La justicia de Argentina reconoció hoy la existencia de indicios de soborno en el Senado en abril para aprobar la reforma laboral, el mayor escándalo político doméstico desde el retorno democrático en 1983.
En contraste con su escepticismo de la víspera, el juez federal Jorge Liporaci sostuvo este viernes que los testimonios aportados por dos periodistas son "graves y concordantes", y "permiten aseverar que hubo sobornos, es decir que hubo quien pagó y quien cobró".
El tema acapara la atención de los medios periodísticos desde hace dos semanas y, aun cuando no había pruebas contundentes, cerca de 90 por ciento de la población cree que hubo cohecho debido al fuerte desprestigio del Senado, según las encuestas.
Durante la gestión del ex presidente Carlos Menem (1983-89), las denuncias de corrupción fueron constantes y no sólo constituían uno de los primeros temas de preocupación de los argentinos sino que se daba por descontado que se compraban votos en las dos cámaras del parlamento.
Con la llegada al gobierno de Fernando de la Rúa, en diciembre, había expectativa de que se pusiera fin a este flagelo, pero la batalla parece más dura de lo esperado ya que estas prácticas están muy extendidas y existe una aparente complicidad entre senadores de todos los partidos.
La ley de reforma laboral generó debates, paros y manifestaciones, y ahora parlamentarios y sindicalistas piden que se haga caer esa norma, que no tendría legitimidad si se prueba que fue sancionada mediante el voto comprado de numerosos legisladores.
Poco antes de reconocer públicamente el imprevisto avance en la investigación, el juez Liporaci había solicitado el desafuero de ocho senadores -siete del opositor Partido Justicialista y uno de la oficialista Alianza-, a fin de poder interrogarlos por las sospechas de cohecho.
El escándalo se desató hace más de 20 días cuando el diario La Nación sostuvo -sin mencionar las fuentes- que existían fuertes sospechas de que habían existido pagos millonarios a senadores para que aprobaran una polémica ley que cambió las normas de contratación.
Dos senadores justicialistas -ignorados por el jefe de la bancada de su partido- pidieron una cuestión de privilegio para tratar el tema, pero no tuvieron eco, por lo que intervino el presidente del Senado, el aliancista Carlos Alvarez, que es además vicepresidente del país.
Alvarez, quien llegó a ser compañero de fórmula de De la Rúa como líder de un partido centroizquierdista que hizo de la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia su principal bandera, hoy es el principal impulsor de esta campaña para limpiar de prácticas corruptas al Senado.
"Queremos demostrar que estas prácticas no se convalidan más, porque en un país empobrecido como el nuestro, si la política que es una herramienta de transformación, está viciada, entonces el mercado será quien gobierne", advirtió el vicepresidente argentino.
Con su postura favorable a la investigación, avalada por el presidente, Alvarez se ganó definitivamente la enemistad de los senadores de la Unión Cívica Radical, el partido mayoritario de la Alianza de gobierno.
"Yo no soy vocero de los senadores, debo defender la institución", arguyó.
Aunque el juez no reveló este viernes los indicios con que cuenta, dijo que tiene cintas grabadas con diálogos de senadores y calificó como "amplia, concreta y contundente" la colaboración de una periodista de La Nación que recibió la confesión de un senador que habría cobrado sobornos.
La Nación publicó el miércoles las declaraciones anónimas de un senador que recibió el soborno. "Pensamos que iba a haber impunidad, por eso nos metimos. ¿Usted se cree que ésta es la primera vez?", le preguntó a la periodista el senador, protegido en el anonimato.
"Lo peligroso de esto fue que unos recibieron más y otros menos, entonces algunos se sintieron usados (…) Acá los códigos son los de la mafia, el sistema está pervertido y todo el mundo viene y pone la mosca (el dinero) ¿las empresas ? Claro, también", añadió.
Pero el parlamentario no contó con que al día siguiente de la publicación en tapa de la entrevista, la reunión entre él y la periodista sería un secreto a voces, por lo que debió reconocer la existencia de una entrevista, aunque negó que durante la misma hubiera confesado un delito.
El diario, que se había comprometido a proteger el anonimato de sus fuentes, cambió la política y el jueves reveló que el senador que confesó era el justicialista Emilio Cantariero, quien negó la veracidad de la publicación y prometió demandar a la periodista.
El primer senador en aportar a la causa fue el también justicialista Antonio Cafiero, quien habría dado nombres de senadores de su partido pero no pruebas, y luego abandonó el bloque.
Pero el escándalo hizo que numerosos legisladores reaccionaran como si este comportamiento no fuera algo nuevo o excepcional.
Este viernes, Alberto Rodríguez Saa, otro senador justicialista que abandonó el bloque, aseguró que "hubo corrupción en el Senado para aprobar la reforma laboral", pero abundó en los manejos oscuros de las comisiones de trabajo en la cámara.
"Nos encontramos repentinamente en debates de los que no teníamos idea y obligados por el partido a votar sobre la marcha proyectos que nos llegan desde la conducción de la bancada, el sistema es muy oscuro y conveniente para unos pocos", comentó el senador que aludió a la existencia de un grupo de "elite".
"Aunque no haya una confesión, en el Senado hay indicios muy fuertes y muy graves", dijo Rodríguez Saa al diario Página 12.
Los senadores a los que se pidió que abandonaran sus fueros para declarar pertencen mayoritariamente al Partido Justicialista y uno de ellos es el jefe del bloque de esa agrupación, Augusto Alasino, quien desde que estalló el escándalo atribuyó las noticias a una serie diversa de conjuros.
Por el lado del gobierno, el presidente se manifestó decidido a ir al fondo de la cuestión, aunque consideró que por ahora no corresponde ninguna renuncia. Aludió así al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al secretario de Inteligencia del Estado, Fernando de Santibañez.
Ambos fueron mencionados en diversos anónimos, pero hasta el momento el juez dijo que "no existían elementos" como para citarlos a declarar, y en cambio no descartó que detrás de la maniobra de soborno estuvieran involucradas empresas privadas. (FIN/IPS/mv/ag/ip/00
