Víctimas de violaciones de los derechos humanos en Birmania apelarán el fallo de un juez de Estados Unidos que les negó el derecho de demandar a una compañía petrolera estadounidense por estar al tanto de los abusos que sufrieron y beneficiarse con ellos.
Los demandantes son aldeanos birmanos que fueron obligados por el régimen militar de su país a trabajar o a reasentarse para que se llevara a cabo un proyecto de gasoducto implementado por la firma Union Oil (Unocal), con sede en el estado sudoccidental estadounidense de California, y por la francesa Total.
La estadounidense Ley de Reclamos por Agravios a Extranjeros, aprobada hace 200 años, permite que extranjeros que no viven en Estados Unidos demanden en ese país a personas o grupos de cualquier nacionalidad, por violaciones de los derechos humanos cometidas fuera del territorio estadounidense.
La condición para que se presenten los reclamos es que los demandados sean notificados de la querella cuando se encuentren en Estados Unidos.
Al amparo de esa norma, birmanos damnificados por la construcción del gasoducto presentaron una demanda por daños y perjuicios contra Unocal el año pasado, con respaldo de la organización no gubernamental (ONG) Derechos de la Tierra Internacional y de varios otros grupos de activistas.
Los demandantes fueron 15 personas, en su mayoría integrantes de las etnias minoritarias karen y mon, que vivían en el área en la cual se llevó a cabo el proyecto.
Este verano (boreal), la firma demandada solicitó un procedimiento de "juicio sumario". Ese recurso implica alegar que una demanda no sería aceptada aunque se demostrara la veracidad de toda la evidencia presentada. Si el tribunal acepta que se da esa circunstancia, la demanda queda sin efecto.
El juez Ronald Lew, de un tribunal de distrito de la ciudad californiana de Los Angeles, dictaminó el 31 de agosto que la evidencia contra Unocal no era suficiente para condenarla.
Lew aceptó que había pruebas de que la firma conoció o debió haber conocido la existencia de violaciones de los derechos humanos vinculadas con el proyecto, y de que esos crímenes la beneficiaron, pero concluyó que eso no iba a bastar para condenar a Unocal a pagar una indemnización.
"Las evidencias presentadas por los demandantes demuestran que los responsables del proyecto contrataron a militares para tareas de seguridad, y que los militares forzaron a aldeanos a trabajar en el gasoducto y a reasentarse para que el proyecto se llevara a cabo", escribió en su fallo.
También se demostró que los militares "cometieron numerosos actos de violencia para forzar a los aldeanos a trabajar o a reasentarse, y que Unocal supo o debió haber sabido que los militares habían cometido, estaban cometiendo y seguirían cometiendo tales abusos", admitió.
Sin embargo, afirmó que los demandantes debían probar un involucramiento mucho mayor de Unocal para que esa compañía fuera hallada responsable de sus padecimientos.
Sería necesario demostrar que la firma "participó" en los abusos, "influenció" a los militares para que los cometieran, o "conspiró" con ellos para realizarlos, indicó el juez.
El caso no sólo involucra un reclamo de indemnización de millones de dólares, sino que también pone a prueba la medida en la cual firmas estadounidenses pueden ser demandadas por abusos cometidos en el extranjero, cuando no participaron en ellos de modo directo.
Eso puede tener afectar en forma importante los actuales esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas y de otras instituciones internacionales para impulsar la adopción de códigos de conducta por parte de compañías del mundo industrializado que operan en países en desarrollo.
El gobierno militar de Birmania es considerado uno de los regímenes que más violan los derechos humanos.
Estados Unidos y Gran Bretaña han impuesto sanciones económicas a Rangún por esa causa y por su negativa a dialogar con la opositora e ilegalizada Liga Nacional para la Democracia (NLD).
La NLD ganó las elecciones de mayo de 1990 con más de 80 por ciento de los votos, pero los militares anularon los comicios, prohibió las actividades de la oposición y encarceló o desterró a sus dirigentes.
La líder de la NLD, Aung San Suu Kyi, había sido encarcelada en 1989 y recibió el premio Nobel de la Paz en 1991.
Las potencias occidentales bloquearon en gran medida la asistencia a Rangún del Banco Mundial y otros organismos multilaterales, y el régimen militar depende de proyectos capaces de atraer inversiones extranjeras.
Uno de esos proyectos es el gasoducto de Yadana, por valor de 1.200 millones de dólares que parte de yacimientos en el Mar de Andaman, atraviesa Birmania y llega a Tailandia.
El gasoducto fue concebido a fines de los años 80, comenzó a construirse en 1992 y se terminó el año pasado.
Durante años, activistas pidieron que Unocal cesara sus operaciones en Birmania porque la realización del proyecto se acompañaba de reasentamiento forzado de aldeas, trabajos forzados y otras graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo violaciones y asesinatos.
Los abogados de los demandantes alegaron que los militares cometieron esos crímenes mientras actuaban a sueldo de los responsables del proyecto para garantizar su "seguridad", y que Unocal conocía la existencia de los abusos, por lo cual debía pagar indemnizaciones.
En mayo, Derechos de la Tierra publicó un informe de 180 páginas con testimonios recogidos desde 1995 hasta este año, de cientos de aldeanos que fueron víctimas o testigos de abusos cometidos por militares en sus operaciones para la "seguridad" del gasoducto.
Entre los testigos había personas que aseguraron ser desertores del ejército birmano.
La ONG obtuvo y divulgó un informe del Departamento de Estado estadounidense de 1995, en el cual se describía con detalle una entrevista de un diplomático de Estados Unidos con Joel Robinson, un empleado de Unocal en Birmania, acerca de la relación entre las firmas responsables del gasoducto y los militares birmanos.
Según ese documento, Robinson reconoció que las compañías pagaban a los militares por tareas de seguridad, y que era habitual que tres camiones con soldados acompañaran a los responsables del proyecto cuando supervisaban los trabajos en curso.
Las firmas informaban a los militares acerca de las actividades diarias del proyecto, para que garantizaran su seguridad.
Unocal niega que haya conocido o aprobado la existencia de violaciones de los derechos humanos por parte de militares durante la realización del proyecto, salvo en algunas ocasiones en las cuales asegura que tomó medidas para impedir abusos.
"No podíamos saber todo lo que hacían los militares cada día. Cuando averiguamos que obligaban a trabajar a personas que no recibían remuneración, comenzamos a pagar a esos trabajadores en forma directa", afirmó Barry Lane, portavoz de Unocal.
"Unocal ya no puede negar su complicidad con crímenes contra la humanidad", enfatizó Katie Redford, una abogada de Derechos de la Tierra, quien informó que se llevará el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
"Confiamos en que esa corte admita que el nivel demostrado de complicidad de Unocal es suficiente para que se considere la demanda", explicó.
Se confirmó hace poco que uno de los integrantes de la corte de apelaciones será el juez Richard Paez, quien intervino en el caso cuando la demanda fue presentada, apuntó Redford.
En aquel momento, Paez admitió en un fallo que la ley permite hallar responsable a una firma estadounidense por violaciones de los derechos humanos cometidos fuera de Estados Unidos. (FIN/IPS/tra-eng/jl/da/mp/hd if/00
