El gobierno militar de Birmania expulsó de sus hogares a cientos de miles de aldeanos y los reasentó en sitios inhóspitos, con la intención de privar de apoyo a insurgentes, señaló la organización no gubernamental Grupo de Investigación Etnica sobre Birmania (BERG).
Pueblos enteros fueron trasladados en varias ocasiones por los militares, que gobiernan el país desde 1962, pero la magnitud de los desplazamientos y del sufrimiento humano que causan nunca fue tanta ni tan alarmante como en los últimos tiempos, indicó el BERG, con sede en la ciudad noroccidental tailandesa de Chiang Mai.
La estrategia de reasentar a poblaciones civiles nunca se había aplicado con tanta fuerza y fanatismo, afirmó la organización no gubernamental en un informe acerca de los desplazamientos en el estado oriental birmano de Karenni.
El objetivo es el mismo que han buscado los gobiernos militares durante casi 40 años: evitar el eventual aporte de alimentos, dinero, armas, información o reclutas a grupos insurgentes de minorías étnicas que han combatido al gobierno durante décadas.
"El conflicto en curso entre grupos armados estatales y no estatales ha conducido al desplazamiento en gran escala de civiles", señaló el BERG.
El Estado encara ese conflicto con criterios puramente militares, "e implementa sus políticas sin consultar u ofrecer participación a la población civil, y fuera de todo marco legal", destacó.
Se estima que sólo en el estado de Karenni hay unos 70.000 desplazados internos, y si se suman los de los estados de Mon, Karen y Shan la cifra llega a más de medio millón, según el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Birmania, Rajsoomer Lallah.
Pero el número total de desplazados internos en el país es casi un millón si se tienen en cuenta los de los estados de Chin y Arakan, y los de las occidentales Colinas de Naga, donde grupos insurgentes enfrentan al régimen militar.
Muchos de los mayores desplazamientos de personas se produjeron en los años 90, cuando grandes cantidades de aldeanos de Karenni sospechosos de apoyar a los insurgentes fueron trasladados y "sus casas fueron destruidas mediante incendios intencionales", denunció el BERG.
Sólo en dos grandes operaciones de desplazamiento en 1992 y 1996, más de 40.000 personas fueron sacadas por las fuerza de sus hogares, subrayó.
"La mayor parte de los desplazados sólo pudieron llevar consigo unas pocas pertenencias, ya que se les dio poco tiempo para irse y debieron viajar a pie a os nuevos asentamientos", explicó un activista que trabaja con refugiados en la frontera entre Birmania y Tailandia.
Gran cantidad de desplazados escapan de los nuevos asentamientos, donde las condiciones de vida son muy precarias, según varios estudios. Esas personas vuelven a su lugar de origen, se esconden en los bosques o emigran a Tailandia.
Las autoridades "no pueden o no desan ocuparse de cuestiones básicas como la disponibilidad de agua, alimentos, tierra cultivable y empleo en los lugares de reasentamiento", sostuvo el BERG.
En el estado central de Shan, que posee fronteras con China, Laos y Tailandia, hubo más de 300.000 víctimas de desplazamientos forzados desde 1996, según la Fundación de Derechos Humanos de Shan.
Los militares intentaron de ese modo privar de apoyo a grupos insurgentes que no se rindieron ante el gobierno en enero de ese año, cuando lo hizo el Ejército Mong Tai conducido por Khun Sa, también conocido como "Rey del Opio" por sus actividades ilegales.
En Shan, como en otros estados donde habitan minorías étnicas, los aldeanos fueron obligados a dejar atrás su ganado y sus cultivos, para ser reasentados en áreas desoladas junto a los caminos, donde debieron constuir precarias chozas y transformarse en jornmaleros o mendigos para subsistir.
Muchos de ellos fueron forzados a trabajar en proyectos de construcción de carreteras o en campamentos militares. En sus poblados de origen, los militares dispararon contra quienes regresaban para cosechar o buscar algún alimento, según numerosas evidencias.
Por otra parte, "entrevistas con refugiados indicaron que hubo numerosos ataques a varones y mujeres víctimas de desplazamiento por parte de los militares, incluyendo violaciones, en los lugares de reasentamiento y fuera de ellos", señaló el BERG.
Los abusos afectaron tanto a la población adulta como a la infantil.
"La provisión de lugares seguros para dormir a mujeres solteras, jefas de familia o niños y niñas sin compañía de adultos parece ser escasa o nula", apuntó la organización no gubernamental.
"Los mayores problemas actuales de las personas desplazadas son la negación de refugio y las dificultades para recibir asistencia a través de la frontera, en ese orden" dijo Steve Thompson, un activista que trabaja desde Tailandia en cuestiones vinculadas con Birmania.
Los campos de refugiados para birmanos en la región fronteriza de Tailandia se han rehusado a recibir nuevos huéspedes en los últimos tiempos, y las organizaciones no gubernamentales con sede en Tailandia no tienen autorización para cruzar la frontera con Birmania.
Eso se debe a recientes conflictos de las autoridades tailandesas con grupos insurgentes birmanos, entre ellos el Ejército de Dios de los Karen, que se tomó en enero un hospital en Ratchaburi, al oeste de Bangkok.
El bloqueo de la vía de escape a Tailandia hizo aun más desesperada la situación de los desplazados internos birmanos.
"Los desplazados carecen de seguridad y de acceso habitual a alimentos o servicios médicos. Además, muchos fueron trasladados a zonas muy minadas" dijo el médico Chris Beyrer, de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la universidad estadounidense John Hopkins, quien trabaja en asuntos sanitarios de la región.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha ejercido presión en los últimos tiempos para que se garantice el derecho de los desplazados birmanos a recibir protección y asistencia.
Sin embargo, activistas señalaron que el ACNUR sólo puede actuar si recibe autorización del Estado involucrado y del secretario general de la ONU o de uno de los principales organismos competentes del foro mundial.
"El ACNUR no tiene buenos antecedentes en la asistencia a refugiados de la etnia rohingya, de la zona occidental de Birmania", sostuvo un activista de Chiang Mai.
La agencia debería "mejorar su foja de servicios antes de comenzar a pedir que se amplíe su mandato para abarcar a los desplazados internos", añadió. (FIN/IPS/tra-eng/tag/ral/hd ip/00
