La situación política en Zimbabwe hace que se alejen las esperanzas de que el país vuelva a recibir ayuda para un programa de reforma agraria que prometieron donantes internacionales hace dos años.
La asistencia cesó por discrepancias de los donantes con la forma en que el gobierno desarrollaba el programa, antes de que integrantes de partidos opositores fueran asesinados y 1.500 granjas de blancos fueran ocupadas por antiguos combatientes de la guerra de liberación, desde febrero de este año.
Grupos integrados por veteranos y delincuentes comunes atacaron a los dueños de esas granjas y a sus empleados, muchos de los cuales resultaron muertos o con graves heridas, y quemaron cosechas.
Numerosos agricultores atemorizados abandonaron sus establecimientos y su ganado para huir hacia la relativa seguridad de las áreas urbanas.
Participantes clave en la Conferencia Internacional de Donantes sobre Reforma Agraria y Recolonización de Tierra de 1998, incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial y varios países, criticaron a Harare por su actitud complaciente ante esos hechos y por no aplicar criterios acordados hace dos años.
La ONU expresó su insatisfacción con la manera en que el gobierno llevó adelante la reforma, y eso aumentó las dudas de que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales vuelvan pronto a prestar asistencia a Zimbabwe.
Carlos Lopes, representante residente en Harare del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo que el gobierno "desilusionó" a su agencia, dejó de lado criterios centrales de la conferencia de donantes de 1998, desbarató la credibilidad de la reforma y ahuyentó a sus patrocinadores.
Sin embargo, añadió que el PNUD seguirá desempeñando el papel de mediador para que se retome el proceso de reforma con los lineamientos acordados en 1998, cuando se prometieron a Zimbabwe millones de dólares a cambio de aplicar ciertas orientaciones en el programa.
Los acuerdos alcanzados apuntaban a la redistribución de la tierra mediante un sistema de convenios de arrendamiento y adquisición de terrenos, con compensaciones a precios justos de mercado que serían financiados con asistencia de la comunidad internacional, y en el marco de reformas políticas.
La idea era que el proceso fuera legal, transparente, equitativo y acompañado de consultas a todas las partes involucradas, y que los principales beneficiarios de la asistencia internacional fueran los habitantes más pobres del país, incluyendo a pobladores de atestadas áreas comunales.
En aquella ocasión, Estados Unidos, Holanda, Noruega y Suecia proporcionaron 920.000 dólares a Harare, por medio del PNUD, para ayudar a establecer una unidad de apoyo técnico local a la formulación e implementación de la primera fase de la reforma agraria en los siguientes dos años.
Sin embargo, la ONU afirmó que los lineamientos acordados no se habían aplicado, el aporte de fondos se interrumpió, y los hechos políticos de este año hacen mucho más improbable que la asistencia se reanude.
La ONU explora en la actualidad la posibilidad de ayudar a definir un nuevo programa de reforma agraria, pero ese proyecto avanza con mucha lentitud debido a la falta de apoyo de donantes internacionales.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, propuso un plan para Zimbabwe que sería llevado adelante por el propio PNUD, con el objetivo de alcanzar una solución política a la crisis mediante un enfoque técnico del desarrollo.
La aplicación de ese programa garantizaría a los donantes que la reforma agraria se realice en forma transparente, justa y con base legal.
El PNUD está involucrado de desde hace muchos años en la cuestión de la tierra en Zimbabwe, y copresidió la conferencia de 1998 junto con el gobierno del país beneficiario.
Según el administrador del PNUD, Mark Malloch-Brown, el logro de recursos adecuados para relanzar la reforma depende de grandes políticos que están más allá de las potestades de su agencia.
El funcionario expresó hace poco en Nueva York que los donantes estaban listos para apoyar la reforma agraria en Zimbabwe, pero no dispuestos a otorgar cheques en blanco.
El ministerio de Desarrollo de Dinamarca, por ejemplo, expresó que ese país estaba dispuesto a apoyar compensaciones por expropiación de tierras, y en general los donantes reconocieron que la crisis política en Zimbabwe no cesará hasta que se resuelva la cuestión de la tierra.
Malloch-Brown dijo que es preciso recrear un contexto en el cual un programa de redistribución de tierra para los pobres sea creíble.
Los donantes exigen el cese de la violencia asociada con la redistribución de tierras, y un programa con amplia base legal, explicó.
La desigualdad en la tenencia de tierras causa tensiones sociales en el país desde hace muchos años. En la actualidad, unos 4.500 agricultores comerciales en gran escala poseen 11,2 millones de hectáreas fértiles, mientras seis millones de personas en áreas comunales ocupan 16,4 millones de hectáreas.
El acuerdo de 1998 contempló la transferencia de cinco millones de hectáreas en cinco años para reinstalar a 150.000 familias, y en la conferencia se señaló que el programa debía incluir a agricultores en gran escala y en pequeña escala, para contribuir mejor al alivio de la pobreza.
Ahora el PNUD se propone mediar entre la comunidad internacional y las partes involucradas en Zimbabwe para elaborar un plan que todos puedan aceptar, el cual abarcaría la transferencia de un millón de hectáreas cultivables en dos años.
Desde la independencia, en 1980, menos de 100.000 familias han sido reinstaladas y la mayoría de los zimbabwenses viven aún en áreas rurales marginales, con tierras poco fértiles, lluvia escasa y restringido acceso a recursos naturales.
Mientras tanto, Zimbabwe ha hecho impresionantes progresos en el sector agrícola, y ha exportado maíz a naciones vecinas salvo en 1984, 1992 y 1993, años de sequía en los cuales debió importar grandes cantidades de ese grano. (FIN/IPS/tra-eng/lm/sm/ego/mp/dv ip/00)
