COLOMBIA: Gobierno y las FARC buscan descongelar negociaciones

Representantes del gobierno de Colombia y de las FARC intentarán este martes reanimar el diálogo de paz, afectado por la negativa de los insurgentes a entregar un guerrillero prófugo de la justicia que se refugió en la zona desmilitarizada.

Las negociaciones iniciadas en enero de 1999 sufrieron su más duro revés el día 9, cuando Arnobio Ramos, miembro de uno de los frentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) desvió un avión comercial en el que era trasladado por la policía para ser juzgado en Neiva, en el centro del país.

El avión de pasajeros, que había partido de Bogotá, fue liberado pocos minutos después de aterrizar en San Vicente del Caguán, cabecera de los cinco municipios desmilitarizados, y volvió sin contratiempos a Neiva, pero sin el guerrillero a bordo.

El comisionado para la Paz, Camilo Gómez, quien pidió sin éxito el día 18 a las FARC la entrega de Ramos, acordó con los rebeldes la realización de una reunión este martes «para buscar una salida a la situación, mediante una fórmula que no desconozca el Estado de derecho vigente».

Expertos esperan que el encuentro de este martes en San Vicente del Caguán sirva para que ambas partes cedan en sus posiciones y puedan descongelar el proceso pacificador.

Gómez sostuvo que la negativa de las FARC a entregar a Ramos a la justicia «genera suspicacias» sobre el uso de los 42.000 kilómetros cuadrados en control de esa guerrilla, «por lo cual el tema debe resolverse de inmediato».

La zona creada por el gobierno para instalar la mesa de negociaciones con la guerrilla es cuestionada por organismos de seguridad y sectores políticos de oposición, que consideran es usada por las FARC para fortalecerse militarmente, planear ataques, ocultar rehenes y proteger a narcotraficantes.

Algunos críticos, como el precandidato presidencial Alvaro Uribe, del Partido Liberal, aprovecharon el incidente protagonizado por Ramos para pedir al gobierno de Andrés Pastrana la suspensión de las conversaciones de paz.

En cambio, analistas políticos entienden que las dificultades que afronta el proceso debe servir para corregir los errores cometidos y no debe ser utilizado como argumento para intensificar la guerra civil, que se extiende desde hace casi cuatro décadas en este país.

Roberto Camacho, miembro de la Comisión de Paz de la Cámara de Diputados, señaló que «es obvio que las FARC no van a entregar a Ramos a la justicia de un sistema que combaten», pero ese hecho «no puede ser utilizado como excusa para romper las negociaciones y precipitar al país al abismo».

Camacho dijo a IPS que el incidente es una expresión más de las dificultades inherentes a un proceso de paz, que debe ser replanteado «comenzando por el funcionamiento mismo de la llamada zona de distensión y pasando por otros temas».

Por su parte, Daniel García Peña, ex comisionado de la Presidencia para la paz, entiende que el problema generado por la fuga de Ramos no debe llevar a un rompimiento de diálogo con la guerrilla.

García Peña indicó que es preciso intensificar los esfuerzos «para buscar consenso entre las partes y evitar que en el futuro estos casos vuelvan a suceder».

El diputado y ex guerrillero del legalizado Movimiento 19 de Abril Antonio Navarro, en cartas enviadas a Pastrana y al jefe de las FARC, Manuel Marulanda, pidió que continúen las negociaciones «hasta cumplir el cronograma de 18 meses fijado».

Las FARC y el gobierno discuten desde hace ocho meses el primer bloque (de temas económicos) de una agenda de negociación de 12 puntos.

Expertos creen que una salida posible es la aceptación por parte del gobierno de que Ramos quede en poder de la guerrilla, a cambio de que éstas permitan la creación de una comisión de contralor de irregularidades en el área desmilitarizada o acepten el retorno a ese lugar de las autoridades judiciales.

La negativa de las FARC a la creación de una comisión de verificación ocasionó en julio de 1999 la suspensión por cinco meses de las negociaciones de paz, que se reanudaron tras la aceptación por parte del gobierno de que ese mecanismo no sería aplicado por no estar contemplado en los acuerdos originales. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00

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