Un proyecto de ley de reforma tributaria en Colombia que incluye recomendaciones del FMI despertó entre empresarios y sindicalistas el temor a una cascada de impuestos.
Mientras, legisladores oficialistas y funcionarios del gobierno toman distancia de la iniciativa y aseguran no haber sido consultados en torno de la iniciativa que ya está a estudio del Congreso legislativo.
«El ajuste no tiene reversa (marcha atrás)» y, como sucedió en Brasil, Chile y México, es indispensable «para que el país pueda volver a generar riqueza y reducir el desempleo», dijo el ministro de Hacienda Juan Santos a su regreso de Washington el 11 de este mes.
Santos se reunió en la capital estadounidense con representantes del FMI (Fondo Monetario Internacional) con el objetivo de obtener un nuevo desembolso del crédito por 2.700 millones de dólares otorgado en 1999.
Colombia se sumó en diciembre pasado al grupo de países de América Latina que ante la crisis económica debieron acudir al FMI en procura de créditos atados a la supervisión periódica del comportamiento macroeconómico.
El gobierno aspira a recaudar unos 1.800 millones de dólares en el primer año de vigencia del proyecto que el parlamento comenzó a discutir el martes, con el fin de hacer frente a un déficit fiscal que se ubica en alrededor de 4,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), informó Santos.
El Congreso legislativo recibió la iniciativa en medio de una oleada de críticas de parlamentarios dedicados a asuntos económicos que manifestaron no haber sido consultados y recomendaron otras alternativas para afrontar la hostilidad que generan los nuevos impuestos.
El presidente de la comisión de asuntos económicos del Senado, Carlos García, dijo no estar de acuerdo «con más impuestos para subsanar el déficit fiscal».
Por su parte, Helí Cala, presidente de la comisión de asuntos económicos económica de la Cámara de Representantes, sugirió «buscar alternativas que no afecten» a los estratos de la población que reciben ingresos menores de dos salarios mínimos mensuales (260 dólares).
Para el senador independiente Jaime Dusán, la reforma es «innecesaria e inoportuna», pues «se suma a otras ocho» efectuadas «en los últimos 10 años y que no han dado ningún resultado».
El proyecto en debate tiene como eje la ampliación de la base tributaria con el cobro del impuesto a la renta (32 por ciento), el de valor agregado (IVA, de 15 por ciento) y de retenciones a salarios y pensiones.
Entre los sectores que se sumarán a los contribuyentes si se aprueba el proyecto figuran los jubilados con ingresos superiores a ocho salarios mínimos (unos 1.040 dólares) y los trabajadores en actividad con sueldos de más de seis salarios mínimos (780 dólares).
También serán objeto del gravamen 65 bienes y productos que, según el gobierno, son «no esenciales», como chocolate, mantequilla, frutos de cáscara fresca, agua envasada, plaguicidas, embutidos, diarios, libros e impresos, tubérculos y hortalizas.
La iniciativa fue criticada incluso por sectores del Poder Ejecutivo, que se quejaron de que el proyecto no fue consultado al Consejo de Ministros.
El ministro de Desarrollo, Augusto Ramírez, mostró su desacuerdo con la aplicación del IVA a la venta de inmuebles usados que, dijo, «atenta contra la reactivación económica y en especial contra el sector de la construcción».
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales que representa al sector productivo, Luis Villegas, dijo que el gobierno debería ajustar el gasto público si pretende aumentar los impuestos a la producción.
Villegas propuso bajar el IVA a 14 por ciento y el impuesto a la renta a 28 por ciento.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Luis Garzón, afirmó que la nueva reforma tributaria «conlleva una degradación absoluta de las condiciones de vida de los colombianos».
Garzón anunció la organización de jornadas de protesta para la primera semana de octubre, en las que manifestarán su rechazo «al sometimiento del gobierno a la política del FMI».
Mientras, Carlos Alvarez, profesor de economía de la estatal Universidad Nacional, sostuvo que la reforma propuesta por el gobierno «en lugar de aliviar el déficit fiscal lo acentuará en su tendencia estructural».
Alvarez dijo a IPS que la reforma tributaria obedece a «una mala política orientada por el diagnóstico equivocado que el FMI hace de la crisis de la economía colombiana».
La verdadera causa de los problemas económicos es la apertura comercial que llevó la producción interna a la ruina, quebrantó la demanda y por consiguiente los ingresos tributarios, y condujo al déficit comercial (1.578 millones de dólares en 1999), según el experto.
El FMI considera elementos como la crisis mundial y el dáficit comercial pero «les otorga muy poco peso», mientras enfoca la solución de la crisis «por el lado de la reducción drástica del déficit fiscal», afirmó Alvarez.
El acuerdo firmado en diciembre por Colombia y el FMI para la obtención de un crédito de contingencia ya preveía el aumento de la recaudación, la ampliación de la base tributaria y la eliminación de las exenciones fiscales a través de una reforma tributaria.
Para obtener el crédito Colombia se comprometió a bajar el déficit fiscal de 6,3 por ciento del PIB de 1999 a 3,6 por ciento al cierre de 2000 y a pasar de un crecimiento económico de menos 4,4 por ciento en 1999 a tres por ciento y a reducir el gasto público.
Pero en una coyuntura recesiva como la que vive Colombia «elevar la carga tributaria sobre los agentes económicos es un contrasentido», según Alvarez.
Para el experto, el déficit fiscal también se relaciona con la destinación de 33 por ciento del presupuesto al pago de los servicios de la deuda externa, que asciende a unos 33.000 millones de dólares. (FIN/IPS/yf/mj/if/00
