La Unión Europea (UE) levantó hoy las sanciones diplomáticas que había impuesto en febrero a Austria, uno de sus miembros, por el ingreso en la coalición de gobierno del ultraderechista Partido Liberal.
Los 14 países socios de Austria entendieron que las sanciones, las primeras en su tipo aplicadas por la UE a un estado miembro, «fueron útiles», y que «ahora pueden ser levantadas», según una declaración divulgada en París.
Pero se mantendrá «una vigilancia especial» en el caso de Austria, pues el Partido Liberal es todavía una «seria preocupación» para la UE, se puntualizó en la declaración.
Entre las sanciones figuraban la reducción del nivel de las relaciones bilaterales con Viena y el retiro de respaldo a la candidatura de funcionarios austríacos a cargos internacionales.
Un informe difundido el fin de semana por un grupo de asesores de la UE independientes conocido como «los tres sabios» concluyó que Austria respeta los derechos de las minorías, de los refugiados y de los inmigrantes tanto como los restantes países del bloque.
Las sanciones fueron impuestas debido a denuncias de que el Partido Liberal y su presidente hasta el 29 de febrero, Joerg Haider, fomentaba el odio contra los inmigrantes.
El informe extendió a Austria un certificado de salud plena, y observó que la violencia contra los solicitantes de asilo político y otros extranjeros «han sido menos frecuentes en Austria que en otros muchos países de la UE».
Pero el autor observó que ciertos representantes del Partido Liberal usaron en reiteradas ocasiones un lenguaje ambiguo y con frecuencia «xenofóbico e incluso racista» y que «explotó y enfatizó» esos elementos en su campaña política.
En junio, la UE pidió a la Corte Europea de Derechos Humanos la designación de tres expertos para considerar la situación en Austria: el ex presidente finlandés Martti Ahtisaari, el ex canciller español y comisionado de la UE Marcelino Oreja y el jurista alemán Jurgen Frowein.
El informe estableció que el Partido Liberal es «un partido populista de derecha con elementos radicales», pero que continuar con las sanciones diplomáticas sería contraproducente, pues las medidas «ya generaron sentimientos nacionalistas en Austria, pues se las interpretó como sanciones contra el pueblo de Austria».
Las encuestas demostraron que las sanciones tuvieron un efecto negativo sobre la integración europea en la opinión pública austríaca.
El informe recomienda a la UE una revisión de su normativa, así como la formalización de un mecanismo que permita abordar situaciones similares, el desarrollo de sistemas institucionales de control para evaluar el compromiso de los estados miembros con «valores europeos comunes».
Los autores del informe también propusieron la creación de una Oficina de Derechos Humanos en el marco del Consejo de Ministros, la designación de un Comisario de Derechos Humanos y el establecimiento de una agencia para actuar en ese ámbito.
El ministro de Asuntos Europeos de Francia, Pierre Moscovici, cuyo país está hoy al frente de la Presidencia rotativa de la UE, dijo a los periodistas en París el lunes que persistía la preocupación ante la presencia de la extrema derecha en la coalición de gobierno.
Moscovici añadió que la UE debería tomar medidas para supervisar la situación de los derechos humanos en Austria.
El presidente del centroderechista Partido Popular Europeo, Wilifred Martens, respaldó el levantamiento de las medidas con el argumento de que «si alguien resultó favorecido por esta desafortunada debacle son los demagogos nacionalistas».
Los populares europeos extendieron antes que la UE un «certificado de salud» a Austria. Tres partidos nacionales del grupo habían reclamado la suspensión del Partido Popular austríaco por aliarse con el Partido Liberal.
Austria argumentó que las acciones tomadas en su contra por los 14 integrantes de la UE carecía de base legal en la legislación comunitaria.
«Esto contradice el espíritu de alianza entre miembros de la UE y daña la confianza en la UE, basada en leyes aplicables en todos sus países. Además, tiene efectos perjudiciales en países que países que solicitan integrarse», dijo Hans-Gert Poettering, presidente del grupo popular en el Parlamento Europeo.
República Checa, aspirante a miembro de la UE, también impuso sanciones contra Austria. Muchos políticos afirmaron que las medidas eran necesarias para desalentar la inclusión de partidos ultraderechistas en los gobiernos de las frágiles democracias de Europa oriental, así como en actuales socios de la UE.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, declaró en marzo su preocupación por el retorno a Europa de una extrema derecha que abreva en la nostalgia por el pasado nazi.
Las declaraciones de Robinson en el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, aludían a los avances electorales de la extrema derecha en Austria y Suiza.
Aunque Haider y otros directivos del Partido Liberal manifestaron en reiteradas ocasiones sus preocupación en torno de la inmigración, muchos políticos manifiestan su escepticismo al respecto.
El informe «brinda evidencia de lo que hemos estado diciendo desde la formación de este gobierno de coalición: los objetivos del Partido Liberal son ajenos a los valores de la UE. Debemos mantenernos vigilantes», dijo Enrique Barón Crespo, presidente del bloque socialista en el Parlamento Europeo.
De todos modos, Barón Crespo admitió que las sanciones fueron casi simbólicas.
El informe de los «tres sabios» concluyó que las sanciones fueron efectivas en intensificar los esfuerzos de Viena por adecuarse a los valores europeos. (FIN/IPS/bk/sm/ip hd/ff-mj/00