Proyectos forestales y mineros en Rusia que dañan el ambiente y violan leyes nacionales cuentan con financiamiento del Banco Mundial, denunciaron activistas.
Los ambientalistas lanzaron una campaña al respecto esta semana porque el Banco Mundial planifica negociar acuerdos mineros y forestales en Rusia en una reunión prevista para este martes.
Las protestas comenzaron cuando el presidente Vladimir Putin disolvió por decreto en mayo dos organismos federales dedicados a la protección del ambiente, el Comité de Ecología y el Servicio Forestal.
La tarea de estos organismos fueron asumidas por el Ministerio de Recursos Naturales, cartera dedicada a la extracción de materias primas y no a la protección del ambiente.
Sin estos organismos de contralor no habrá garantías para el cumplimiento de las leyes ambientales en la aplicación de los proyectos financiados por el Banco Mundial, advirtieron los activistas.
Pero cinco días después del decreto presidencial, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 60 millones de dólares al disuelto Servicio Forestal, que había sido disuelto.
«Si el Banco Mundial carece de sensatez y envía dinero a organismos que ya no existen, la totalidad de sus proyectos deben ponerse en cuestión», dijo el director político del Centro de Ambiente y Recursos del Pacífico, con sede en California, Doug Norlen.
El Banco debió suspender el desmbolso debido a las protestas de los grupos ambientalistas rusos e internacionales.
Ecojuris, organización rusa dedicada a analizar las leyes que afectan al ambiente, anunció una demanda por considerar que el decreto de Putin fue inconstitucional.
«El Banco Mundial viola las leyes al aprobar este tipo de proyectos y al respaldar con sus préstamos la anulación de un organismo protector del ambiente», agregó Norlen.
Pero el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, defendió su posición el viernes ante periodistas.
«Lo que le dijimos a Rusia fue que estábamos preparados para darles un préstamo, pero que sólo lo haríamos cuando se hubieran reestablecido los sistemas para controlar y supervisar las condiciones ambientales», aseguró.
Entre las condiciones para el otorgamiento del préstamo a la forestación figuraba la realización de un debate público a través de Internet en que los ciudadnos rusos pudieran opinar sobre los proyectos.
Las autoridades del banco se preparan para las protestas contra sus políticas de financiamiento el mes que viene, cuando realice su reunión anual en Praga.
«La aprobación de proyectos que dañan el ambiente y violan las reglas de la ley contribuyen a la mala fama del Banco Mundial, conocido por tomar medidas disparatadas», opinó Norlen.
El malestar de la ciudadanía rusa por el decreto de Putin crece, agregó. Ochenta y siete por ciento de los rusos condenaron la decisión del presidente, según una encuesta.
Aprovechando esta tendencia, varios grupos están organizando un referéndum para que la ciudadanía decida si los dos organismos de protección ambiental deben ser disueltos o no.
Por otra parte, los ambientalistas ya han notado un impacto negativo en la protección ambiental como resultado del decreto de Putin.
En la región de Kamchatka, por ejemplo, el ex representante del Comité Ambiental dejó de apoyar un programa de la Organización de las Naciones Unidas de protección al salmón en dos zonas marítimas amenazadas por el Ministerio de Recursos Naturales, interesado en explotarlas por su riqueza en oro y gas.
Activistas de Baikal Wave, grupo defensor del Lago Baikal, el más antiguo y profundo del mundo, afirmaron que desde que los organismos desaparecieron no saben cómo continuar solos el control del lago.
El grupo había recibido, antes del decreto de Putin, una certificación del Comité de Ecología que le reconocía el derecho a controlar la contaminación, la caza y la pesca cerca del lago. «Ahora estos certificados pasarán a ser sólo un pedazo de papel», dijo Vyacheslav Kudryyavtesv, de Baikal Wave.
El decreto de Putin no procura sólo reorganizar la burocracia rusa, según Dmitry Lisitsynm del Sakhalin Enviroment Watch, un grupo defensor de las Islas Sajalín, en la costa oriental.
«El organismo de protección ambiental era uno de los principales logros del movimiento democrático en Rusia después del colapso de la Unión Soviética», opinó Lisitsyn.
El decreto de Putin constituye un «intento del gobierno de convertir a Rusia en una colonia de recursos naturales», sostuvo. (END/IPS/EN/EF/dk/da/rp/en dv/00
