La búsqueda de los niños desaparecidos en la catástrofe natural de diciembre en Venezuela enfrenta las contradicciones en que han caído familiares y autoridades, además de las dificultades inherentes a una tarea de ese tipo.
Al menos 119 menores de edad que desaparecieron a causa de los derrumbes de viviendas y desplazamientos de tierra provocados por las lluvias, en especial en la provincia costera de Vargas, aledaña a Caracas, son reclamados por sus familiares, agrupados en una asociación civil que funciona desde el 15 de enero.
Muchos de esos niños, niñas y adolescentes habrían sido vistos vivos en los albergues que se improvisaron en Caracas durante las inundaciones, pero su pista se perdió casi de inmediato.
La Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas de la Tragedia de Vargas, que agrupa a unas 70 familias, registra un total de 254 personas aún no encontradas, de las cuales 119 son menores de edad.
El grupo cuenta con una línea telefónica gratuita para recibir reportes sobre los buscados, y ha publicado un afiche con fotos de los pequeños desaparecidos, que se ve en las vitrinas de las tiendas y oficinas públicas y ha circulado con los principales diarios del país.
Pero esos esfuerzos chocan con versiones de las autoridades judiciales, las cuales afirman que 53 niños discapacitados sobrevivientes de la tragedia pluvial todavía esperan en centros oficiales por algún familiar que los solicite.
La presidenta de la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de Caracas, Marisol Moreno, declaró que, pese a las denuncias de padres desesperados buscando a sus hijos, su despacho sólo ha recibido 31 pedidos desde el momento de la catástrofe.
Moreno también desestimó denuncias según las cuales algunas listas de niños y adolescentes recibidos en albergues habrían desaparecido, y afirmó haber entregado copia de esos documentos a la Fiscalía General.
«No hay ningún libro perdido, no hay ningún archivo perdido. No se corresponden con la realidad las denuncias de niños rescatados, presuntamente entregados en adopciones temporales», aseguró.
La jueza explicó que «una adopción es un proceso complejo y que están prohibidas las entregas directas, precisamente para evitar situaciones como las que se quieren denuncias».
Las declaraciones de Moreno causaron malestar entre los familiares.
Deyanira Ortega, asistente de la organización no gubernamental, se declaró sorprendida. «No entiendo a qué se refiere la jueza, porque cada vez que alguien se inscribe en la asociación hace la denuncia ante el tribunal de menores y ante la Policía Técnica Judicial», dijo a IPS.
En tanto, autoridades policiales reportaron en los últimos días el hallazgo de ocho niños sobrevivientes de la tragedia, tres de los cuales fueron rescatados mientras deambulaban en una zona populosa de Caracas.
Otros cuatro, entre ellos dos bebés, fueron encontrados en la provincia de Vargas, y el octavo en un centro para niños cercano a la capital.
Ninguno de los ocho pequeños forma parte del grupo que reclama la asociación civil de familiares.
«No me extrañaría que cada vez que recojan a un niño digan que es sobreviviente de la tragedia de Vargas, pese a que es posible que no todos vengan de allí», dijo Ortega, quien se muestra angustiada por el destino de los pequeños.
«En el caso de los niños se habla de posible tráfico. Para nadie es un secreto que en las tragedias naturales aparecen personas inescrupulosas dispuestas a llevárselos», señaló.
La asociación civil funciona con apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil, el estatal Instituto Nacional del Menor y el aporte de algunas empresas privadas.
Estadísticas oficiales ubican entre 25.000 y 50.000 las personas fallecidas en la catástrofe natural. (FIN/IPS/jz/dm/hd en/00
