El gobierno de Bolivia advirtió que terminará con el bloqueo de rutas «cueste lo que cueste», tras 13 días de protestas sociales que paralizan el país y que dejaron hasta ahora cinco personas muertas y más de 80 heridas.
«La tolerancia se acaba», dijo este miércoles el ministro de Información, Manfred Kempff, luego de una nueva reunión del presidente Hugo Banzer con jefes de las Fuerzas Armadas y de la policía.
En ese encuentro se diseñó la estrategia para enfrentar las manifestaciones en distintas ciudades y los cortes de tránsito en las principales carreteras de Bolivia en reclamo de cambio de las políticas gubernamentales.
Kempff anunció que el gobierno asumirá medidas «más contundentes» y que las personas que siguen perturbando el orden público serán detenidas.
La policía y los militares se comprometieron a desbloquear las carreteras lo más pronto posible, agregó el funcionario.
El anuncio del gobierno llega en un momento en que no se ve muy posible la reanudación de un diálogo con los dirigentes sindicales y de organizaciones campesinas y sociales.
En los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes murieron al menos cuatro activistas campesinos y una persona ajena a los incidentes.
En tanto, la muerte de un soldado, que había sido informada el martes por varios medios de comunicación, fue desmentida luego por el comando en jefe de las fuerzas armadas.
El ministro de Gobierno (Interior), Guillermo Fortún, descartó el martes discutir sobre dos puntos claves de las demandas del movimiento campesino de productores de coca de Chapare, región tropical del central departamento de Cochabamba.
Los campesinos se oponen a la erradicación forzosa de las plantaciones de coca y a la construcción de tres cuarteles militares en esa zona.
«No vamos a dejar de erradicar la hoja de coca y los cuarteles serán concluidos. Esa es la política de Estado», afirmó Fortún, quien agregó que las rutas serán despejadas «cueste lo que cueste».
Si Bolivia no cumple con las metas de erradicar las plantaciones de coca, Estados Unidos aplicará sanciones, advirtió el embajador de ese país en La Paz, Manuel Rocha.
El diputado y dirigente campesino, Evo Morales, dijo estar dispuesto a reanudar el diálogo con el gobierno, pero sin excluir esos dos puntos.
Morales fijó un plazo de 48 horas (a partir de este miércoles) para que el gobierno atienda las demandas de los cocaleros, caso contrario encabezará una marcha de campesinos de Chapare hasta La Paz (600 kilómetros) para exigir la renuncia del presidente Banzer.
Por su parte, líderes campesinos del departamento de La Paz amenazaron con volar con explosivos el embalse de Tuni Condoriri, que abastece de agua potable a 85 por ciento de la población de las ciudades de La Paz y El Alto, informó este miércoles el diario La Prensa.
Mientras, la policía detuvo el martes por varias horas a Vilma Plata, dirigentes del sindicato de maestros de La Paz, y fuerzas de seguridad de Cochabamba, en el centro del país, confirmaron que buscan para detener a un centenar de líderes sindicales y sociales.
«Hay una persecución masiva contra dirigentes y esta es una verdadera estrategia represiva del gobierno para seguir incendiando el fuego social», señalaron al diario Los Tiempos varios líderes de las protestas que se encuentra en la clandestinidad.
A todo esto, el gobierno dispuso el aumento de los efectivos militares, que ya superan los 5.000, para enfrentar el corte de tránsito en las principales rutas del país.
Los acontecimientos se desencadenaron cuando el 5 de este mes, unos 3.000 estudiantes comenzaron en la meridional ciudad de Oruro una marcha de 75 kilómetros hasta La Paz, para pedir el mejoramiento del presupuesto de la Universidad Siglo XX, del departamento de Potosí.
Una vez en La Paz, los estudiantes realizan manifestaciones callejeras cotidianas y se enfrentan con la policía, que intenta dispersarlos con gases lagrimógenos y balas de goma.
El día 13, las federaciones de maestros urbanos y rurales se declararon en huelga por tiempo indeterminado, para exigir al gobierno un aumento salarial de 50 por ciento y por la defensa de la educación pública y gratuita.
Las manifestaciones callejeras se incrementaron con la participación de estudiantes, maestros, campesinos y organizaciones de la sociedad civil en casi todo el país.
Los bloqueos de caminos se iniciaron el día 18 en varios lugares del país, dejando hasta hoy desconectados las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí, las más importantes del país.
En La Paz, la protesta de los estudiantes de la Uiniversidad Siglo XX, de la ciudad minera Llallagua en el norte de Potosí, recibieron apoyo de unos 800 familiares que se sumaron a la manifestación frente a la sede del gobierno.
La Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, consideró que la escalada de violencia ha generado en un «franco Estado de sitio», pese a que no ha sido dictado de manera oficial.
Aunque el gobierno supuestamente ordenó el uso de balas de goma y gases lacrimógenos, funcionarios del Ministerio de Defensora encontraron proyectiles de uso normal en las zonas de conflicto. «Esas balas matan», dijo Romero.
La Constitución boliviana no le permite al presidente Banzer, quien encabezó una dictadura entre 1971-1978, dictar el Estado de sitio, por haber hecho uso de esa medida en abril.
Para dictar un segundo Estado de sitio en el mismo año necesita de una mayoría absoluta en el Congreso.
Además, antes tendría que redir cuentas al parlamento sobre los sucesos de abril, que cuasaron la muerte de seis personas. (FIN/IPS/tg/dm/ip/00
