La anulación de la sentencia a cadena perpetua impuesta por un tribunal militar de Perú a la estadounidense Lori Berenson por colaboración con la guerrilla se debe al propósito del gobierno de mejorar sus relaciones con Washington, según analistas.
«La anulación de la sentencia militar a Lori Berenson, junto con otras medidas anunciadas o por anunciar, forma parte del paquete de iniciativas con el que Fujimori quiere mejorar la cara de su régimen en materia de derechos humanos», opinó la socióloga Imelda Vega.
«Las sentencias a cadena perpetua contra otros extranjeros acusados de terrorismo en Perú, como cuatro chilenos militantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), posiblemente sean también revisadas y remitidas al fuero civil», añadió Vega.
Berenson y los cuatro chilenos fueron condenados por traición a la patria, figura penal creada por el gobierno de Alberto Fujimori para sancionar al terrorismo con el aparente propósito de aplicar la pena de muerte a insurgentes.
La pena máxima nunca fue aplicada. La mayoría de los dirigentes guerrilleros de Sendero Luminoso y el MRTA fueron sentenciados a cadena perpetua, pero la carátula de traición a la patria se mantuvo. En el caso de los extranjeros, constituye una incongruencia política, según sus defensores.
«La presión de Estados Unidos hizo retroceder a Fujimori. Es probable que Perú regrese a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que intentó salir por un tema similar», comentó el abogado Heriberto Benitez, defensor de uno de los chilenos presos.
«Esta decisión crea jurisprudencia: los extranjeros no pueden ser acusados de traición a una patria que no es la suya, como ocurrió con Berenson y los cuatro chilenos. Además, la Constitución señala que los civiles deben ser juzgados por el fuero ordinario», sostuvo el congresista opositor Antero Flores.
En el mismo sentido se pronunció otro legisladore de la oposición, Carlos Ferrero. «Este incidente demostrará que se puede anular un juicio militar para hacer nuevo juicio a un acusado en un tribunal civil sin tener que liberarlo, algo que el gobierno de Fujimori no quería reconocer», dijo.
«Fujimori consiguió ser reelegido a un cuestionado tercer periodo presidencial consecutivo y ahora trata de estabilizar su régimen, jaqueado por una intensa movilización opositora y por la comunidad internacional por su política de derechos humanos», opinó el periodista William Betalleluz.
Fujimori y los partidos opositores participan, desde el día 21, en un diálogo promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA) para superar la crisis política producida por la cuestionada reelección del mandatario.
El retorno de Perú a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las 29 recomendaciones «democratizadoras» propuestas por la OEA al gobierno de Fujimori y que constituyen la base del diálogo.
La anulación de la sentencia contra Berenson fue conocida primero en Estados Unidos, difundida al parecer por los padres de la joven, y causó sorpresa en Perú, pues el ex primer ministro Alberto Bustamante había descartado en febrero una revisión del fallo.
En las última horas del lunes, la noticia fue difundida a través de un comunicado del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM). La medida es considerada un giro de 180 grados en la política del gobierno sobre el asunto.
La legisladora oficialista Martha Chávez, ex presidenta del Congreso, expresó su disconformidad con la anulación de la sentencia. «Se debe aplicar las sanciones más rigurosas a los extranjeros que ingresan a un país que no es el suyo para cometer o ayudar a cometer crímenes terroristas», dijo Chávez.
«En cualquier caso, (la anulación del fallo contra Berenson) no debe servir de precedente para revisar las sentencias de los chilenos del MRTA, porque ellos pusieron bombas y capturaron civiles con el propósito de cobrar rescate para financiar el terrorismo», concluyó.
El CSJM decidió conceder un nuevo juicio a Berenson, en respuesta al recurso de revisión interpuesto el 7 de diciembre de 1999, y remitió el al fuero civil, que de inmediato abrió instrucción con orden de detención.
Lori Berenson, de 28 años, se encuentra presa en la cárcel de Socabaya, Arequipa. Fue capturada en diciembre de 1995 en Lima, horas antes de una redada policial a una vivienda donde se refugiaba una columna guerrillera del MRTA dirigida por Miguel Rincón.
La vivienda, situada en un barrio elegante de Lima, había sido alquilada por Berenson, quién había ingresado meses atrás junto con el panameño Pacífico Castrejón, con quien organizó el ingreso al país de las armas del grupo.
Entre sus pertenencias fue hallado un plano del Congreso, cuya sede supuestamente iba a ser capturada por la columna guerrillera con el propósito de tomar rehenes y canjearlos por Víctor Polay, líder del MRTA preso desde 1995.
Una pericia grafológica que consta en la sentencia del tribunal militar demostró que el plano del Congreso había sido elaborado por la propia Berenson, quien ingresó a la sede legislativa como corresponsal de una revista estadounidense.
Luego, en diciembre de 1997, al ocupar la residencia del embajador de Japón en Perú, el MRTA tomó rehenes con la intención de canjearlos por Polay. Pero tres meses después el ejército asaltó el edificio, mató a todos los guerrilleros y rescató a los rehenes.
Javier Valle Riestra, primer ministro del gobierno de Fujimori entre junio y agosto de 1998, consideró correcta la revisión de la sentencia, «tomando en cuenta que ella no llegó a actuar y que desear cometer un delito no es cometerlo. Ella no mató a nadie ni puso bombas», dijo.
«Creo que es solo una chica romántica, que se enamoró de un guerrillero en Nicaragua, se ligó al MRTA y quiso vivir su fantasía revolucionaria en nuestro país. Podría ser condenada a una pena menor, pero no a la cadena perpetua. Cuando fui primer ministro, yo aconsejé que se revise su caso», dijo.
Desde Nueva York, los padres de Berenson anticiparon que no aceptarán tampoco una eventual pena de cárcel en la justicia civil, «porque en Perú no es posible recibir un juicio transparente y justo ni en las cortes civiles». (FIN/IPS/al/mj/hd ip/00
