El defensor del pueblo, Eduardo Muñoz, y organizaciones no gubernamentales de Colombia pidieron un acuerdo humanitario para proteger a la población de la guerra civil.
Muñoz afirmó el viernes, en la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos, que el acuerdo «es una necesidad urgente para que la población civil no siga siendo víctima de este conflicto armado bárbaro y cruel».
Informó que en el primer semestre del año se registraron en Colombia 314 masacres, que costaron la vida a 1.389 personas, a las que se sumaron el secuestro de 1.559 civiles y el desplazamiento de sus viviendas de otros 135.000.
Estas cifras superan las del año pasado, cuando se realizaron 257 ataques de este tipo, con un saldo de 1.605 muertes, además de 2.945 personas secuestradas y otras 288.000 desplazadas de sus hogares.
Uno de los objetivos del acuerdo humanitario planteado es «sustraer a los niños y niñas de la participación directa en la confrontación» y evitar así que mueran o se vean obligados a alejarse de sus lugares de origen, indicó Muñoz.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) afirmó que 70 por ciento de la población forzada a dejar sus hogares son menores de edad.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló que unos 6.000 niños y adolescentes están vinculados a las guerrillas izquierdistas y a los paramilitares de derecha.
El coordinador de Mandato Ciudadano por la Paz, Camilo González, dijo a IPS que «la posibilidad de que en Colombia se desate este nudo tan temible de violencia» depende en buena medida de que se llegue a acuerdos definitivos para el respeto de la población civil.
Ese grupo demandó en 1998, con 10 millones de firmas, el fin de todas las formas de violencia en el país.
González agregó que esos convenios deben estar acompañados de un cese del fuego por parte de las fuerzas de seguridad y de los grupos irregulares, además de transformaciones económicas y sociales, que deben ser impulsadas por el movimiento social.
La necesidad de un acuerdo de este tipo también fue planteada por familiares de las víctimas de la guerra civil el 23 de agosto, cuando pidieron al gobierno, a la guerrilla y a los paramilitares «detener la guerra, la barbarie y las violaciones reiteradas a las normas del derecho internacional humanitario»
La declaración pública fue firmada por representantes de las personas desplazadas y familiares de secuestrados (civiles y soldados) y de desaparecidos.
Expertos sostienen que el acuerdo humanitario es necesario por la falta de confianza en una solución a corto plazo en las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, principal fuerza guerrillera del país.
Más lejos aún está un acuerdo entre Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo insurgente en importancia.
La celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos coincidió este viernes con el anuncio del grupo no gubernamental Colectivo de Abogados de que presentará una demanda contra el ejército de Colombia.
La organización acusará a los militares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la muerte de seis niños el 16 de julio en la localidad de Pueblo Rico, en el noroeste del país, al parecer por haberlos confundido con guerrilleros.
La fiscalía colombiana dispuso que el caso pasara a la justicia militar por entender que «no hubo intención por parte de los soldados de matar a los menores», según peritajes que determinaron que hubo un error humano cometido en el ejercicio de sus funciones».
Al informar del hecho, el ejército dijo que las muertes habían ocurrido durante un intercambio de disparos con un grupo del ELN, y que los rebeldes habían utilizado a los niños y niñas como «escudos humanos».
Esta versión oficial fue de inmediato desmentida por habitantes de Pueblo Rico, quienes responsabilizaron a los militares del hecho.
Pedro Maecha, del Colectivo de Abogados, dijo que «no tiene sentido alguno» pasar el caso a la justicia militar, que ya mostró parcialidad, cuando se trató claramente de una violación a los derechos humanos «que no debe quedar impune».
Organizaciones humanitarias anunciaron que pedirán justicia por este caso y otros aún impunes durante una marcha que se realizará este domingo en la clausura de la llamada «Semana por la paz», que se desarrolla en distintas partes del país. (FIN/IPS/yf/dm/hd/00
