Grupos estadounidenses de activistas por el ambiente y los derechos humanos rechazaron la condena a seis años y ocho meses de prisión de dos campesinos ambientalistas mexicanos, basada en confesiones que fueron obtenidas mediante torturas según sus abogados.
Los sentenciados son Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dirigentes de la organización Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, del estado meridional mexicano de Guerrero, a quienes un juez de distrito halló el lunes culpables de siembra de marihuana y posesión ilegal de armas.
La condena de los activistas fue considerada un duro golpe para los derechos humanos y la protección ambiental en México.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) Amnistía Internacional y Sierra Club afirmaron que el arresto y la condena de Montiel y Cabrera se debieron a sus esfuerzos para detener la tala ilegal de árboles en las montañas que rodean su aldea, al norte de Acapulco.
Ambas ONG consideran que los sentenciados son presos de conciencia.
"Las autoridades mexicanas demostraron total indiferencia por los derechos humanos de esos dos hombres y enviaron un mensaje paralizante a otros activistas por el ambiente", dijo Diego Zavala, de la filial estadounidense de Amnistía Internacional.
Montiel comenzó a organizar en 1988 a los campesinos de su región para luchar contra la explotación maderera que, a su juicio, causaba erosión del suelo, afectaba el abastecimiento de agua y causaba la pérdida de cosechas.
El activismo de Montiel nació de la preocupación por sus propios cultivos, cuando el talado de árboles en las montañas de Guerrero comenzó a perjudicar la napa acuífera de las zonas boscosas e hizo disminuir en forma drástica el abastecimiento y la calidad del agua en la región.
El campesino, quien sólo llegó a cursas el primer grado de la escuela primaria, escribió cartas a funcionarios federales para denunciar que las leyes eran violadas por las firmas madereras.
Esas cartas nunca recibieron respuesta, y Montiel fundó Campesinos Ecologistas, cuyas actividades llevaron a la compañía maderera Boise Cascade, con sede en Estados Unidos, a desistir de sus actividades de explotación en Guerrero.
Poderosos terratenientes locales y militares de una guarnición vecina reaccionaron con furia ante las acciones de la organización ambientalista, que la oficina del fiscal general del estado de Guerrero definió como una "ecoguerrilla".
Soldados del 40 Batallón de Infantería del Ejército arrestaron a Montiel y Cabrera en mayo de 1999, y se denunció que los golpearon y torturaron. Durante el arresto, los soldados dispararon contra otro campesino y lo mataron.
Según testimonios de prisioneros difundidos por Amnistía Internacional, Montiel y Cabrera fueron amenazados con armas de fuego para que declararan que poseían armas en forma ilegal y eran cómplices de la organización guerrillera izquierdista Ejército Popular Revolucionario, que opera en la región.
El centro de derechos humanos mexicano Agustín Pro Juárez, una ONG vinculada con la congregación católica de los jesuitas, se hizo cargo de la defensa judicial de Montiel y Cabrera. La organización denunció que sus integrantes han recibido desde entonces numerosas amenazas de muerte.
La coordinadora del programa legal de la ONG, Digna Ochoa y Plácido, fue secuestrada y maltratada por desconocidos durante varias horas en agosto de 1999.
La Fundación Ambientalista Goldman, con sede en el estado sudoccidental estadounidense de California, otorgó su prestigioso Premio Ambiental anual a Montiel y Cabrera y se sumó a la campaña de denuncia de su situación.
La fundación apeló al presidente electo de México, Vicente Fox, "para que demuestre su compromiso con los derechos humanos y la protección del ambiente, y anule la condena de los dos hombres apenas asuma el poder", dijo Richard Goldman, presidente de la institución.
El 14 de julio, la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos de México admitió que Montiel y Cabrera habían sido detenidos en forma ilegal y torturados por integrantes del ejército, y negó que ambos activistas portaran armas cuando fueron arrestados, como denunciaron las autoridades.
Alejandro Queral, director del programa de derechos humanos y ambiente del Sierra Club, visitó a Montiel y Cabrera en abril e informó que ambos habían perdido peso, que se les negó atención médica en varias ocasiones, que eran tratados en forma inhumana y que se les obligaba a dormir en el frío piso de los baños.
"El arresto, condena y tortura de Montiel y Cabrera tiene clara vinculación con sus esfuerzos para proteger los bosques en Guerrero, que comienzan a desaparecer ahora que nadie habla a favor del ambiente", afirmó.
Forenses que trabajan para la filial danesa de la ONG Médicos por los Derechos Humanos examinaron a Montiel y Cabrera y ratificaron las denuncias de que ambos fueron torturados.
"No estamos contra nadie. Confiamos que todos cuidarán la ecología, porque al dañar el ambiente todos nos hacemos daño", señaló Montiel en un comunicado difundido por la Fundación Goldman. (FIN/IPS/tra-eng/dk/da/ego/mp/hd en/00)
