio de paz», dado que «allí se están formando los futuros líderes de Colombia», agregó.
Pero en el centro de estudios existen minorías que ejercen la protesta violenta y si persisten en esta actitud se van a quedar cada vez más aislados, advirtió Alejo Vargas, vicerrector de la Universidad Nacional.
Organismos de inteligencia aseguran que unas 90 personas integran las llamadas «Brigadas Rojas», brazo armado de diversos movimientos ideológicos en las universidades de Bogotá, pero también señalaron las operaciones de paramilitares de derecha y vendedores de drogas que atemorizan a quienes se les oponen.
Algunos sectores de derecha liderados por el senador Enrique Gómez pidieron este martes en el Congreso legislativo la revisión del principio de autonomía de que gozan las universidades estatales para que el poder político intervenga en su manejo.
Los organismos de seguridad sólo pueden ingresar al recinto de las universidades estatales con autorización de sus directivas o con una orden de la Fiscalía (organismo judicial investigador).
Según Gómez, del gobernante Partido Conservador, la universidad debe ser intervenida por las autoridades policiacas pues se ha convertido en «refugio de delincuentes» a las que sólo se permite el ingreso de personas «con ideología marxista-leninista».
El rector de la Universidad Nacional, Víctor Moncayo, replicó que la violencia esporádica en ese centro de estudios es un reflejo de lo que ocurre en el país, y pidió no tender una cortina de humo sobre los problemas centrales que afectan la educación superior.
Colombia, con 40 millones de habitantes, tiene cerca de 500.000 estudiantes, de los cuales 200.000 están en las 30 universidades estatales del país. Además de los problemas de violencia, esos centros de estudio afrontan recortes presupuestales que los amenazan con la desaparición.
El presupuesto de las universidades públicas ha sufrido en las dos últimas décadas una reducción de más de 50 por ciento, calculó el analista Alfonso Conde, de la Universidad Nacional.
Eso explica, según Conde, el crecimiento de la educación terciaria privada, al tiempo que perjudica a los sectores de menores recursos económicos impedidos de ingresar a esos centros de enseñanza.
Colombia destina el 0,58 de su producto interno bruto, que es de 84.191 millones de dólares, a la educación superior, mientras el promedio en América Latina y el Caribe es de 0,86 por ciento. (FIN/IPS/yf/mj/ed/00
