La amenaza que representa la construcción de una represa en Turquía para más de 78.000 personas, en su mayoría kurdos, llevó a grupos estadounidenses a emprender una campaña contra la financiación extranjera de la obra.
Según un informe encargado por organismos públicos europeos y estadounidenses de crédito, la proyectada central hidroeléctrica de Ilisu, cercana a las fronteras con Iraq y Siria, destruirá hogares y afectará los medios de subsistencia de más de 78.000 personas.
El informe, redactado por el experto de reubicación y ex funcionario del Banco Mundial, Ayse Kudat, dijo que la propuesta de reubicación emanada del proyecto violaría la política de la entidad y las disposiciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Miles de personas pobres corren el riesgo de descender aun más en la escala social si el gobierno turco sigue adelante con Ilisu, que forma parte de un gran proyecto hidroeléctrico y de irrigación en la zona del país habitada por la minoría kurda.
Las comunidades afectadas no son consultadas como lo exige uno de los requisitos sobre recolonización del banco, agregó el informe.
Incluso antes del informe de Kudat, la represa era objeto de una intensa controversia internacional porque sumergirá a 68 pueblos y aldeas, incluyendo la ciudad de Hasankeyf, de 10.000 años de antigüedad, que es un sitio cultural y arqueológicamente protegido.
Situada sobre la ribera del río Tigris, a 65 kilómetros de la frontera con Iraq, Ilisu tendrá una capacidad generadora de energía de 1.200 megavatios e inundará una superficie de 313 kilómetros cuadrados.
Defensores del ambiente y los derechos humanos protagonistas de la campaña contra la represa dijeron que el lago artificial de la misma reducirá considerablemente la capacidad de purificación del Tigris, que actualmente es utilizado por ciudades vecinas para descargar residuos sólidos no procesados y aguas servidas.
El proyecto, como la mayoría de las grandes represas, puede causar un incremento en la incidencia de malaria y leishamaniasis, dos enfermedades propagadas por insectos y culebras que crecen en agua estancada.
La reubicación forzosa ha sido históricamente un fracaso cada vez que la efectuaron Turquía y el Banco Mundial y, por eso, Ilisu no debe recibir financiación exterior, manifestaron los activistas.
Si bien el Banco Mundial aseguró que no financiará el proyecto, otras entidades públicas de exportación, conocidas como organismos de créditos y préstamos para la exportación, en Europa y Estados Unidos, esperan llenar la brecha.
Los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia, según se informó, están considerando su apoyo financiero al proyecto.
El Banco de Importación e Importación (Ex Im), una agencia oficial estadounidense que apoya a corporaciones multinacionales a través de préstamos subsidiados, prometió conceder una garantía de préstamo de 100 millones de dólares a la firma británica de ingeniería Balfour Beatty, para apoyar Ilisu.
Balfour Beatty forma parte de un consorcio multinacional que espera trabajar en el proyecto, incluyendo Impregilo en Italia, Shanska en Suecia, y las compañías turcas Nurol, Kiska y Tekfen. Las firmas suiza y sueca, Sulzer y ABB, respectivamente, ya tienen contratos para realizar la ingeniería electromecánica.
Cuando el Ex-Im consideró financiar Ilisu por primera vez, el gobierno turco dijo que el proyecto de 1.520 millones de dólares sólo obligaría a reubicar entre 12.000 y 13.000 personas.
Al apoyar a la represa Ex-Im viola su propia política de reubicación, la cual debe estar en consonancia con las normas del Banco Mundial, sostienen los activistas.
"El informe demuestra que Ex-Im está por exacerbar una situación de derechos humanos ya desesperada con los kurdos en Turquía", dijo Emile Thenard, del Centro para la Legislación Internacional del Ambiente, con sede en Washington.
Una vocera de prensa de Ex-Im dijo a IPS que no podía comentar el proyecto porque el consejo de administración aún no aprobó oficialmente la financiación de la represa. En el pasado, la agencia dijo que consideraría los argumentos de todas las partes enfrentadas.
Los activistas afirman que la represa incluso cortará el cauce descendente del Tigris hacia Siria e Iraq, recrudeciendo así una tensa lucha regional por recursos de agua potable.
En 1998, el gobierno iraquí amenazó llevar la cuestión del agua ante un tribunal internacional. Siria, entretanto, ha apoyado a los rebeldes kurdos contrarios al proyecto, en parte como represalia por la monopolización turca de recursos acuíferos transfronterizos.
El "Ex-Im debe abandonar ese barco que zozobra antes de que se ahogue en la controversia y al mismo tiempo que Hasankeyf quede sumergida por el agua", declaró Doug Norlen, director del Centro Ambiental y de Recursos del Pacífico, una organización de Estados Unidos. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/ego/aq/en-hd/00
