Cuarenta y seis habitantes de la localidad texana de Tulia, 32 de ellos negros, fueron acusados de vender droga en base al testimonio de un policía encubierto como única prueba, y las condenas pronunciadas hasta el momento van de 20 a 99 años de prisión.
Como cualquier otro lugar, Tulia, un pueblo de trabajadores del estado de Texas, Estados Unidos, tiene su cuota de consumidores de drogas, pero ¿hay realmente 46 vendedores de cocaína en un pueblo de 5.000 habitantes?, se pregunta la gente.
Y si fuera así, dijo una mujer con cinco parientes cercanos presos, "¿donde están los autos, las casas y el dinero?… ¡No los tenemos!".
En los últimos allanamientos realizados en julio no se encontraron drogas ni dinero. La única prueba contra los acusados es la palabra de un policía encubierto, llamado Tom Coleman, que luego fue elegido "Defensor de las Leyes del Año".
La alarma cundió en la población cuando comenzaron a dictarse las sentencias.
El hijo de Freddie Brookins, de 22 años, con un empleo y sin antecedentes penales, fue condenado a 20 años de prisión por entregar 3,5 gramos de cocaína, una cantidad que en la calle se conoce como "bola" y se vende por un máximo de 200 dólares.
"Yo creo que las autoridades se concentraron en cierta gente a la que quieren quitar de circulación", opinó el padre de Freddie Brookins.
"Personalmente, pienso que hay motivos raciales. La mayoría de la gente mantenía relaciones mixtas, y en un pueblo pequeño, simplemente no lo pueden soportar", agregó.
Un residente afirmó que "incluso los blancos (que fueron arrestados) tienen familiares negros".
La sentencia de 99 años aplicada a Joe Moore, de 67, fue la señal para muchos de que la justicia había tomado un camino equivocado.
Moore, quien tenía dos antecedentes penales, fue hallado culpable de haber entregado dos "bolas" a Coleman, que condujo la operación por su cuenta.
Kizzy Henry, de 23 años, con dos hijos pequeños y sin antecedentes penales, recibió una condena de 25 años. Y los ejemplos siguen.
Freddie Brookins padre y otros señalaron que las sentencias emitidas en los primeros procesos fueron una táctica de presión para que otros implicados se declararan culpables, y funcionó hasta que aparecieron artículos críticos en la prensa texana e hicieron retroceder al fiscal distrital, Terry McEachern.
McEachern no respondió a los llamados telefónicos de periodistas que le pedían algún comentario, pero aseguró que la cuestión racial no jugó ningún papel en los procesos.
Ahora, Kareem White, hermano de Kizzy y el último de los 46 acusados, será enjuiciado el martes próximo en medio de una atmósfera de profunda desconfianza entre la comunidad afro- estadounidense de Tulia.
"¡Hay prejuicio!", sostuvo la madre de White, Mattie, quien ahora cuida a los dos hijos de Kizzy, de tres y seis años de edad. "No quieren negros en este pueblo… Si alguien es negro no tiene posibilidades. Sabemos cómo son las cosas".
Kareem, a quien todos llaman "Kreamy", fue acusado de entregar una sustancia controlada y podría ser condenado a 20 años de cárcel. El afirma que es inocente.
"No hay ni sombra de justicia en estos casos", sostuvo Dwight McDonald, abogado de oficio de White. "Yo estoy contra el crimen como cualquier persona, pero seamos honestos. Creo que aquí no se actuó con justicia", dijo.
Como en la mayoría de los otros 45 casos, la evidencia contra White consiste solo en la palabra de Tom Coleman. El policía nunca usó ningún aparato de grabación y compró la droga solo.
Si bien no se trata de una táctica insólita para una operación encubierta de 18 meses en una pequeña comunidad rural, los abogados defensores señalaron que algunos aspectos del pasado de Coleman restan credibilidad a su testimonio.
El propio Coleman fue acusado de robo mediante uso indebido de su tarjeta de crédito por la oficina del comisario del distrito de Cochran, donde trabajaba antes. Si bien el comisario de Tulia estaba enterado de esos antecedentes, permitió que Coleman continuara su investigación.
El problema en Cochran aparentemente se resolvió cuando Coleman aceptó restituir 7.000 dólares. Sin embargo, cuando se le preguntó si tenía antecedentes penales en la sala del tribunal de Tulia, lo negó.
Los abogados defensores se quejaron de que no se les permitió usar esa información para impugnar el testimonio de Coleman.
"Mintió al tribunal y mintió sobre el hecho", afirmó Ronald Spriggs, el abogado de Kizzi Henry.
Entretanto, los familiares luchan para cuidar a los niños que quedaron desprotegidos, y esperan el resultado de las apelaciones ante la corte estatal.
"Toda la comunidad negra ha sido afectada", señaló Charles Kiker, un predicador blanco retirado que se involucró en la causa después que Joe Moore fuera condenado a 99 años.
Kiker mantiene sesiones de plegaria semanales con los parientes de los detenidos y espera atraer la atención de grupos de asistencia legal como la Unión Americana de Libertades Cívicas.
"Nuestra estrategia consiste en llamar la atención, pero será un proceso largo y lento", apuntó Kiker. "La comunidad negra está muy desalentada".
"Esperamos que tarde o temprano podamos entablar un pleito de derechos civiles", expresó.
Gary Gardner, otro miembro del puñado de residentes blancos de Tulia que está molesto con lo ocurrido, comparó los hechos ocurridos en el pueblo con la cacería de brujas contra supuestos comunistas ocurrida en los años 50.
"Los representantes de la ley en Tulia hablan de una ola de crímenes, pero no existe un problema de drogas como el que pretenden mostrar, y eso se basa en hechos", dijo Gardner, quien asistió a varios juicios y realizó investigaciones.
"Todo el sistema se ha desbaratado en este pueblo. Si se pusiera en fila a esas 46 personas y se les pidiera a ese policía encubierto que los reconociera, no podría hacerlo", afirmó.
"Aquí hay 46 historias humanas. Lamentablemente uno sabe lo que ocurrió, pero no lo puede probar", expresó Gardner. (FIN/IPS/tra-en/ks/da/ego-mlm/hd/00
