El debate en Venezuela sobre la duración del régimen transitorio que siguió a la nueva Constitución, de diciembre de 1999, se reavivó esta semana, concentrado en el modo en que serán designadas las autoridades del novel Poder Ciudadano.
El Poder Ciudadano -integrado por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General- fue nombrado transitoriamente por una también temporal Comisión Legislativa Nacional, luego de que la Constitución fuera aprobada en referéndum.
La Comisión Legislativa Nacional, a su vez, había sido designada por la propia Asamblea Constituyente, esta última elegida por voto popular directo a mediados de 1999.
Pero tras los comicios del 30 de julio -destinados a la relegitimación de los poderes públicos, con la elección de los gobernadores regionales, los alcaldes y una nueva Asamblea Nacional unicameral de 165 diputados y la reelección del presidente Hugo Chávez- se debe nombrar a los demás poderes públicos: el ciudadano y el judicial.
El ente encargado de esas designaciones es la Asamblea Nacional. Pero, según la Constitución Bolivariana de 1999, debe incorporar a la sociedad civil a la elección, recibiendo sus candidatos, sobre los que luego tomará decisión.
La Constitución prevé la elaboración de una ley para regular de forma clara la participación de la sociedad civil en las designaciones, pero la Asamblea Nacional desea hacer nombramientos transitorios, pues esa legislación aún no está a punto.
El debate condujo a un enfrentamiento entre Chávez y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), en particular con el grupo Queremos elegir.
Esa ONG solicitó y obtuvo en mayo del Tribunal Supremo de Justicia la postergación de las elecciones, al considerar que no había garantías de pulcritud.
Elías Santana, dirigente de Queremos Elegir, llamó a la desobediencia civil para evitar el nombramiento del Poder Ciudadano por parte exclusiva de la Asamblea Nacional. En respuesta, Chávez y dirigentes de su partido Quinta República descalificaron a las ONG en declaraciones públicas.
En su programa radial «Aló Presidente», del domingo, Chávez atacó a Queremos elegir, diciendo que no sólo ellos conforman la sociedad civil, sino que ésta se encuentra en «la inmensa mayoría de los ciudadanos que se ha pronunciado a favor de los cambios revolucionarios».
Santana invocó el derecho de réplica para responder a esos comentarios, y representantes de otras ONG han encendido la alarma.
Liliana Ortega, del Comité de Familiares de Víctimas de 27 de febrero (Cofavic), sostuvo este martes que «sería un error grave la desaparición de las ONG. Ello no se podría hacer sin un costo altísimo en cuanto a la imagen de Venezuela y con serias consecuencias jurídicas».
«Las ONG no formamos parte del gobierno ni de la oposición, pero no vamos a abandonar la crítica. No estamos apostando a un cambio de dedos (en el nombramiento de autoridades de los poderes), sino a un cambio, para la profundización de la actitud democrática», dijo Ortega.
De ese modo, Ortega respondió también a Luis Miquilena, presidente de la oficialista Quinta República, quien dijo que los nuevos encargados del Poder Ciudadano serán «nombrados a dedo, pero con el dedo del (pueblo) soberano», que eligió a la Asamblea Nacional, en la cual, con alianzas, el oficialismo logra la mayoría calificada necesaria.
A su vez, Juan Navarrete, director general de la Defensoría del Pueblo y durante años representante de organizaciones de derechos humanos, afirmó que «la definición de la sociedad civil» está «fuera de la competencia del Estado».
«El debate que se ha abierto sobre la forma de nombrar a los poderes Ciudadano y Judicial es muy importante, porque está destinado a que la sociedad civil no se deje aplastar. Indudablemente hay una amenaza a la sociedad civil, pero no vamos a permitir que se viole la Constitución», advirtió Navarrete.
Como trasfondo del debate se presenta la incomodidad que han causado al oficialismo dos de los funcionarios que deben obtener la confirmación en su cargo: el fiscal Javier Elechiguerra y la defensora del pueblo Dilia Parra.
Elechiguerra, quien fue abogado de Chávez y en el primer año de gobierno de éste se desempeñó como Procurador General (abogado del Estado), promovió sin éxito hace pocos meses un antejuicio de mérito contra Miquilena, quien era acusado de tráfico de influencias.
El procedimiento fue desestimado por el Tribunal Supremo de Justicia, pero en el partido Quinta República quedó un fuerte malestar.
Parra, por su parte, se sumó a las ONG que solicitaron la postergación de las elecciones previstas originalmente para el 28 de mayo, que fueron celebradas finalmente el 30 de julio.
En aquel momento, tanto la Defensoría del Pueblo como las ONG consideraron que la población no había sido suficientemente informada sobre las candidaturas y que el proceso automatizado de votación no ofrecía plena garantía de transparencia. (FIN/IPS/jz/ff/ip dv/00
