La defensa del ex dictador chileno Augusto Pinochet anunció hoy que impugnará la orden del juez Juan Guzmán de someter al anciano general a exámenes mentales, y el posible encausamiento penal de éste sería postergado al menos hasta noviembre.
Pablo Rodríguez, jefe del equipo de abogados del ex gobernante de facto (1973-1990), dijo que recurrirá ante la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener «los más amplios peritajes» de salud de Pinochet y librarlo así de un eventual juicio por incapacidad física.
La defensa del ex dictador, que fue despojado de su inmunidad legislativa como senador vitalicio el 8 de agosto por la Corte Suprema de Justicia, intenta anular la decisión de Guzmán, quien el lunes dispuso que los psiquiatras del Servicio Médico Legal examinen a Pinochet.
El magistrado había fijado originalmente para el 9 de octubre el primer interrogatorio al general retirado de 84 años, para determinar si cabe someterlo a proceso por el secuestro de 19 prisioneros políticos.
Esos secuestros son atribuidos a la «caravana de la muerte», una misión militar especial que actuó tras el golpe de Estado de septiembre de 1973.
La defensa de Pinochet insistió en que antes del interrogatorio debía determinarse mediante exámenes médicos si el ex dictador está en condiciones de comparecer en un juicio, garantizándole así «un debido proceso».
Guzmán dispuso el lunes que los médicos forenses realizaran a Pinochet exámenes mentales y que los propios facultativos determinaran si, además, era necesario hacerle análisis físicos.
El magistrado apoyó su resolución en disposiciones del Código Penal, según las cuales debe establecerse la salud mental de todo inculpado mayor de 70 años, ya que la demencia senil u otra patología son causa de inimputabilidad penal.
El juez subrayó que con su decisión defiende un derecho del acusado y que al mismo tiempo le aplica el principio de «economía procesal», basado en no prolongar un juicio si hay posibilidades de declararlo inimputable.
La resolución de Guzmán disgustó a los abogados de Pinochet, a su familia y a sus seguidores, quienes, con criterio político, consideran vejatorio que Pinochet evite la justicia por un diagnóstico de demencia senil.
Mientras Guzmán se apoya en la jurisprudencia chilena, que sólo acepta las enfermedades mentales como razón para interrumpir un juicio, la defensa de Pinochet invoca garantías constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos a favor del ex dictador.
El abogado Rodríguez dijo que la defensa recurrirá a la Corte de Apelaciones para que ordene «los más amplios peritajes» a Pinochet y determine «si la circunstancia de ser encausado no pone en peligro su integridad física».
Guzmán dispuso que los exámenes mentales se realicen «a la brevedad», pero el anunciado recurso ante la Corte de Apelaciones dilatará al menos un mes este conflicto en torno de los peritajes médicos.
En medios judiciales se calcula que el caso no será zanjado antes de noviembre, salvo que prosperara un recurso de reposición ante el propio juez, y éste ordenara los exámenes físicos. Pero este escenario es altamente improbable.
Ricardo Rivadeneira, también abogado del ex dictador, insiste en que Guzmán debe incorporar como pieza judicial en el proceso los exámenes que tres médicos británicos le hicieron a Pinochet en Londres en enero de este año.
En esos análisis se estableció un largo listado de dolencias físicas del anciano ex gobernante de facto, como diabetes, insuficiencias cardiacas, discopatía lumbar y problemas en una rodilla, y además se le detectaron síntomas de demencia senil por pérdida de memoria selectiva.
El ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, se basó en esos exámenes para liberar a Pinochet por razones humanitarias, descartar su extradición a España y permitir que retornara a Chile el 3 de marzo, tras 503 días de arresto domiciliario en Londres.
Mientras Rivadeneira sostiene que los exámenes británicos son un sólido antecedente sobre la salud de Pinochet, Guzmán les resta importancia judicial, por haber sido la base de una decisión administrativa o política de Straw.
Una semana después del regreso a Chile del ex dictador, Guzmán planteó ante los tribunales que se le despojara de su inmunidad como senador vitalicio para su eventual enjuiciamiento por sus responsabilidades en los crímenes de la «caravana de la muerte».
La «caravana» fue una misión militar que Pinochet ordenó como comandante en jefe del ejército tras el golpe de Estado y que entre octubre y noviembre de 1973 fusiló a unos 70 prisioneros políticos en varias ciudades.
Una querella presentada contra Pinochet en enero de 1998 por el Partido Comunista llevó a Guzmán a abrir una investigación judicial sobre la «caravana de la muerte» y a establecer que 19 de sus víctimas continuaban desaparecidas hasta comienzos de este año.
El magistrado configuró así el delito de secuestro calificado, por el cual ordenó procesar al jefe de la misión, el general retirado Sergio Arellano Stark, y a sus lugartenientes, para luego ampliar la causa a Pinochet como posible coautor-inductor de los hechos.
La tipificación de los 19 casos como secuestros, en lugar de homicidios, permitió eludir en una primera instancia la ley de amnistía que Pinochet dictó en 1978 para borrar los crímenes contra los derechos humanos cometidos desde marzo de 1973 hasta marzo de ese año.
En los últimos meses fueron identificados los restos de dos de los 19 desaparecidos en la ciudad de Cauquenes, unos 450 kilómetros al sur de Santiago.
El lunes, junto con ordenar los exámenes mentales a Pinochet, Guzmán dispuso el procesamiento por homicidio, en el caso de las dos víctimas de Cauquenes, de Arellano Stark, del brigadier retirado Pedro Espinoza y del coronel, también en retiro, Marcelo Moren.
El magistrado planteó así una probable reinterpretación de la ley de amnistía, en el sentido de que no corresponde aplicarla mientras no esté agotada plenamente la investigación judicial para establecer las responsabilidades y eventualmente dictar sentencia.
El criterio predominante hasta ahora entre los jueces, tanto civiles como militares, era que bastaba establecer la fecha de muerte de las víctimas para aplicar de inmediato la amnistía a los inculpados, sin llevar la investigación hasta su fin.
Los abogados querellantes en el proceso por la «caravana de la muerte» arguyen a su vez que la amnistía no procede, ya que deben predominar los convenios de Ginebra que declaran imprescriptibles y fuera de toda amnistía los crímenes contra prisioneros de guerra.
Si bien en Chile no hubo una guerra civil tras el golpe, la dictadura declaró el estado de guerra interior y creó bajo esa figura tribunales castrenses que enjuiciaron a los prisioneros políticos que luego fueron ejecutados por la «caravana de la muerte». (FIN/IPS/ggr/ff/hd ip/00
