La crisis política por sobornos en el Senado de Argentina pone de relieve una cuestión que esta empobrecida sociedad aceptaba hasta ahora con resignada naturalidad: el fabuloso enriquecimiento de los legisladores.
El patrimonio de los senadores, ahora público debido a una decisión judicial, contrasta con el alto desempleo y la pobreza en que está sumergida un tercio de la población, a tal punto que algunos comentaristas ya se preguntan con ironía si los legisladores pertenecen o no al mismo país que sus electores.
"La publicidad de los bienes de los legisladores abre la posibilidad de investigar temas que no son públicos", dijo a IPS la abogada Mónica Frade, de la organización no gubernamental Control Ciudadano, aunque puso en duda la veracidad del contenido de lo que se declara.
Según declaraciones juradas dadas a conocer en los últimos días, una mayoría de senadores tiene entre ocho y 12 propiedades inmobiliarias cada uno, inversiones en acciones y empresas y casi nunca menos de tres vehículos.
Además, suman ingresos varios por dieta parlamentaria, extraordinarios, pensiones, rentas y honorarios privados que no abandonan cuando asumen sus bancas.
No obstante, Frade hizo hincapié en que estas declaraciones "no parecen coincidir con lo que realmente tienen muchos de ellos". La abogada añadió que las diferencias, por ejemplo, entre lo que cada uno reconoce percibir como senador hace "poco creíbles" los datos.
El juez pidió a los senadores la declaración jurada de bienes en el marco de una investigación judicial sobre millonarios sobornos que se habrían pagado en la cámara alta en abril para la aprobación de una ley de reforma laboral. En un hecho sin precedentes, 47 de los 69 las dieron a conocer al público.
Sin contar los 22 senadores que prefirieron mantener su patrimonio en reserva, hay casos que causan sorpresa por el contraste entre el enriquecimiento personal de los legisladores y la situación de pobreza en que vive la población de sus provincias.
Silvia Sapag, senadora de un partido local de la provincia de Neuquén, declaró tener 12 casas y campos por casi un millón de dólares, "alhajas" por casi 30.000 y un solo automóvil.
El senador Héctor Maya, uno de los que aún no dio a conocer su situación, admitió que el patrimonio de los senadores "irrita en el panorama nacional", pero consideró importante que no se lo oculte. En su caso, aseguró haber acumulado honorarios como abogado en litigios con obras públicas.
El sueldo de un senador es de 5.000 dólares al mes, además de 4.200 en concepto de viáticos para pasajes y combustibles. Las autoridades de grupos parlamentarios suman una asignación extraordinaria, y hay algunos que declaran, incluso, sueldo en su carácter de autoridades partidarias.
El senador Emilio Cantarero —en la mira de la investigación judicial— no precisó el número de propiedades inmuebles que posee. Las englobó en la declaración como "casas y campos por 2.330.000" dólares. Cantarero representa a la norteña provincia de Salta, una de las más pobres del país.
Además, declaró ingresos 20.000 al año por "gastos reservados" que no especifica. Es el único senador que admite percibirlos. Además, tiene cinco autos.
El nombre de Cantarero, del opositor Partido Justicialista, fue mencionado una semana atrás cuando confesó ante una periodista del diario La Nación que él fue uno de los que recibió sobornos. Luego, lo desmintió y querelló a la cronista.
Al menos una docena de senadores confiesa haber acumulado más de ocho propiedades inmobiliarias. El resto, en promedio, no baja de las seis.
Entre los automóviles —que no necesitarían para cumplir la función legislativa porque el Estado les otorga uno con chofer a cada uno—, hay numerosas "cuatro por cuatro", cuatriciclos y motos de agua.
Todos informaron que, además de sus ingresos como legisladores, perciben honorarios profesionales, rentas y dividendos por inversiones privadas, acciones o alquileres, jubilaciones de varios miles de dólares —por cargos en la función pública— y otros que podrían ser cuestionables.
Juan Melgarejo, de la oficialista Alianza, dijo recibir una renta de 200.000 dólares al año como "comerciante". José María Aréchaga, también oficialista, dijo percibir 120.000 como subastador, y Ruben Pruyas, del justicialismo —que afirmó tener siete casas— obtiene ingresos extraordinarios de "una clínica".
Rugero Petro, de un partido local de la provincia de Tierra del Fuego, tiene cuatro viviendas valuadas en 1,2 millones de dólares. En "bienes del hogar" declaró más de 700.000 dólares y en "acciones", 14 millones.
Alejados de las curvas declinantes de la economía en general y de la agricultura en particular, a los senadores les va mucho mejor que al resto de la sociedad, aun cuando no dedican todo el tiempo a sus negocios. Manuel Rodríguez, justicialista, tiene casi un millón de dólares en hacienda y maquinaria agrícola.
José Saez, de la Alianza, declaró apenas 177.000 dólares en inmuebles. Pero tiene cinco automóviles de marcas caras y 1,1 millón de dólares en acciones, además de "dividendos" que no aclara cómo obtiene y una buena pensión.
Un caso paradigmático entre tanta prosperidad es el de un senador justicialista con ocho casas. Jorge Villaverde percibe, además, 102 dólares mensuales como "profesor", lo cual pone de manifiesto qué distinto impacto puede tener el achicamiento del Estado cuando se trata de unos y otros servidores públicos.
El enriquecimiento de los senadores explica en parte la reacción de la opinión pública, que al conocer el escándalo por los supuestos sobornos se manifestó mayoritariamente convencida de que los pagos ilegales existieron, y escéptica en relación con el esclarecimiento del caso, según las encuestas.
De acuerdo con sondeos dados a conocer en las últimas semanas, más de 90 por ciento de los consultados no dudan de que los senadores reciben dinero para aprobar leyes como práctica habitual — no como excepción—, y desconfían por igual del oficialismo y de la oposición.
Un ex corresponsal de la revista estadounidense Newsweek, Martín Andersen, declaró el lunes al diario Página 12 que está dispuesto a declarar ante la justicia por un caso de soborno, pero en la Cámara de Diputados.
Andersen recordó haber publicado en en octubre pasado que el diputado Claudio Sebastiani reconoció haber distribuido sobres por 25 millones de dólares a otros diputados para la aprobación de una ley de patentes favorable a laboratorios nacionales.
El periodista extranjero aseguró que fuentes vinculadas al caso admitieron ante él que otros 15 millones de dólares se repartieron entre los senadores.
Al mismo tiempo, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se investiga un fondo ilegal, en este caso no para sobornos. Se trata de 40 millones de dólares utilizados por los grupos parlamentarios provinciales para el financiamiento de la actividad política. (FIN/IPS/mv/mj/ip/00
