El Tribunal Centroamericano del Agua, una corte internacional de conciencia, condenó en la capital de Costa Rica a gobiernos, organismos multilaterales y empresas del istmo por contaminar y dañar los mantos acuíferos de la región.
Los nueve magistrados del tribunal, presididos por el ex procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Augusto Willemsen, «condenaron moralmente» el viernes a los 22 demandados en los 11 juicios realizados esta semana en San José.
Los gobiernos, organismos estatales y empresas petroleras, constructoras y de generación y transmisión de energía eléctrica que operan en la región fueron examinados en audiencias públicas en el Auditorio Nacional de Costa Rica.
Los acusados recibieron una sanción ética por parte de ese tribunal, una organización no gubernamental establecida desde 1998.
Willemsen dijo a IPS en forma categórica que «en América Central tenemos mucha agua, pero la estamos arruinando».
Destacó que el gran problema de la región es la complacencia con que están actuando algunos gobiernos ante los desastres ecológicos ocasionados por compañías productoras de bienes y servicios.
El proceso más grave juzgado por el Tribunal del Agua fue el de la contaminación de la bahía de Panamá, en el cual se señala como responsables a la empresa ICA Panamá, al gobierno panameño y al Banco Mundial, que financia ese proyecto de desarrollo.
Los magistrados encontraron que en este caso el delito ambiental o «ecocidio», como lo denominaron, se ocasionó por la construcción de una estructura de concreto llamada pedraplén dentro de la bahía panamaeña, que da soporte a la carretera conocida como Corredor Sur.
Los ambientalistas consideran que el mal diseño de ese proyecto de desarrollo ha provocado el desvío de una corriente marina, la disminución del oleaje y la acumulación de aguas que ascienden a 40 millones de toneladas anuales, 80 por ciento de las cuales es materia fecal en suspensión.
«Este es un caso verdaderamente flagrante, pero hay otros igual de preocupantes», reveló a IPS el abogado José María Borrero, coordinador legal del Tribunal del Agua.
Para este activista de la ecología, el principal logro de los 11 «juicios simbólicos» es la presión moral que sentirán ahora las empresas transnacionales que no cuidan el entorno ambiental, que será ejercida por parte de la prensa, los organismos donantes, los gobiernos y sobre todo la sociedad civil.
Otro de los casos que más expectativa generó fue el juicio contra las compañías petroleras transnacionales Anadarko Petroleum Co. y Basic Resourse, señaladas responsables de la contaminación de un humedal en la Laguna del Tigre, ubicada dentro de la Biósfera Maya del Petén, en Guatemala.
El tribunal exigió a las autoridades competentes que detengan de inmediato las actividades petroleras en la zona y pidió a las empresas acusadas un resarcimiento económico por su proceder «sin respeto a las mínimas exigencias técnicas».
Las decisiones del Tribunal no son vinculantes, por lo cual ha quedado la duda sobre la posible efectividad que tengan las sanciones morales de esta corte.
«Las condenas sí van a servir», dijo con vehemencia Concepción Ferrufino, catedrático en matemática y activista ambiental hondureño que integró la corte.
Ferrufino señaló que la sanción moral que hace este órgano independiente es una nueva forma de presionar a empresas y gobiernos para que mantengan actuaciones transparentes, y constituye un nuevo espacio modelo de participación de la sociedad civil centroamericana.
Ahora, los 11 veredictos emitidos por el Tribunal serán enviados a los respectivos gobiernos y a las empresas implicadas, con el fin de generar una campaña internacional en busca de la protección de los recursos naturales.
Javier Bogantes, coordinador general de la corte, dijo que esta primer ronda de juicios, que se tienen previstos organizar cada dos años, cumplió su principal cometido que es luchar contra la impunidad ambiental. (FIN/IPS/nms/dm/en/00
