El gobierno de México violó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y deberá indemnizar con 16,7 millones de dólares a una compañía de Estados Unidos, falló un tribunal internacional con sede en Washington.
El miércoles, el tribunal falló que México violó las disposiciones sobre inversores incluidas en el Capítulo 11 del TLCAN al impedir que la compañía Metalclad abriera un centro de tratamiento de desechos peligrosos en el central estado mexicano de San Luis Potosí.
La oposición del gobierno mexicano al proyecto tuvo el efecto de expropiar las ganancias de Metalclad, según el tribunal, un brazo del Banco Mundial llamado Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión.
La decisión aumenta la preocupación del público de que los acuerdos de integración comercial e instituciones como la Organización Mundial de Comercio (OMC) se utilicen para evitar leyes nacionales y locales.
"Es una pesadilla", dijo Dan Seligman, director de la campaña por el comercio sustentable de la organización ecologista Sierra Club.
Seligman, quien ayudó a organizar las protestas del año pasado contra la OMC en Seattle, dijo que la decisión del tribunal es una "llamada de atención" a cualquiera que le interese la protección ambiental.
El Capítulo 11 pretendía impedir la expropiación de las inversiones de una compañía, pero se convirtió en un arma contra las leyes ambientales, de salud y seguridad públicas, aseguró.
"En este caso hemos visto que una empresa puede demandar con éxito a un gobierno según las reglas del TLCAN", dijo Seligman.
A principios de los años 90 Metalclad recibió la autorización del gobierno mexicano para construir una planta de desechos capaz de manejar hasta 360.000 toneladas de residuos peligrosos por año.
El centro comenzaría a funcionar en 1995, pero protestas públicas contra la planta llevaron a las autoridades a investigar las posibles consecuencias ambientales de sus actividades.
Habitantes de la localidad dijeron que ninguna autoridad les consultó sobre la instalación del centro de tratamiento, al cual se oponen por considerarlo un basurero tóxico.
El gobernador del estado prohibió que Metalclad reabriera el centro cuando una investigación de impacto ambiental reveló que éste se encuentra sobre un arroyo aluvial subterráneo, ecológicamente sensible.
El gobernador finalmente declaró el sitio parte de una zona ecológica de 240.000 hectáreas, a pesar de que el gobierno federal aprobaba el proyecto de Metalclad.
Metalclad sostuvo que la acción del gobernador expropió sus ganancias previstas y solicitó 90 millones de dólares en daños. Activistas ambientalistas señalaron que la cifra es mayor que el ingreso anual combinado de cada familia del condado donde está ubicado el centro de la compañía.
Metalclad presentó la demanda en enero de 1997. Los tres jueces del tribunal le concedieron al gobierno mexicano 45 días para comenzar a pagarle a la compañía estadounidense. De no hacerlo, la indemnización se incrementará seis por ciento mensualmente.
Grant S. Kesler, presidente de Metalclad, dijo que los 16,7 millones de dólares son una cifra simbólica que no refleja el valor del proyecto.
"Los mayores perdedores son el pueblo de México que seguirán viviendo en un país que produce 10 millones de toneladas de residuos peligrosos por año y con una sola instalación en todo el país para tratarla", dijo a la prensa.
El caso de Metalclad es sólo una de varias disputas comerciales entre los tres países del TLCAN. Al menos siete conflictos con políticas ambientales nacionales fueron planteados por compañías de acuerdo con el Capítulo 11 del tratado.
Un ejemplo es la demanda de la compañía canadiense Methanex Corporation contra Estados Unidos por la decisión del estado de California de eliminar gradualmente el uso de un aditivo combustible de la compañía que le costó a la misma 970 millones de dólares.
El gobernador de California, Grey Davis, ordenó el cese del uso del aditivo para fines del 2002 después de que estudios revelaron niveles altos y posiblemente peligrosos del elemento en el agua potable del estado. La demanda de Methanex sigue pendiente.
En otro caso, la empresa estadounidense Ethyl cuestionó la prohibición de Canadá a la venta e importación de un aditivo de gasolina conocido como MMT.
Ethyl pretendía 250 millones de dólares en daños por concepto de expropiación de ganancias. En julio de 1998, Canadá levantó la prohibición e indemnizó a la compañía con 13 millones de dólares.
"Siempre que una norma de seguridad laboral represente una carga para una compañía, esta podrá recurrir al Capítulo 11 para demandar a gobiernos soberanos. Es una locura", comentó Mary Bottari, de Global Trade Watch, un grupo activista. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/aq/if-en/00
