Los responsables del asalto a un cuartel militar en Argentina, presos desde 1989, reanudaron hoy la huelga de hambre que habían suspendido en julio, cuando el gobierno y el parlamento les prometieron solución para las irregularidades de su proceso penal.
Rodolfo Yansón, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, dijo a IPS que la determinación de los presos se debe al "incumplimiento del gobierno y de los legisladores del oficialismo de los compromisos asumidos con ellos".
Yansón se refería al acuerdo que el 13 de julio puso fin a una huelga de hambre de 46 días en la prisión, una medida extrema que obligó a hospitalizar a 13 presos que sufrieron desvanecimiento y convulsiones, además de un cuadro generalizado de descomposición.
El Ministerio de Justicia y los congresistas habían prometido entonces tratar el 3 de agosto —tras el receso del parlamento en el invierno austral— una iniciativa que permitiría revisar la sentencia de los miembros del izquierdista Movimiento Todos por la Patria condenados por el ataque al regimiento de La Tablada.
La reunión se había realizado en el hospital de la cárcel de Villa Devoto, donde están los presos. Algunos de ellos perdieron entonces hasta 20 kilogramos.
En esta segunda etapa, son 12 los presos que participan de la huelga de hambre en la cárcel de varones, una mujer y un preso domiciliario que tiene más de 70 años.
Los huelguistas están presos hace 11 años y nunca tuvieron posibilidad de apelar la medida en segunda instancia, un hecho que fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la incursión al cuartel murieron 39 personas (28 atacantes y 11 uniformados), pero hubo además tres desaparecidos, y, según denuncias a la Comisión Interamericana, se registraron torturas y ejecución extrajudicial de rendidos. Luego, el proceso que llevó a la sentencia sumó graves irregularidades.
El ataque al cuartel fue seguido de un juicio de ocho meses que se desarrolló en el marco de la Ley de Defensa de la Democracia. Todos los participantes del asalto, que argumentaron haber intentado frenar con su acción un supuesto golpe de Estado, fueron condenados a reclusión perpetua.
La Ley de Defensa de la Democracia les impidió apelar la condena. Por eso, con las recomendaciones de la OEA —vertidas hace más de dos años—, los abogados de los presos presionaron sin éxito al gobierno para que reformara la norma o adoptara alguna otra medida que permita la libertad de los detenidos.
La ley, tal como está redactada, ni siquiera permitiría revisar las pesquisas del juicio, un proceso que la Comisión de la OEA consideró plagado de irregularidades.
Los abogados defensores aseguran que sólo si se introdujera la posibilidad de una apelación, los presos pasarían a ser procesados y, en esa condición, se acogerían al beneficio de contabilizar como dos cada año de detención de un preso sin condena definitiva.
En cuanto a la posibilidad de que sólo se promueva una reforma que permita revisar las sentencias y no todo el proceso, las variantes de interpretación de la norma abrirían la posibilidad de que sea la justicia —y no el poder político— la que determine si se puede considerar si los presos son condenados o procesados.
Pero los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, se negaron a aceptar los términos de la reforma, y en diversas oportunidades se frustraron las reuniones de comisión para elaborar una norma que pudiera ser votada en forma unánime.
Para Yansón, los presos, que en verdad habían solo "suspendido" la huelga de hambre a la espera de una ley que reviera su situación, "esperaron demasiado" para reanudar la medida. El abogado aludía a los sucesivos fracasos de los congresistas para avanzar en el tratamiento de alguna norma.
Yansón comentó que primero fue por la huelga de trabajadores del Congreso contra la reducción de salarios, después por la crisis política en el Senado, muchos de cuyos integrantes fueron acusados de aceptar sobornos para aprobar una ley.
Pero la realidad, dijo, es que "falta decisión política para cumplir los compromisos". (FIN/IPS/mv/mj/hd/00
