Grupos de ecologistas, indignados por el fallo de un tribunal internacional a favor de una corporación multinacional, piden cambiar las normas de protección de inversiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El mes pasado, los tres jueces de un tribunal del TLCAN, en el marco del Centro Internacional para Disputas de Inversión, en Washington, ordenaron al gobierno de México indemnizar con 16,7 millones de dólares a una compañía estadounidense a la cual prohibió abrir una planta procesadora de residuos considerada peligrosa para el ambiente.
Los activistas criticaron con dureza ese fallo y están atentos al proceso de otra demanda de la cual se ocupa el mismo tribunal, planteada por una firma canadiense que reclama casi 1.000 millones de dólares a Estados Unidos, porque normas para proteger el agua le impiden realizar ventas.
En los dos casos, las corporaciones multinacionales arguyeron que normas ambientales o sanitarias violan las cláusulas del Capítulo 11 del TLCAN, acerca de las inversiones, en el cual se establecen garantías para evitar la expropiación de instalaciones de compañías.
La firma Metalclad, con sede en el estado sudoccidental estadounidense de California, denunció que una ley mexicana le impedía abrir un centro de almacenamiento y procesamiento de residuos peligrosos en la localidad de San Juan de Potosí, y pidió 90 millones de dólares de indemnización.
El tribunal ordenó al gobierno de México pagar a Metalclad casi 17 millones de dólares.
Según Steven Porter, del Centro de Legislación Ambiental Internacional, el caso ilustra que las corporaciones multinacionales están a la ofensiva contra normas ambientales y sanitarias.
Gray Davis, gobernador de California, ordenó a su vez la remoción total del aditivo químico para gasolina MTBE para 2002, luego de que estudios científicos indicaran que puede causar cáncer o enfermedades neurológicas y dermatológicas, entre otras.
La firma canadiense Methanex, con sede en Vancouver, es una importante productora de metanol, un componente clave del MTBE, y presentó una demanda contra esa prohibición.
Durante la década pasada el empleo del aditivo aumentó porque la sustancia reduce las emisiones de gases tóxicos de los automóviles, y es empleada con el fin de cumplir con la Ley de Aire Puro estadounidense.
Derrames de MTBE desde autos, embarcaciones y depósitos subterráneos contaminan las reservas de agua de California, según otros estudios científicos.
"El MTBE en la gasolina ha hecho una importante contribución para mejorar la calidad del aire en Estados Unidos y en el resto del mundo", se afirmó en un comunicado de Methanex, la cual sostuvo en su demanda que perderá 970 millones de dólares de ganancias si California prohibe la sustancia.
Los ambientalistas aseguran que otras sustancias con los mismos efectos positivos no contaminan el agua.
"El reclamo de Methanex equivale a una extorsión para que California no insista en mantener su agua potable libre de contaminantes", dijo Martin Wagner, abogado de la organización no gubernamental (ONG) Justicia para la Tierra.
"Algo está muy equivocado en la forma en que se aplica el capítulo del TLCAN sobre inversiones", dijo David Schorr, director del programa de comercio sustentable de la ONG Fondo de Protección de la Naturaleza.
Activistas enviaron una carta al gobierno estadounidense para pedir que se suspenda el proceso de la demanda de Methanex y que se anule el secreto de ese proceso.
Los tribunales del TLCAN fueron creados con el modelo del arbitraje comercial privado y funcionan a puertas cerradas.
Los ambientalistas arguyen que las normas del TLCAN otorgan a las multinacionales ventaja sobre las comunidades locales y los ciudadanos comunes.
"Importantes cuestiones de política pública y legislación constitucional han sido decididas en secreto", dijo David Waskov, director comercial de la ONG Amigos de la Tierra.
Dos ONG ambientalistas dirigieron al tribunal del TLCAN pedidos formales de que consideren alegatos que presentarán acerca del caso.
El director de relaciones con los inversores de Methanex, Brad Boyd, dijo a IPS que esa firma "no establece las reglas" de los tribunales del TLCAN, cuando se le pidió que comentara las crecientes críticas a la falta de transparencia de los procesos. (FIN/IPS/tra-eng/dk/da/ego/mp/en if/00
