Un tribunal con sede en Londres provocó la ira de Jamaica al fallar que el gobierno debe conmutar por cadena perpetua la pena de seis presos condenados a muerte en este país.
"Ha sido un razonamiento jurídico precario enmascarado como legal", declaró el ministro de Justicia y Seguridad Nacional, Keith Knight.
"El Consejo Privado del Reino en ese dictamen se ha desacreditado a sí mismo", afirmó el abogado Kester Miller.
El Consejo Privado del Reino, el tribunal londinense que representa la máxima instancia de apelaciones para gran parte de la Comunidad Británica de Naciones, dio a conocer su fallo el martes.
A Neville Lewis, condenado en 1994 por el homicidio de un empresario, se le leyó la sentencia de muerte tres veces, dos en 1997 y una en 1999, pero en cada una la medida fue aplazada por apelaciones de tribunales locales y organismos humanitarios internacionales.
Los cinco reclusos restantes esperaban su ejecución, mientras sus abogados apelaban en tribunales locales y ante organizaciones internacionales de derechos humanos.
Los abogados defensores arguyeron que las ejecuciones infringirían su derecho a la vida, garantizado bajo la constitución jamaiquina. Los abogados también alegaron que las condiciones bajo las cuales los hombres se encontraban en el pabellón de la muerte eran inhumanas y degradantes.
Esos argumentos obtuvieron el voto favorable de cuatro de los cinco jueces del Consejo Privado del Reino.
Sin embargo, el juez discordante, Lord Hoffman, sugirió que sus pares en el consejo estuvieron influidos por su propia oposición a la pena de muerte. Tambien insinuó que, con la decisión adoptada, se habían apropiado del papel de legisladores.
Lord Hoffman arguyó que estos cambios pueden perjudicar la administración de la justicia en el Caribe.
"El consejo es un tribunal supremo de apelación para apoyar las leyes y constituciones (en los estados caribeños). Es obvio que sus miembros deben cumplir con su deber sin importar si, en lo personal, están a favor o no de la pena de muerte", dijo Lord Hoffman en un comunicado.
Knight describió el análisis de Hoffman como "claro y preciso" y un "juicio correcto". La abogada Hilaire Sobers dijo que estaba de acuerdo con el magistrado. "Quizás los lores han permitido que sus opiniones sobre la pena de muerte influyera su modo de juzgar".
El fallo implica que muchos presos en el pabellón de la muerte pueden obtener la conmutación de sus sentencias por cadena perpetua. También significa una nueva demora para el gobierno, que esperaba la decisión del consejo para reanudar los ahorcamientos suspendidos en 1988 por obstáculos prácticos y jurídicos.
En 1993, el Consejo dictaminó que en el caso de los jamaiquinos Earl Pratt e Ivan Morgan, cinco años en el pabellón de la muerte constituían un castigo inusitado e inhumano. El fallo estableció como máximo cinco años el tiempo que los presos pueden pasar en el pabellón de la muerte.
El aumento de la delincuencia en Jamaica, donde 629 personas fueron asesinadas desde comienzos del año, llevó a diversos grupos privados en el país a exigir medidas que pongan fin a la violencia.
Si el Consejo Privado hubiera rechazado las apelaciones de los seis convictos habría proporcionado al gobierno de Percival Patterson lo que éste considera un arma potente en la lucha contra el crimen: la libertad de reanudar los ahorcamientos y llevar a cabo la primera ejecución en 12 años.
El dictamen no sólo causó polémica en Jamaica, sino en todo el Caribe, donde la opinión pública está mayoritariamente a favor de la pena de muerte.
"La gran mayoría de la gente en la región desea que se aplique la pena de muerte", aseguró el fiscal general de Barbados, David Simmons, luego de que Trinidad y Tobago ahorcó a nueve presos en tres días.
En Trinidad y Tobago alrededor de 70 por ciento de la población es partidaria de la pena de muerte. En la vecina Barbados, la cifra asciende a 88 por ciento.
Observadores sostienen que el nivel de apoyo de la región a la pena capital alentó al gobierno de Trinidad y Tobago a retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado.
La comisión entró en funciones en 1979 y permitió a los condenados a muerte por asesinato, una vez agotados los recursos de apelación en sus países, solicitar la decisión del organismo internacional en su caso. Jamaica también se retiró de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1997.
Ambos gobiernos arguyeron que el tiempo que pasan los presos en el pabellón de la muerte apelando ante los organismos internacionales hacía imposible limitar el período de cinco años establecido en el caso de Pratt y Morgan.
Mientras los gobiernos siguen disgustados con el Consejo Privado, los activistas de derechos humanos aclamaron su decisión. "La pena capital no es nueva en la región y, sin embargo, la ola de crímenes continúa en aumento", afirmó Sheila Stuart, del grupo humanitario regional Derechos Caribeños.
La entidad dijo que los gobiernos deberían considerar seriamente la cadena perpetua sin libertad bajo palabra y la indemnización a los damnificados por asesinatos, como alternativas de las ejecuciones.
La orgaización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) afirmó que la pena de muerte jamas disuadió al crimen.
También el abogado de derechos humanos Douglas Mendes elogió el dictamen del Consejo Privado. "Es justo y es lo que hemos venido diciendo desde hace años, que se debe dar a un individuo cuya vida está en juego la oportunidad de decir porqué no debe ser eliminado". (FIN/IPS/tra-en/cb/da/ego/aq/hd-ip/00)
