El defensor de los derechos humanos paraguayo Martín Almada propuso una reunión de activistas y militares de América Latina, durante un seminario sobre "Autoritarismo, represión y memoria" llevado a cabo esta semana en Río de Janeiro
Diálogar con las nuevas generaciones militares y juzgar a los dictadores y represores que los precedieron son las líneas de acción propuestas por Almada.
El activista es un abogado famoso por descubrir en 1992, en lqas afueras de Asunción, los llamados "Archivos del terror", que registran la coordinación represiva de dictaduras de América Latina en la Operación Cóndor, durante los años 70 y 80.
El activista realizó nuevas denuncias y abogó por un juicio a Alfredo Stroessner, un ex dictador de su país (1954-1989) quien recibió asilo político en Brasil y vive en este país.
También propuso realizar una reunión de Fuerzas Armadas y organizaciones defensoras de los derechos humanos de América Latina, para aclarar indicios de que la coordinación represiva persiste en una especie de "Cóndor 2".
Sus temores de que esa coordinación exista se deben a que tuvo acceso a una carta reciente en la cual un oficial paraguayo anunciaba el envío de una "lista de subversivos" de Paraguay al Ejército de Ecuador, y sugería la elaboración de una lista latinoamericana.
Según el abogado, en la carta se identifica como "subversivos" a quienes forman parte de movimientos de "sin tierra" y "sin techo", a defensores de los derechos humanos, a activistas por los derechos de la mujer y a periodistas dedicados a la investigación.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Paraguay hizo un pedido formal a César Gaviria, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ex presidente de Colombia, para que promueva el encuentro de militares y activistas.
Los objetivos de la reunión serían, según Almada, conocer la "lista de subversivos" y sugerir a los militares que participen en programas sociales orientados, entre otras cosas, a la asistencia a niños abandonados, la educación y la protección del ambiente.
El abogado subrayó que es importante que las Fuerzas Armadas de América Latina reciban formación en materia de derechos humanos como la impartida en la actualidad a muchas instituciones policiales de la región, y señaló que le encantaría participar en debates de instituciones militares.
Almada dijo que pruebas contenidas en los "Archivos del terror", descubiertos en las afueras de Asunción, deben ser la base para juzgar a Stroessner y a otros militares responsables de torturas, desapariciones y asesinatos políticos.
Entre los ex dictadores que mencionó están el argentino Jorge Videla, el uruguayo Gregorio Alvarez y el boliviano Hugo Banzer, hoy presidente de su país por elecciones libres.
El activista sostuvo que el asilo concedido a Stroessner es "un absurdo jurídico" y debe ser anulado, porque beneficia a un prófugo de la justicia paraguaya desde 1991, acusado de asesinato, según documentos que entregó al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados brasileña, Marcos Rolim.
El juicio al ex dictador paraguayo debería realizarse en Brasil, porque no hay condiciones para hacerlo en Paraguay, donde Luiz Gonzalez Macchi es un "presidente ilegítimo", y otros altos funcionarios tuvieron papel activo en la dictadura de Stroessner, arguyó.
González Macchi presidía el Senado y llegó al gobierno en marzo del año pasado, tras una crisis durante la cual fue asesinado el vicepresidente Luis María Argaña y renunció el presidente, Raúl Cubas.
El padre del actual presidente fue ministro de Justicia de Stroessner durante 30 años, señaló el abogado para explicar que el poder en Paraguay sigue en manos de políticos vinculados con la dictadura.
Almada dijo que teme un nuevo golpe de Estado en su país, a causa de la situación inestable creada por la escasa legimitidad de González Macchi y el hecho de que el actual vicepresidente, Julio Cesar Franco, sea un opositor que triunfó en elecciones para ese cargo en agosto.
"González Macchi debería renunciar, por la salud de la democracia en el Paraguay", y convendría que el Mercado Común del Sur (Mercosur) contribuyera a que adoptara esa decisión, en beneficio de su propia estabilidad y consolidación, opinó.
El abogado también propone que la OEA y la Organización de las Naciones Unidas investiguen los asesinatos de 34 periodistas en el marco de la Operación Condor, a fin de establecer garantías para los periodistas en actividad que trabajan para esclarecer violaciones de los derechos humanos.
El propio Almada vive desde comienzos de este año en Estados Unidos, donde es profesor visitante de una universidad en el estado centromeridional de Arkansas, por "temor" a atentados en su país, donde enfrenta procesos judiciales a causa de sus denuncias.
Los "Archivos del terror" indican que la Interpol (policía internacional) fue cómplice de las dictaduras militares latinoamericanas, aseguró el abogado.
También hay pruebas de que existió una fase "Pre Cóndor" de la coordinación represiva, desde fines de los años 50 hasta los 60, en la cual los militares brasileños tuvieron un papel muy importante, al brindar entrenamiento para la represión política a sus pares de otros países de América del Sur, sostuvo.
El Ejército brasileño formó en la llamada "Doctrina de Seguridad Nacional" a muchos oficiales que luego se destacaron en la represión política en sus países, apuntó.
Almada mencionó también un documento firmado por el coronel chileno Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la temida Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura de Augusto Pinochet (1973- 1990).
En esa carta, Contreras pidió a Pinochet "asignaciones para los oficiales de esta Dirección que siguen cursos de preparación de grupos antiguerrilleros en el Centro de adiestramento de la ciudad de Manaos, Brasil". (FIN/IPS/mo/mp/hd ip/00
