El diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las guerrillas afronta severas dificultades ante la retención por parte de las FARC de un aeropirata requerido por la justicia, y por un nuevo secuestro masivo a manos del ELN.
El proceso de paz con las rebeldes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que entrará este miércoles en una fase decisiva con la discusión de una propuesta de cese del fuego, genera interrogantes ante la demora de los insurgentes en entregar a la justicia al guerrillero Arnobio Ramos.
Este jefe de un frente de las FARC desvió hacia la zona desmilitarizada del sudeste del país el día 8 un avión comercial en el que era trasladado de Neiva, centro colombiano, a Bogotá.
El comisionado para la Paz, Camilo Gómez, que viajó este lunes a la zona de negociación con la guerrilla dijo que la demora en la entrega de Ramos genera suspicacias frente al uso del área, «por lo cual el tema debe resolverse de inmediato».
Las FARC, la mayor guerrilla de Colombia, respondieron al gobierno, en un comunicado divulgado este lunes, que no se dejará presionar por el incidente del «aeropirata», ya que hay temas más importantes para tratar en la mesa de diálogo.
El escrito leído por Joaquín Gómez, uno de los jefes de las FARC, agrega que «la paz no se consigue con ultimátum» y que una eventual ruptura de las negociaciones sería «responsabilidad exclusiva del gobierno».
Si el presidente Andrés Pastrana «quiere tomar este incidente para la ruptura del proceso y eludir de esta manera la responsabilidad de solucionar a los colombianos los problemas más urgentes, será él quien tendrá que responder al país», sostiene la guerrilla.
La controversia entre el gobierno y las FARC por el caso Ramos es «un nuevo obstáculo que pone nuevamente en peligro el proceso de paz», aseguraron expertos de la estatal Universidad Nacional (UN).
La zona desmilitarizada creada en noviembre de 1998 por el gobierno para el díalogo de paz ha sido criticada por organismos de seguridad y sectores políticos y sociales por entender que es utilizada por la guerrilla para planear sus ataques, ejercer su propia justicia y proteger a traficantes de drogas.
Por otra parte, el secuestro masivo de personas por parte del ELN (Ejército de Liberación Nacional) en dos acciones realizadas el domingo en la ciudad de Cali, en el oeste del país, también afectará los contactos de esta guerrilla con el gobierno.
Un informe de la policía indicó que 15 de las 53 personas secuestradas fueron liberadas este lunes por los rebeldes, gracias a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad.
Un portavoz del ejército confirmó que las personas retenidas por la guerrilla el domingo eran 53 y no 44 como se dijo en un principio.
Este es el segundo secuestro masivo que ocurre en Cali, luego de que en mayo de 1999 unas 160 personas fueran retenidas por ese grupo guerrillero, cuando participaban de una misa en una iglesia católica del lugar, para presionar con el fin de comenzar un diálogo con el gobierno.
Héctor García y Marcos Romero, analistas de la UN, sostienen que las negociaciones con las FARC y los contactos con el ELN, segundo grupo guerrillero en importancia del país, pasan por un momento difícil y que las partes deben llamarse a la reflexión.
García dijo a IPS que un rompimiento en estos procesos llevaría al «cierre de un espacio para el debate político» y a un aumento de las hostilidades en la guerra que afecta en especial a la población civil.
Los analistas universitarios entienden que las acciones del domingo del ELN también afectarán los contactos que vienen llevándose a cabo con delegados gubernamentales y de países que colaboran en el proceso.
El vicepresidente Gustavo Bell y el defensor del pueblo (ombudsman), Eduardo Cifuentes, afirmaron que este lunes que el nuevo secuestro masivo constituye una violación por parte del ELN de las normas del Derecho Internacional Humanitario. También el presidente Pastrana condenó los hechos.
El gobierno había reanudado sus contactos con el ELN la semana pasada, tras varios meses de estancamiento por la negativa de habitantes del departamento de Bolívar (noroeste) a que se les otorgase a los rebeldes una zona desmilitarizada en ese territorio para la realización de una convención nacional. .
Los contactos se reanudaron tras la aceptación de los habitantes del sur de Bolívar para la creación de la zona, donde los rebeldes y la sociedad civil definirían una agenda para la negociaciones de paz. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00
