Unas 400 familias expulsadas por la violencia del departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia, comenzaron a volver a sus hogares después de tres años de un éxodo que los llevó hasta Panamá.
La avanzada del retorno fue un grupo de 80 personas, que arribó al aeropuerto de Chigorodó, segunda ciudad departamental, para luego seguir con destino a los nuevos poblados de «Nueva Vida» y «Esperanza de Dios».
El nombre del primer poblado es «porque vamos a comenzar a vivir de nuevo después de tres años de destierro y el del segundo porque todos somos creyentes», comentó uno de los líderes del grupo que hizo posible el regreso y que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad.
El regreso de los campesinos, distribuidos en 23 comunidades, a un área de 103.000 hectáreas que les asignó el gobierno como propiedad colectiva se hará por etapas hasta noviembre, cuando se espera que haya llegado la totalidad de las familias.
Otro grupo ya hizo una primera exploración de la zona a fines del año pasado, en la que recogieron semillas, reconstruyeron caminos, limpiaron las vías fluviales y comenzaron a reunir la madera para construir las viviendas.
La operación de regreso fue posible por un acuerdo de la comunidad campesina, que denominaron «Declaración de los Abrazos», y la promesa del gobierno de brindarles seguridad para sus vidas y aportes para inversión social en la zona.
El drama de las comunidades de la región de Cacarica del departamento de Chocó, en el llamado Tapón del Darién, región selvática limítrofe con Panamá, comenzó el 28 de enero de 1997 con la llegada de grupos paramilitares de derecha.
Las fuerzas de las Autodefensas Unidas de Colombia juntaron a los campesinos en la escuela y les dieron tres días para abandonar sus parcelas.
Ese mismo día muchos atemorizados habitantes del lugar salieron sólo con la ropa que tenían puesta para evitar el fuego cruzado de paramilitares y del ejército que intentaba retomar el control de la zona.
Cerca de 1.200 campesinos tomaron canoas y trozos de árboles que acondicionaron como balsas para llegar hasta Turbo, puerto exportador de banano del Caribe, donde fueron instalados en improvisados albergues en los que aún permanecen mientras preparan el retorno.
Otro grupo de unas 1.300 personas abandonó la zona por el lado contrario y pasó la frontera con Panamá, donde fueron alojados por una comunidad indígena, pero luego fueron repatriados «con engaños», según una comisión de atención humanitaria.
El grupo fue conformado por la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y delegados de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, de la Cámara de Diputados y de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
El informe de esta comisión indica que el gobierno de Panamá «desconoció las causas reales de la emigración forzada de estos colombianos, que llegaron a su territorio en busca de refugio», para no otorgarles el estatuto de refugiados.
El gobierno de Colombia aceptó la decisión de Panamá e instaló a los campesinos desplazados, «contra su voluntad», en Cupica, una desolada bahía del océano Pacífico, donde un año antes un grupo armado no identificado había asesinado a 11 personas, dijo a IPS el director de Codhes, Jorge Rojas.
Bogotá les había ofrecido como opciones para asentarse, además de Cupica, las noroccidentales localidades de Ungüía, donde también se había producido un desplazamiento forzado de campesinos, y Carepa, que era disputada por paramilitares y guerrilleros izquierdistas.
Organizaciones no gubernamentales, como la católica Justicia y Paz, comenzaron el año pasado los contactos con estos campesinos desplazados, en los cuales surgió la idea de organizarse y buscar el compromiso del gobierno para que posibilitara el regreso a sus hogares en el departamento de Chocó.
En ese ámbito se decidió enviar una primera avanzada a fines de 1999 para ver las condiciones del retorno, planteada por los campesinos como «la única opción digna».
«Volver es arriesgado, pero es la posibilidad de recuperar nuestra identidad y forma de vida, trabajando en nuestras parcelas, cultivando la tierra y cuidando los animales que nos dan de vivir», indicó Amelia Castro, una campesina que tuvo su tercer hijo en el refugio de Turbo.
Para el regreso de las 23 comunidades de la cuenca del Cacarica firmaron la «Declaración de los Abrazos», que resume las normas de convivencia, que tienen como base «la verdad, libertad, justicia, solidaridad y fraternidad».
Otra de las reglas fijadas en la declaración es no adherir a la guerrilla ni a los paramilitares y no colaborar con el ejército.
Como parte de los compromisos, el gobierno aceptó la creación de una Casa de la Justicia, con la presencia de un fiscal, un procurador y un defensor del pueblo.
María Bermejo, de la oficina local del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, afirmó que el proceso de retorno de las comunidades de Cacarica «es un ejemplo histórico de organización y defensa de sus derechos».
Codhes informó que la cantidad de personas desplazadas a causa de la guerra civil en Colombia suman unos dos millones entre 1985 y lo que va de 2000, que representa cuatro por ciento de la población del país, 75 por ciento de las cuales son mujeres y niños. (FIN/IPS/yf/dm/hd/00
