Los diputados indígenas llegan al renovado parlamento de Venezuela con la misión de hacer realidad los derechos que la nueva Constitución garantiza a esos pueblos.
Los tres primeros parlamentarios indígenas fueron proclamados esta semana por las autoridades electorales y de inmediato anunciaron que lucharían por aprobar una ley destinada a precisar la forma en que se ejecutarán sus nuevos derechos.
Esta tarea puede enfrentar dificultades, si se considera que fue uno de los asuntos de mayor controversia en el debate constituyente que abarcó la segunda mitad de 1999, en especial por las garantías relacionadas con la propiedad y el uso de sus territorios.
"No seremos convidados de piedra", aseguró Nohelí Pocaterra, de la etnia wayúu radicada al occidente de Venezuela, que integra la bancada indígena junto al pemón José Luis González y al jivi Guillermo Guevara.
Estos legisladores electos también fueron los representantes de los pueblos autóctonos ante la Asamblea Constituyente de 131 miembros.
Allí les tocó defender sus posiciones en medio de una inesperada discusión que, según observadores, fue uno de las más intensos en el proceso de creación de la nueva ley fundamental.
En ese marco, sectores militares y dirigentes conservadores denunciaron como "desmembramiento territorial" la decisión de los constituyentes de incluir en la Constitución el derecho de los indígenas a las tierras donde han vivido desde sus orígenes.
También se comentó que otorgar ese derecho a los indígenas equivalía a promover un nuevo Estado dentro de Venezuela.
La nueva Constitución, vigente desde el 30 de diciembre, dedica un capítulo completo a precisar los derechos indígenas, y termina con su condición de "invisibles" ante la ley.
La anterior ley fundamental sólo se limitaba a insinuar, en una línea, la posibilidad de un "régimen de excepción" para las comunidades.
La Constitución declara a Venezuela como una nación multiétnica y pluricultural, una realidad que antes no estaba reconocida, y además menciona en el primer párrafo del preámbulo "el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes".
El presidente Hugo Chávez, principal impulsor de la actual carta fundamental, fue también el mayor promotor de aceptar la participación de los indígenas en el proceso constituyente, y luego defendió sus derechos frente a los detractores.
"Se les va a dar título de propiedad y se van a demarcar" sus tierras, afirmó Chávez, al explicar en diciembre que los indígenas no son dueños legales de sus tierras y por eso "los sacan, los echan de su hábitat".
El capítulo sobre los "derechos de los pueblos indígenas" parte del reconocimiento de su existencia en este país, así como el de su hábitat.
Además, consagra sus "derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida".
También indica que las comunidades autóctonas intervendrán en la demarcación de las tierras que serán de propiedad colectiva, además de "inalienables, imprescriptibles, inembargables e instransferibles". Se señala, además, que tendrán participación en el aprovechamiento de los recursos que allí se generen.
Los derechos indígenas y otras nuevas disposiciones consagradas en la Constitución deberán ahora ser reglamentadas por ley, lo cual generará una alta dosis de trabajo a la Asamblea Nacional unicameral que reemplaza al Congreso bicameral.
Este nuevo poder legislativo conformado por 166 diputados se instalará el próximo lunes.
"No será nada fácil para los indígenas" enfrentar el debate legislativo, comentó Pocaterra. También advirtió que, si bien las comunidades indígenas de Venezuela tienen reservados tres bancas, "no hay privilegios, ya que vamos allí como cualquier otro diputado".
Los tres representantes indígenas fueron elegidos entre diversos candidatos presentados por las etnias en los comicios del 30 de julio, cuando los venezolanos eligieron 774 funcionarios, encargados de una renovación institucional para adaptarla a la nueva Constitución.
La participación política es otro derecho detallado por la Constitución, en la que se advierte que el Estado estará encargado de garantizar su representación.
Las estadísticas señalan la existencia de 315.000 indígenas distribuidos en 28 pueblos, que representan aproximadamente 1,3 por ciento de la población de Venezuela. (FIN/IPS/lc/dm/ip pr/00
