Los contactos entre el gobierno de Colombia y el insurgente ELN tuvieron hoy un giro fundamental ante la aceptación de los campesinos del departamento norteño de Bolívar de permitir la desmilitarización de una zona para comenzar el diálogo de paz.
El tema fue examinado este lunes en París por el comisionado para la Paz, Camilo Gómez, con Antonio García, segundo en el mando del ELN (Ejército de Liberación Nacional)
El acercamiento entre las tres partes es facilitado por una comisión integrada por delegados Cuba, España, Francia, Noruega, Suiza y representantes de la sociedad civil.
La desmilitarización de un área en el sur de Bolívar permitirá realizar la llamada Convención Nacional, en la que el ELN y la sociedad civil pretenden confeccionar una agenda de negociación de paz.
La aceptación está condicionada al compromiso de los rebeldes de que «suspendan los ataques a la población civil y a la infraestructura energética» del país.
Los campesinos también solicitan al ELN la liberación de los rehenes, el cese del fuego mientras se lleva a cabo la convención, la garantía de que el área sin fuerzas de seguridad no sea utilizada para fines distintos al diálogo de paz y que ello sea verificado por delegados internacionales.
El procurador Jaime Bernal indicó que la decisión de los habitantes de Bolívar de aceptar una zona de encuentro «ha dado una nueva dinámica al proceso de acercamiento», que se encontraba en un punto muerto.
Bernal estimó que ahora «puede pensarse en asuntos simultáneos, como el inicio de la Convención Nacional y la liberación de los secuestrados» para darle confiabilidad y oxigenación al proceso.
El comienzo de conversaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y el ELN, segunda fuerza guerrillera después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sufrió tropiezos desde comienzos de año debido a la negativa de los campesinos a que se creara una zona desmilitarizada.
El gobierno anunció en mayo que el área en cuestiókn se establecería en los noroccidentales municipios de San Pablo y Cantagallo, sur de Bolívar, y Yondó, en Antioquia.
Sin embargo, los habitantes del lugar rechazaron la decisión gubernamental, presuntamente presionados por los paramilitares de derecha que dominan parte de la región.
Alejo Vargas, profesor de la estatal Universidad Nacional y miembro de la comisión civil que busca acercamientos entre el gobierno y el ELN, atribuyó la oposición de los campesinos a un mal manejo de la propuesta por parte de Bogotá.
Vargas dijo a IPS que en esa oportunidad hubo «desinformación entre los habitantes de la zona» sobre las condiciones en que se daría la desmilitarización», a lo que se suma «una especie de leyenda negra sobre el caso de El Caguán», en referencia a la zona donde se instaló el diálogo entre el gobierno y las FARC.
Fuerzas de seguridad consideran que las FARC aprovecharon la desmilitarización de cinco municipios (cerca de 42.000 kilómetros cuadrados) del sudeste del país, cuya cabecera es San Vicente del Caguán, para fortalecerse militarmente, planear desde allí sus ataques a otras localidades e imponer sus propias normas.
Las críticas a las FARC al respecto se reactivaron este lunes, cuando el gobierno les pidió que entregaran al presunto guerrillero Arnobio Ramos, prófugo de la justicia, que el viernes secuestró un avión y obligó a sus tripulantes a aterrizar en San Vicente del Caguán.
Gómez afirmó que la zona desmilitarizada fue creada con al único propósito de llevar a cabo las negociaciones de paz con las FARC y que Ramos, «que secuestró el avión con el único fin de fugarse, debe ser entregado a las autoridades a la menor brevedad».
A todo esto, Gómez y García estudiaron este lunes en París las condiciones para desmilitarizar los tres municipios del noroeste colombiano, donde se realizará la convención entre ELN y la sociedad civil.
Esta reunión entre el delegado de Pastrana y el jefe guerrillero estuvo precedida el domingo de la finalización de la llamada Semana por la Paz, en la que miles de manifestantes en las principales ciudades del país pidieron el cese del fuego y de otros actos que afectan a la población civil.
La Defensoría del Pueblo informó que el conflicto armado interno dejó en el primer semestre del año un saldo de 1.073 personas muertas en 235 masacres, de las cuales cerca de 80 por ciento fueron cometidas por los paramilitares de las Autedefensas Unidas de Colombia.
Otros hechos que afectaron a la población civil en este mismo período fueron el secuestro de 1.532 personas y el desplazamiento forzado de sus hogares de otras 134.799. (FIN/IPS/yf/dm/ip hd/00
